Tardía, pero positiva la orden gubernamental para que todos los detenidos en las cárceles que estén involucrados en el delito de extorsión sean enviados a prisiones de máxima seguridad.

Como es sabido, el país sufre hoy de una ola de extorsión que afecta a empresarios, comerciantes, vendedores ambulantes, transportadores, tenderos e incluso a trabajadores y propietarios de casas, vehículos, fincas y otra clase de bienes.

Muchas amenazas, atentados, secuestros y homicidios están relacionados con el actuar de estas redes de extorsión, que incluso son conformadas no solo por criminales colombianos, sino por bandas internacionales, especialmente venezolanas, como la denominada como el ‘Tren de Aragua’.

La mayor coincidencia entre los alcaldes y gobernadores salientes y los que se posesionaron el pasado 1 de enero fue, precisamente, que entre los delitos de alto impacto que vulneran la seguridad ciudadana, incluyendo hurtos y homicidios como los de mayor recurrencia, la extorsión ha venido ganando terreno de forma cada vez más alarmante, sobre todo aquella que tiene origen en las cárceles.

Si bien en anteriores gobiernos se han tomado medidas para afrontar esta amenaza criminal, resulta claro que estas han resultado insuficientes. De hecho, los controles que se han anunciado de manera cíclica para evitar el ingreso de teléfonos celulares a los penales se han evidenciado como una herramienta de vigilancia penitenciaria de baja eficacia.

Más decepcionante ha sido lo relacionado con los equipos inhibidores de señal que se han instalado en muchas prisiones para bloquear las llamadas de teléfonos celulares. De hecho, la semana pasada la Procuraduría señaló que la mayoría de estos aparatos están fuera de servicio.

Como se sabe, en no pocas ocasiones los equipos tuvieron que ser desactivados por orden judicial debido a que también bloqueaban las llamadas de las personas que habitan en sitios cercanos a los penales.

En ese orden de ideas, resulta claro que para contener la ola de extorsión desde las cárceles no basta con recluir a los sindicados y condenados en prisiones de máxima seguridad, sino en tomar las debidas precauciones para que los equipos inhibidores de señal telefónica funcionen de manera permanente. De hecho, algunos expertos consideran que se requiere construir reclusorios en zonas aisladas de asentamientos urbanos, no solo para garantizar una mayor seguridad de la población civil, sino para facilitar la tarea de la vigilancia penitenciaria.

Igual debe tenerse en cuenta que las amenazas que desde las cárceles profieren los cabecillas de las redes extorsionistas debilitan de forma grave la institucionalidad y la justicia, razón por la cual deben aplicarse medidas drásticas para evitar que estas situaciones críticas se repitan.