- Las tareas del nuevo Fiscal General
- Minería criminal, amenaza creciente
La Corte Suprema de Justicia eligió ayer a Francisco Roberto Barbosa Delgado como fiscal general de la Nación. Más allá del accidentado proceso que desembocó en su escogencia, lo cierto es que ahora lo prioritario es concentrarse en los retos que le esperan a este experimentado jurista al frente del ente acusador. Al igual que ocurrió en su momento con los ocho titulares que lo antecedieron como timoneles de esta entidad creada por la Carta del 91, el saliente Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales tendrá que fijar rápidamente una hoja de ruta funcional en donde deberá equilibrar lo urgente y lo importante en materia de resultados de la Política Criminal del Estado.
En ese orden de ideas, resulta claro que son imperativos asuntos como el esclarecimiento de los asesinatos de los líderes sociales; la resolución de casos emblemáticos de corrupción en el sector público y privado, evitando los riesgos cantados de prescripción e impunidad; el desmantelamiento y castigo efectivo a las redes de contratación anómala y de cartelización enquistadas en las entidades oficiales; la captura y procesamiento efectivo de cabecillas de grupos guerrilleros, disidencias de las Farc y bandas criminales de alto espectro; la desarticulación de las nuevas y viejas estructuras narcotraficantes a nivel nacional, regional y local; el develamiento de quiénes están detrás de las complejas tramas de espionajes ilegales; una coordinación más eficiente y proactiva con la Jurisdicción Especial de Paz para hacer realidad la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a millones de víctimas; el aceleramiento de los procesos de extinción de dominio a bienes de origen ilícito…
Todos los anteriores son objetivos de primer orden para el nuevo Fiscal General y habrá de señalarse una estrategia eficiente para llevarlos a buen puerto. Sin embargo, hay otras metas que deberían también estar en el top de las prioridades. La principal de ellas, sin duda alguna, un aumento de las acciones y eficacia del ente acusador para revertir el deterioro evidente de la seguridad ciudadana.
Más allá de las frías estadísticas de las autoridades sobre la evolución de los llamados delitos de alto impacto, en especial los relacionados con hurtos de distinta índole, homicidios, violencia intrafamiliar, extorsiones, riñas y casos de intolerancia, microtráfico, abusos sexuales y otros con creciente grado de victimización en todo el país, no se puede esconder que hay una irreductible percepción de la ciudadanía sobre un aumento crítico de la inseguridad en las zonas urbanas y rurales. Una percepción en donde es marcada la tendencia a creer que las autoridades judiciales se están concentrando en combatir la macrocriminalidad pero no así los factores delincuenciales que a diario afectan al trabajador promedio, el estudiante, la ama de casa, el conductor de servicio público, el tendero, el vendedor ambulante… En fin, al que suele denominarse como “el ciudadano de a pie”.
Aunque la mayoría de los fiscales y jueces se limitan a aplicar lo que mandan los códigos, la forma en que atracadores y otros delincuentes vuelven a las calles -y a sus fechorías- apenas horas, días o semanas después de haber sido capturados, ha sembrado en la opinión pública la certeza de que priman en Colombia la morosidad e impunidad judiciales. No hay que olvidar que los ocho fiscales generales que antecedieron a Barbosa, todos sin excepción, pusieron en práctica en su momento sendas estrategias para combatir la inseguridad urbana y rural. Además, como lo hemos reiterado en estas páginas, una de las peticiones más reiteradas de los alcaldes y de las propias autoridades, que gastan recursos humanos y técnicos en las investigaciones y operativos de detención de delincuentes comunes y de alta peligrosidad, es la creación de mecanismos jurídicos y penitenciarios que frenen el alto porcentaje de reincidencia criminal que hoy existe.
De igual manera se espera de esta nueva administración en la Fiscalía un esfuerzo más decidido y eficaz en la desarticulación de fenómenos como la minería criminal, que por ser tanto o más ‘rentable’ que el narcotráfico se ha convertido en el fenómeno delincuencial de alto espectro de mayor extensión e incidencia en muchas regiones, con un alto y creciente nivel de afectación ambiental.
Como se ve, la llegada de Barbosa Delgado a la Fiscalía General, si bien tiene un buen recibo en la Rama Judicial, el ente acusador y el país en general, por tratarse de un jurista muy experimentado y sin ninguna tacha, también trae consigo una gran expectativa de la ciudadanía sobre los que deben ser sus principales retos y énfasis en la siempre difícil tarea de que la necesidad de justicia de los colombianos sea respondida de manera pronta y eficaz. Ya habrá tiempo para analizar las reformas que se requieren a los códigos Penal y de Procedimiento Penal así como los ajustes a la Política Criminal de Estado. Por ahora, como se dijo, hay que concentrarse en lo urgente y lo importante.