* El trimestre de alcaldes y gobernadores
* Planes de choque y lecciones derivadas
Si hay algo que ha quedado claro en el primer trimestre de mandato de los nuevos alcaldes y gobernadores, que se cumple esta semana, es que la principal exigencia de la ciudadanía a sus ejecutivos departamentales y municipales es atajar el pico de inseguridad que se está viviendo en casi todo el país.
Por lo mismo, la coincidencia en muchos departamentos y municipios ha sido ver a los mandatarios locales y seccionales trabajando, hombro a hombro, con los comandantes de la Policía e incluso de las Fuerzas Militares en sus respectivas jurisdicciones: ruedas de prensa lanzando las estrategias de seguridad y orden público, encabezando operativos en las zonas de mayor incidencia criminal, reportes diarios de capturas y otros resultados positivos de las autoridades, entrega de equipamientos y vehículos a la Fuerza Pública así como la activación de cámaras de seguridad. Todo ello a la par de la comparecencia ante los respectivos concejos y asambleas urgiendo recursos y normas para poder aplicar planes de choque que la devuelvan a la población la tranquilidad en las calles y sus hogares.
De ese especial énfasis en este primer trimestre de los mandatarios territoriales hay tres lecciones aprendidas a derivar. En primer lugar, que las líneas que diferenciaban años atrás la delincuencia común de la organizada, ya hoy son muy tenues o inexistentes. En la mayoría de los casos las bandas delincuenciales de bajo espectro han empezado a ser ‘reclutadas’ o integradas a estructuras de mayor complejidad y alcance ilícito. La criminalidad que los expertos suelen denominar “difusa”, por no actuar de modo sistemático, sino aprovechando la ocasión, ha ido perdiendo terreno y hoy toma más cuerpo y una mayor dimensión de la territorialidad e integración en el accionar delincuencial. Microtráfico, extorsión, hurtos a personas y comercios, prostitución, redes de prestamistas ‘gota a gota’, secuestros y otros delitos de alto impacto empiezan a ser ‘controlados’ por organizaciones criminales zonales que, a su vez, interactúan con otras de mayor espectro.
Este es un fenómeno −segunda lección− que obliga a rediseñar la estrategia policial y militar para hacer frente a la oleada delincuencial. Se requiere un abordaje que vaya más allá de la captura del criminal de base o de operativos de bajo calado. Es necesario estructurar investigaciones más complejas, con altas dosis de inteligencia y capacidad de infiltración, con miras a determinar cuáles son las bandas que operan en determinado sector de una ciudad o municipio, los delitos que maneja, los mandos medios y cabecillas, la caracterización de sus modus operandi, el flujo de recursos y todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan, cuando se tenga el suficiente acervo probatorio, dar los golpes de mano con miras a desmantelar lo más posible a la organización y asegurar su judicialización efectiva.
En tercer lugar, la prioridad que los alcaldes han dado a los planes de choque de la seguridad en estos primeros tres meses de mandato evidencia que el margen de acción es muy limitado y requieren, sí o sí, una participación efectiva y diligente de las esferas del Gobierno nacional. Hay asuntos que se salen de la órbita y facultades de los ejecutivos regionales y locales, así como de concejos y asambleas. Por ejemplo, la ampliación de los cupos en las cárceles, reformas a los códigos penales y de procedimiento penal para disminuir la reincidencia criminal, el combate tecnológico a la extorsión desde las prisiones, la ampliación del pie de fuerza policial, un mayor equipamiento de vehículos y capacidad tecnológica de los uniformados para reaccionar ante los crímenes en flagrancia, la reparación y fortalecimiento de las redes de cámara de vigilancia públicas y cómo interactuar con las privadas…
Todos son asuntos que dependen de la órbita de ministerios como los de Defensa e Interior, o que no pueden ser decididos de forma unilateral por los comandantes departamentales o municipales de la Policía como tampoco por los mandos de batallones, brigadas o incluso divisiones. Es más, en algunos casos las decisiones a tomar tienen un flanco típicamente operativo y en otros exigen un guiño previo de instancias políticas, incluso de la propia Casa de Nariño.
Visto todo lo anterior, resulta claro que responder al pico delincuencial si bien es la prioridad de los alcaldes y gobernadores, acorde a lo experimentado en este primer trimestre, ello no es posible si no se cuenta con el apoyo de las instancias del Gobierno nacional y central. Y para que ello sea posible y funcional, urge que desde el presidente de la República para abajo se acepte que la violencia está imperando en las regiones, una realidad que a diario cobra vidas y bienes de la ciudadanía, y que, en modo alguno, como lamentablemente ha venido ocurriendo en los meses recientes, puede subdimensionarse o tacharse de ser una visión subjetiva y de oposición política desde los territorios.