· La llamada “resistencia civil”
· Por lo pronto no se alcanza umbral
El término “resistencia civil”, usado recientemente por el jefe de la oposición, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para referirse a la discrepancia que la ciudadanía debería tener con los preacuerdos de La Habana, especialmente el capítulo de justicia transicional, ha causado impacto nacional. Porque dicho en las entretelas de la extensa y nutrida entrevista del fin de semana con Juan Roberto Vargas, director de noticias de Caracol Televisión, ha puesto sobre el tapete el norte de lo que se viene, para su cauda, en la abstención o votación negativa del plebiscito, cuya convocatoria el Gobierno ha anunciado para septiembre de este año.
En Colombia la “resistencia civil” ha sido aducida en múltiples ocasiones. Una de ellas, por ejemplo, por el entonces director del partido Liberal, Eduardo Santos, contra el gobierno legítimo de Laureano Gómez. Y que después Darío Echandía, miembro de la misma dirección, elevó al rango de “resistencia en toda la línea”. Lo que, cambiando así la esencia aparentemente civilista, fue la mampara que sirvió para fundar las guerrillas liberales, tanto en el Tolima como en los Llanos Orientales, y que fueron el antecedente primario de lo que hoy se conoce como las Farc. Y que llevó, tres años más tarde, a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla.
Luego, para salir del dictador, los mismos que habían cohonestado la dictadura, incluso bajo el sofisma indescifrable y antijurídico de “golpe de opinión”, se coaligaron con los supuestos enemigos de antes y se unieron en torno a una nueva “resistencia civil” contra el usurpador. Esa consigna condujo a los diferentes paros sociales, incluido el bancario, que dio al traste con el régimen autoritario. Para retornar a la democracia y terminar la guerra civil “no declarada”, entre los partidos tradicionales, Laureano Gómez y Alberto Lleras propusieron entonces el Frente Nacional y la debida refrendación popular en el plebiscito de la época. Y que, como también se sabe, fue más bien un referendo, puesto que introdujo una serie de normativas en la Constitución a fin de darle viabilidad y duración a la paz pactada entre los máximos jefes de los partidos políticos, en los documentos de Benidorm y Sitges, en España.
En términos generales la “resistencia civil”, en sus diferentes manifestaciones históricas e internacionales, se ha referido a expresiones ciudadanas desarmadas que buscan un determinado resultado político. En el caso colombiano, utilizada tanto por conservadores o liberales, la práctica más habitual ha sido la de la abstención electoral. En otras ocasiones, la resistencia política se da en términos menos amplios, como la que ocurre en el Congreso cuando trata de disolverse el quórum. Ello se hizo patente, siglos atrás, desde la misma fundación de la República, cuando los partidarios del Libertador rompieron las mayorías en la Convención de Ocaña.
Frente al actual plebiscito por la paz, todavía pendiente de aval, modificación o derogación constitucional, la situación se presenta bastante diferente a la de mediados del siglo XX. Porque hoy, al contrario de entonces, no hay consenso alguno entre la cúpula dirigente y ello promete un escenario divisivo de marca mayor dentro de la sociedad colombiana. Existe, por supuesto, el consenso general de que el país necesita la paz. Lo que hay es discrepancias de fondo en cómo lograrla y darle el carácter unificador que debería tener.
En efecto, para el jefe de la oposición, el rasero es más o menos el mismo que por su parte tuvo con la desactivación paramilitar, a través de penas alternativas, cárcel de cinco a ocho años, entrega de bienes y prohibición de hacer política. Para el jefe del Ejecutivo, la base es una jurisdicción restaurativa no solo para los guerrilleros, sino para todos los colombianos que, en tantas décadas, hayan actuado directa o indirectamente en el conflicto. No hay confinamiento, el Estado asume las indemnizaciones y los guerrilleros pueden entrar a hacer política desde el mismo momento en que entregan las armas. En medio de estas dos posiciones se está debatiendo el país. Sin términos medios, pues el plebiscito lo impide.
Incluso, por lo pronto, el plebiscito está en vilo. Aunque la revista Semana dice que este no está en peligro, todo depende de cómo se hagan las cuentas. Si según los últimos sondeos sólo un 32 por ciento de 15 millones de votantes, que es la cifra reiterada y efectiva de quienes han votado las últimas veces, van a hacerlo, esto daría unos 4 millones ochocientos mil sufragios. Y si de ellos solo el 66 por ciento lo haría por el sí, se llegaría a una suma de 3 millones ciento setenta mil votos. Es decir, muchísimo menos del exiguo umbral escogido.
En un escenario tan móvil como el del proceso de paz, habrá que ver qué desarrollo le da el uribismo a su llamado a la “resistencia civil” y en qué plano político y de estrategia electoral puntual lo aterriza. Sólo entonces se sabrá si es viable o no, y qué impacto tendrá en un país altamente polarizado.