- Candidatos no pueden incurrir en populismo
- Nueva estrategia gubernamental, el marco
Se agota rápidamente la cuenta regresiva para la cita en las urnas con miras a escoger gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Las campañas han tomado un ritmo agitado y va quedando atrás la apatía ciudadana frente a un evento democrático tan trascendental, pues están en juego muchos temas que tienen impacto directo en el día a día de los habitantes de cada jurisdicción departamental o municipal.
En medio del cada vez más movido clima proselitista, las tendencias y énfasis que marcan las encuestas, así como los debates de los candidatos y las expresiones de la opinión pública, queda en evidencia que uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía es el relativo a la seguridad, por encima incluso de temas como el creciente desempleo, la corrupción rampante, la inflación, el efecto de la ola migratoria venezolana o situaciones muy coyunturales, como el rearme de una parte de las Farc…
Si bien es cierto que algunas estadísticas nacionales, regionales y locales dan cuenta de la disminución en la incidencia de algunos delitos de alto impacto, la percepción mayoritaria de la ciudadanía va en sentido contrario: hay una sensación muy generalizada en torno a que el hampa, trátese de delincuencia común o delincuencia organizada, se está tomando las calles de las grandes ciudades así como de los municipios intermedios y los más pequeños. Ya no solo es el robo de los teléfonos celulares o el atraco callejero, sino actividades criminales de mayor espectro y peligrosidad como el microtráfico, el contrabando, la extorsión, el homicidio, los préstamos ‘gota a gota’ y otros flagelos más. Sin duda se trata de un escenario preocupante porque la inseguridad desgasta aún más la ya de por sí crítica imagen del Estado y sus instituciones, al tiempo que abre paso a peligrosos casos de intolerancia entre las personas o incluso a los mal llamados -e igualmente delictivos- casos de “justicia por propia mano”.
Como es apenas obvio, una gran cantidad de los más casi 120 mil candidatos que competirán en los próximos comicios regionales y locales reiteran un alud de propuestas para hacer frente a esta urgencia ciudadana. Se escuchan planteamientos de todos los calibres, algunos muy aterrizados en las realidades y capacidad operativas de la Fuerza Pública y la justicia, otros con evidentes tintes populistas, y no faltan aquellos delirantes y claramente en contravía de los marcos constitucionales y legales vigentes.
Si bien es cierto que gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y hasta ediles tienen, dentro de sus respectivos marcos de competencia, algún poder de decisión o atribuciones en asuntos de seguridad ciudadana, no se puede perder de vista que la política pertinente, los énfasis, los presupuestos y el recurso humano para implementar las estrategias y políticas al respecto, dependen en gran parte de las directrices que se dan desde el Gobierno nacional central y el Ministerio de Defensa. Por lo mismo, las propuestas de los aspirantes a los cargos uninominales y de cuerpos colegiados tienen que enmarcarse dentro de tales lineamientos. En un asunto tan delicado y de semejante impacto en la opinión pública, resulta riesgoso prometer acciones o políticas imposibles de cumplir o que no pueden ser adoptadas por la vía ejecutiva o incluso requerirían de complejas reformas vía acuerdos municipales, ordenanzas departamentales o también de orden legal o constitucional -ámbito exclusivo del Congreso- para viabilizarse.
En días pasados, precisamente, el Ministerio de Defensa dio a conocer la nueva estrategia gubernamental para fortalecer los esquemas de seguridad ciudadana con miras a enfrentar los delitos que más afectan a los colombianos, entre ellos el homicidio y distintas modalidades de hurto. Si bien es claro que se ha revertido la tendencia creciente de algunos indicadores criminales, en otros los avances son muy tímidos o hay retrocesos. Ahora no solo se aumentará el número de efectivos y uniformados en las calles, para lo cual se ajustará el Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, sino también la capacidad y velocidad de respuesta de las autoridades. También se intensificará en inteligencia, prevención y trabajo coordinado con las comunidades. En conjunto con la Fiscalía y la administración de justicia se acordará la ofensiva contra las organizaciones delincuenciales de alto espectro que están operando en los casos urbanos, sobre todo en los sitios de mayor incidencia criminal.
Dicha estrategia constituye un marco referencial clave en materia de promesas proselitistas. De allí la importancia de conocerla y estudiarla a fondo. Lo peor que le puede ocurrir a la urgencia de la ciudadanía sobre más seguridad urbana, es que quienes aspiran a gobernar a partir del próximo 1 de enero hagan promesas imposibles de cumplir. La decepción de los habitantes, el índice de victimización y el descrédito institucional serían aún más críticos que los actuales.