- Fiscalía llevará proyecto al Congreso
- Microtráfico mueve $6 billones al año
El viernes pasado la Fiscalía informó que en una operación conjunta con el Ejército y la Policía Nacional capturó a 196 integrantes de 17 organizaciones criminales dedicadas al narcomenudeo. Los detenidos, 69 en flagrancia y 167 por orden judicial, se dedicaban a vender estupefacientes en 48 colegios de 18 departamentos, un instituto en Chocó y tres universidades en Boyacá, Magdalena y Santander. Según el ente acusador, los jíbaros abordaban a los jóvenes en espacios públicos para darles a probar las sustancias, pero también se dedicaban a la venta a domicilio de drogas en mototaxis y bicicletas. Igualmente se detectaron casos en que se utilizaban a menores de edad como correos humanos para transportar los estupefacientes y venderlos en los establecimientos educativos…
Si bien este fue un operativo de grandes dimensiones, lo cierto es que no dista mucho de otros a menor escala que se han realizado. Operativos que, no en pocos casos, desembocaron en decisiones judiciales decepcionantes para la Fiscalía y las autoridades militares y de Policía porque los jueces, en aplicación de las leyes vigentes, no tuvieron otra opción que dejar en libertad a muchos de los capturados, los mismos que a los pocos días o incluso horas ya volvían a su accionar criminal.
Lamentablemente en la lucha contra la venta y consumo de drogas alucinógenas uno de los flancos más débiles es el combate al microtráfico, que se ha convertido en uno de los negocios ilegales de mayor rentabilidad. No es sino recordar el estudio que hiciera hace un par de años el Departamento de Planeación Nacional, según el cual el narcomenudeo en Colombia movió en 2015 seis billones de pesos, equivalentes al 0,75 del PIB, como consecuencia del aumento del consumo de drogas ilícitas en el país. De ese valor estimado de mercado, 300 mil millones de pesos correspondieron a las ganancias de la red dedicada al cultivo y producción, $2,5 billones a la banda delincuencial que la distribuye y $3,2 billones a los expendedores de droga que la ponen en las calles para el consumo.
En medio de la recién terminada campaña electoral al Congreso y en la presidencial todavía en marcha se ha debatido mucho alrededor de cómo combatir el microtráfico y no en pocas de esas discusiones se planteó la tesis de que la única forma de avanzar sustancialmente contra este flagelo es reformando la despenalización del porte de la dosis personal de droga. Como se recuerda, esta fue establecida por una sentencia de la Corte Constitucional en 1994, pero en 2016 la Corte Suprema de Justicia la llevó aún más allá al establecer que el Estado no podía regular la cantidad máxima de gramos que un adicto podía cargar de determinado narcótico -como venía rigiendo desde hace muchos años-, sino que la dosis personal de droga que un toxicómano requiere diariamente depende de su grado de adicción y de las condiciones biofisiológicas de cada quien. En otras palabras, que el tamaño de la dosis personal debe fijarse individualmente, según el grado de narcodependencia específico.
Aunque desde algunos sectores se insiste en que el tema de la drogadicción se debe abordar no como un problema penal y con enfoque represivo, sino como un asunto de salud pública y con énfasis de rehabilitación del narcodependiente, lo cierto es que en el Congreso ya cursan proyectos que plantean volver a penalizar el porte de la dosis mínima o, como el radicado hace dos semanas por el Presidente de la Cámara de Representantes, que buscan establecer sanciones como arresto por 24 horas, trabajo social y rehabilitación para aquellos que consuman y porten sustancias psicoactivas en espacio público, lugares abiertos, o que siendo privados trasciendan a lo público.
Sin embargo, la discusión del delicado tema tendrá ahora una dimensión más alta a partir de lo anunciado el viernes pasado por el Fiscal General de la Nación, quien al dar el parte del referido operativo contra el microtráfico, anunció que el próximo 20 de julio radicará en el Congreso un proyecto de reforma a la ley 130 de 1986 en la que se regula lo relativo al porte de la dosis mínima. Esto bajo la tesis de que ese permiso legal terminó siendo utilizado por la delincuencia como un ‘escudo’ para camuflar el microtráfico, ya que los jíbaros se dedican todo el día a llevar de un lado para otro pequeñas cantidades de droga para la venta, pero cuando la Policía los captura alegan que esos estupefacientes son para su consumo personal de varios días o semanas, constituyéndose así en una burla a la justicia.
Es claro que el próximo Congreso tiene desde ya una difícil tarea en la discusión sobre qué hacer con este delicado tema de la dosis mínima de estupefacientes, no solo por el aumento alarmante de la drogadicción en Colombia y la amenaza creciente de las mafias del microtráfico, sino por la patente de corso en que su despenalización se convirtió para burlarse de las autoridades y la justicia. Ojalá el Parlamento entrante esté a la altura de este desafío legislativo.