La discusión del Presupuesto General de la Nación para 2018 ya arrancó, luego de que el Ministerio de Hacienda radicara, el viernes pasado, el respectivo proyecto de ley, que debe ser abordado ahora por las Comisiones Económicas de Senado y Cámara. 

Según el Gobierno, el monto de los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión social, que es de 235,6 billones de pesos, si bien representa un aumento nominal del 1 por ciento frente al aplicado para este año, lleva implícito un recorte puesto que ese porcentaje es inferior al crecimiento de la inflación. Se cumple así con el mandato de austeridad fiscal ante la realidad que implican los menores ingresos para la nación este y el próximo año por cuenta de una economía que apenas está creciendo al 1,1 por ciento, según los resultados del primer trimestre y sin conocerse todavía los del segundo. 

El arranque de la discusión presupuestal tiene que superar tres retos específicos. En primer lugar, Gobierno y bancadas parlamentarias no pueden caer en el tradicional transaccionismo político para la definición de los montos y partidas, pues es evidente que no hay margen fiscal para comprometerse más allá de lo previsto en el proyecto original. 

En segundo lugar, es claro que estando de por medio el comienzo de la campaña para las elecciones parlamentarias y presidenciales, el debate presupuestal seguramente estará imbuido por la contienda proselitista y más de un congresista y precandidato presidencial querrá ganar foco mediático y político acudiendo a lesivas propuestas populistas y oportunistas. Urge, por tanto, responsabilidad y seriedad al máximo en la discusión de la ley de presupuesto. 

Y, por último, tanto Ejecutivo como Parlamento no deben perder de vista que las principales firmas calificadoras en materia de inversión, estabilidad macroeconómica y otros indicadores clave le tienen el ojo puesto a Colombia y ya han advertido sobre problemas en materia fiscal. En ese orden de ideas, el Presupuesto General para 2018 debe contribuir a disminuir esas alertas y evitar a toda costa una rebaja en las calificaciones del país.