• No caer en la excusa de la ‘percepción’ ciudadana
• Más allá del aumento del pie de fuerza policial

No puede considerarse una coincidencia que en buena parte de las encuestas de los últimos meses, en donde además de preguntar por las preferencias electorales para el próximo 27 de octubre, se indaga a la opinión pública sobre las que considera las principales problemáticas a nivel local, la inseguridad aparezca, y por mucho, encabezando los sondeos. Y más sintomático de la dimensión de esta preocupación ciudadana es que está muy por encima de otras que también golpean fuertemente el día a día de los habitantes de muchas capitales y municipios, como los trancones viales, el creciente desempleo, otras dificultades de orden económico o incluso la propia corrupción.

Sería un error considerar, como muchas veces se trata de hacer, que lo que existe aquí es un problema de percepción subjetiva ciudadana frente a lo que señalan las cifras objetivas y frías de las autoridades. Lo cierto es que tanto en los reportes de la Fiscalía como del Ministerio de Defensa así como en los informes periódicos de las administraciones departamentales y municipales se evidencia que hay un deterioro en materia de seguridad urbana y rural. Puede que la tasa de homicidios haya disminuido, lo mismo que la de actos terroristas o la incidencia del secuestro, entre otras violaciones graves a la ley. Pero no ocurre lo mismo en cuanto a otros delitos de alto impacto, como el robo de celulares, bicicletas, los atracos callejeros, microtráfico, las denuncias por abusos sexuales o violencia intrafamiliar, así como otra clase de hurtos a personas, residencias y comercios.

Estos delitos de alto impacto, denominados así por su alto nivel de victimización, tienen contra la pared a muchos colombianos, y las autoridades nacionales, regionales y locales constantemente han ajustado sus estrategias para hacerles frente.

Por ejemplo, en la tercera semana de agosto el gobierno Duque dio a conocer la nueva estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana. Dentro de dicho plan se contempla una mayor cantidad de policías en las calles, un ajuste al Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, focalización en estos delitos de alto impacto de las capacidades de inteligencia y de investigación criminal, mayor intervención de puntos críticos en ciudades y municipios así como una revisión más detallada de los resultados operacionales de la Fuerza Pública a nivel urbano. A la par de ello se trabajará en aumentar la instalación de cámaras de seguridad barrial, su conexión en tiempo real con los centros de monitoreo de las autoridades, también en incrementar la capacidad de reacción de los uniformados y una interlocución más directa con las comunidades, entre otros aspectos.

Sin embargo, hay que ser realistas: mejorar la seguridad ciudadana es un tema muy complejo que va más allá de la capacidad policial para reaccionar ante los delitos en flagrancia o su eficacia para desmontar las bandas comunes o estructuradas que se han fortalecido en muchos lugares. Por ejemplo, poco eco ha tenido la denuncia de los alcaldes de las principales capitales del país en torno a que una de las problemáticas más graves es la reincidencia criminal, al punto que en muchas ciudades hay ladrones de celulares o de bicicletas, incluso atracadores o ‘jíbaros’ que contabilizan 10, 15 o 20 entradas y salidas de la cárcel. Como es apenas obvio se tiende a pensar de inmediato que la culpa sería de la Fiscalía o los jueces que no son lo suficientemente drásticos en la aplicación de la ley, pero cuando se revisa esta problemática se encuentra que se están aplicando al pie de la letra los códigos Penal, de Procedimiento Penal y el Penitenciario, que permiten a estos delincuentes recuperar rápidamente su libertad, a sabiendas que volverán casi de inmediato a victimizar a la ciudadanía. El problema, entonces, se traslada al Congreso, en donde se abren debates cíclicos y desgastantes sobre populismo punitivo, hacinamiento carcelario, deficiente política de resocialización de reclusos, falencias del Inpec para vigilar a beneficiados con casa por cárcel o brazalete electrónico…

Y como si lo anterior fuera poco, varios estudios y expertos en seguridad ciudadana advierten vacíos en cuanto a la coordinación y jerarquización de las órdenes y estrategias entre la Fuerza Pública y los criterios de gobernadores y alcaldes. También se pone insistentemente sobre la mesa la eterna discusión sobre la baja tasa de policías por cada 100 mil habitantes que existe en Colombia e incluso se volvió recurrente el debate en torno a si el Estado, por estar concentrado en los delitos más graves (guerrilla, terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros) descuidó lo relativo a delitos de alto impacto en el día a día de la ciudadanía.

Visto todo ello, tanto el Gobierno nacional como los próximos mandatarios regionales y locales deben tomar nota de esta compleja problemática de seguridad ciudadana y proyectar una estrategia más audaz para hacerle frente.