Aunque un poco tardío hay que aplaudir los esfuerzos de las autoridades de varios de los principales destinos turísticos del país con respecto a crear mecanismos de reacción inmediata para poder asistir y asesorar a los viajeros que son víctimas de estafas, mal servicio y cobros claramente ilegales por parte de algunos prestadores informales e incluso formales.

Por ejemplo, en días pasados, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Corporación de Turismo de Cartagena (Corpoturismo) anunciaron la apertura, en marzo, de la Casa del Consumidor Turista, de cara a la temporada de Semana Santa. Igual debería hacerse en otras regiones del país.

Está visto que no hay semana en la que no se conozcan denuncias de turistas a los que les hacen cobros exagerados. Situaciones que, en la mayoría de los casos, solo llevan a que las autoridades reaccionen cuando se terminan viralizando en las redes sociales.

Si algo hay que aprender de los países y ciudades más reconocidas a nivel mundial en materia turística es que tienen una estructura funcional, eficiente y cercana al viajero para protegerlo de cualquier abuso o peligro. Se tiene allí muy claro que hoy las informaciones circulan en tiempo real y tienen eco en cada uno de los rincones del planeta. Por lo mismo, cualquier mala calificación o escándalo sobre el mal servicio, inseguridad o estafas a viajeros impacta sustancialmente y afecta la capacidad de atraer más visitantes.

En el caso de Cartagena, por ejemplo, como bien lo explicaban las autoridades en estos días, esa nueva instancia de asistencia al turista va a estar ubicada en playas, restaurantes y otros lugares en donde se vendan productos, bienes y servicios en la materia. El turista tiene que saber desde que llega a La Heroica que, si tiene algún problema o inconformismo, puede acceder rápidamente a las autoridades.

De igual manera, como lo recalcan algunos empresarios formales del turismo en varios destinos principales del país, es imperativo que de la sanción social a los ‘avivatos’ que tratan de estafar a los turistas se evolucione al castigo penal, ya que claramente se está ante delitos como la estafa, el hurto y otros. En la medida en que quienes incurran en esta clase de actuaciones anómalas entiendan que pueden terminar en problemas con la justicia es muy posible que estas irregularidades disminuyan de forma significativa.