El cambio en el modelo de atención en salud a los más de 800 mil afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) ha sido, literalmente, caótico. Una gran cantidad de profesores activos y en retiro afrontan desde el primer día de este mes un completo viacrucis para poder acceder a citas, tratamientos y medicamentos. La cuestión resulta especialmente grave para las personas que padecen patologías complejas y, por lo tanto, corren un riesgo vital con esta interrupción en sus procesos médicos.
Los dramáticos testimonios de muchos de los afectados, no solo en las grandes ciudades, sino en las poblaciones pequeñas, ponen en evidencia que el cambio de sistema fue un salto al vacío, una medida a cual más improvisada, sin socialización efectiva alguna, lo que raya en, además de un yerro mayúsculo desde el punto de vista administrativo, presupuestal y logístico, una irresponsabilidad que puede costar vidas.
Los cruces de señalamientos entre el Ministerio de Salud, la Fiduprevisora y Fecode –se supone que el sindicato de los profesores públicos estuvo al tanto de todo el proceso de cambio de modelo y avaló su implementación– resultan tan insólitos como impactantes. No solo por la forma en que unos y otros se replican culpabilidades, sino porque las falencias son tan de bulto y previsibles que cuesta entender cómo no se previó toda esta crítica situación.
¿Acaso nadie alertó que la Fiduprevisora no tenía la estructura ni la experticia para convertirse en una especie de EPS de un día para otro? ¿Por qué se obvió que no existía el andamiaje administrativo, logístico ni presupuestal suficiente y con la cobertura nacional adecuada para continuar el servicio a estas 800 mil personas? ¿Acaso ninguna de las tres instancias mencionadas se percató de que sin un régimen de transición gradual y ordenado era inevitable que se terminara desatando una crisis de marca mayor porque no había una red prestacional contratada y capaz de asumir la demanda de citas médicas, entregar medicamentos y garantizar los tratamientos a decenas de miles de afiliados? ¿Se necesitaba de algún experto para advertir los riesgos de una contratación directa y ‘a dedo’ por una cuantía anual billonaria? ¿Por qué no se acudió a un plan piloto para activar, a modo de prueba, el nuevo modelo y detectar a tiempo sus deficiencias y tomar los correctivos del caso?
Estos y muchos otros interrogantes son los que deben resolver tanto la Procuraduría como la Contraloría generales, que ya abrieron sendas investigaciones. Igual se debe esperar de la Superintendencia de Salud en torno a su vigilancia sobre la Fiduprevisora. Hasta el Congreso debe ir más allá de los acalorados debates de esta semana, en donde nada quedó claro, salvo el advertido caos reinante en el sistema de salud de los maestros. Ya se planteó una moción de censura al ministro de Salud y ojalá que en su trámite prime el análisis serio y no el desgastado pulso entre Gobierno y oposición.
Finalmente, es innegable que el desastre causado con este cambio en el modelo de salud de los docentes oficiales es un campanazo de cara a la presentación al Parlamento del segundo proyecto de reforma a la salud, cuya concertación apenas ha sido con el gremio de las EPS y ningún sector más. Ya de por sí varios actores del sistema han advertido que persiste la propuesta anacrónica, disfuncional y estatizante que se hundió semanas atrás en la Comisión Séptima del Senado, la misma que pone en riesgo la vida de millones y millones de colombianos. No se puede exponer al país a un nuevo salto al vacío. Hacerlo, sería una completa y suicida irresponsabilidad gubernamental y parlamentaria.