* Aprender de los errores del primer proyecto
* Sin concertación ningún ajuste será viable
“Los errores son para aprender, no para repetir”. Esa es una de las frases básicas que más se trae a colación cada vez que se quiere significar la imperativa necesidad de corregir posturas, decisiones y procesos cuando estos se han demostrado claramente equivocados e inconvenientes. Esta premisa es, precisamente, la que debe aplicarse ahora que el Congreso está ad portas de abrir un nuevo flanco de discusión alrededor de la reforma al sistema de salud.
Como lo publicó este Diario en sendos informes en la última semana, el debate arrancará con no menos de cuatro o incluso cinco proyectos, algunos de los cuales ya están radicados (impulsados por partidos como Cambio Radical, Centro Democrático, La U y uno más de las asociaciones médicas), en tanto se espera, acorde con el anuncio del ministro del Interior, que el Gobierno lleve al Congreso su iniciativa antes de que termine este mes, aunque ya se conoció un primer borrador de la misma.
Un análisis comparativo de esos proyectos evidencia que hay tantas coincidencias como diferencias. Entre las primeras figuran la necesidad de aumentar el flanco preventivo del sistema de salud, extender la cobertura a zonas aisladas y población vulnerable, actualización anual y realismo financiero de la Unidad de Pago por Capitación, agilizar el flujo de recursos por costos no cubiertos en el plan básico, mejorar la situación laboral del personal del sector, así como establecer estándares de calidad del servicio más exigentes en todos los niveles asistenciales, ya se trate de entidades prestadoras públicas o privadas, entre otros aspectos.
Por el contrario, los articulados difieren, en algunos casos de manera radical, en asuntos cruciales como la reingeniería al rol de las EPS, el margen de acción a la iniciativa privada, el cambio de modelo de financiación, los niveles de eficiencia de los mecanismos de giros directos de la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) a las clínicas y hospitales, la estructuración de la red pública prestacional de atención primaria, el direccionamiento a especialistas y tratamientos de mediana y alta complejidad, así como el suministro de medicamentos, la definición del método asistencial preventivo y predictivo, al igual que de los enfoques fundamentales en materia de salud individual, familiar y comunitaria…
Visto todo lo anterior, es claro que el mayor error que puede cometer el Gobierno y el propio Congreso es repetir el accidentado trámite del primer proyecto de reforma a la salud que, como se recuerda, se terminó hundiendo en tercer debate en la Comisión Séptima de Senado, en abril pasado. Fue evidente que las toldas gobiernistas querían dar paso a un sistema de atención médica anacrónico, disfuncional, regresivo y muy estatizado, un modelo ya de por sí comprobadamente fracasado. Pese a que por más de un año se le insistió a la Casa de Nariño proceder a una concertación real y proactiva de la iniciativa, partiendo de la base de construir sobre lo construido, el Ejecutivo no hizo más que radicalizarse… Al final, pasó lo que tenía que pasar: el proyecto se archivó sin pena ni gloria, perdiéndose así la oportunidad de corregir las fallas inocultables del sistema, que nadie niega.
En ese orden de ideas, ahora que todo el proceso arranca de nuevo, es fundamental que no se repitan los errores que llevaron al fracaso del primer proyecto. Resulta obligatorio que la reforma sea socializada y consensuada no solo con los partidos oficialistas, independientes y de oposición, sino con todos los actores del sistema de salud: EPS, clínicas y hospitales, industria farmacéutica, pacientes, agremiaciones de trabajadores sanitarios y las demás instancias prestadoras de bienes y servicios a todo el esquema de aseguramiento y atención médica.
Esa concertación es imperativa no solo porque el Gobierno es minoría en Senado y Cámara, sino porque si algo quedó evidenciado en el último año y medio es que el riesgo que significaba una reforma inviable y antitécnica, como la que proponía el Ejecutivo, terminó por profundizar la crisis estructural de sistema, dejando a varias EPS intervenidas, al borde de la liquidación o pidiendo su salida de operación, un desfinanciamiento sustancial de la red prestacional, escasez de medicamentos y una disminución preocupante de los índices de calidad y oportunidad en el servicio.
Lamentablemente, este segundo proceso parece que no inicia con el pie derecho. En nuestra edición dominical la vocera del gremio de las EPS indicó que ninguna de las cuatro iniciativas radicadas ni la inminente del Gobierno fue consensuada con este sector. Igual queja se ha escuchado de algunas asociaciones de pacientes, sindicatos sectoriales, gobernadores, alcaldes, redes de proveeduría e industria farmacéutica e incluso de directores de hospitales y clínicas públicas y privadas…
Como se dijo, en este nuevo trámite parlamentario deben aplicarse las lecciones aprendidas. De lo contrario, en algunos meses se estará lamentando otra oportunidad perdida para superar una problemática de alto impacto público, cuyas falencias se traducen en un aumento de enfermedades y muertes.