• Las desgastantes polémicas penales
• Derecho civil y razón de ser de un Estado

En el sistema anglosajón, adoptado por Colombia, la confesión o delación es pieza clave del aparato penal. En la mayoría de las veces es a través de este mecanismo, para muchos, antipático que se consigue la verdad jurídica a cambio de beneficios. No ocurre así, ciertamente, en otros sistemas donde lo que prima es la punibilidad. Pero dentro del sistema acusatorio colombiano, desde el mismo establecimiento de la Fiscalía General de la Nación, instituida en la Constitución de 1991, se ha dado prevalencia a estos instrumentos atenuantes sobre los cuales, sin embargo, algunos se rasgan las vestiduras luego de ser cumplidos por los condenados.

En estos días, el debate ha vuelto a la palestra, esta vez por cuenta de los sentenciados en el caso Nule. Como en general, en Colombia, la justicia está siempre bajo sospecha los cambios de régimen penitenciario de los reos produjeron un escándalo en medio de las festividades de fin de año. De inmediato los organismos de control intervinieron en el asunto y se abrió la discusión eterna sobre si los implicados eran o no merecedores de las sanciones sobre las fórmulas predeterminadas. Así las cosas, se suscitó, como siempre, la discusión sobre el régimen jurídico del país. Y a larga se llegó a donde siempre se llega: al desgaste de toda la estructura judicial.

Desde luego, es menester investigar si los jueces actuaron dentro de los rigurosos criterios de la ley. Pero igualmente no es dable llevarse de largo a la justicia en el debate, como si en el país no hubiere de antemano una normativa formal al respecto dentro del Estado Social de Derecho. Así las cosas, o se modifica la legislación y se adoptan otros conceptos o se mantiene el sistema sin estar recibiendo los dardos constantes. La ley se la puede dejar, modificar o derogar. Y eso hace parte natural de una democracia actuante. Lo que no se puede es usarla de polémica permanente. Ello causa una erosión de las instituciones que resulta lamentable dentro de la solidez que requiere un país en busca de estabilidad y orden.

El problema de base consiste, en buena medida, en que Colombia se ha acostumbrado a ver el derecho penal como la tabla de salvación de todos los problemas nacionales. Pero el derecho penal es, al fin y al cabo, una legislación para conductas extremas que debería ser, precisamente, excepcional. De hecho, es el derecho civil el que rige las conductas comunes entre los ciudadanos. Su buena marcha es la que hace a un país más civilizado. Cuando el derecho penal toma ese puesto se denota, en cambio, una falencia social de graves características. Por eso se recurre al expediente continuo de aumentar las penas, pensando que ello actuará como la vara mágica que lo solucione todo. Al mismo tiempo, aparece la desesperanza cuando se constata que esto no es así. Desde luego, uno de los factores clave del derecho penal es la disuasión. Cuando ella se desvanece, este aparato normativo pierde parte importante de su razón de ser. Y en tal sentido es por supuesto válido preguntarse qué tan disuasivo está resultando el régimen penal actual dentro de la sociedad colombiana. Sería un estudio pertinente, para juristas expertos, más allá de las controversias de cada tanto, sin conclusiones efectivas.

De otra parte, la constante politización a que se someten la mayoría de las acciones judiciales, como se ha vuelto costumbre en el país, lleva a la incertidumbre y a imponer un manto de duda sobre las autoridades. En ese caso, terminan pesando más los factores políticos que los jurídicos. Es lo que está ocurriendo con los casos de alto impacto. Por supuesto que la justicia no puede estar exenta del escrutinio público. Mucho menos en un país en el que se ven casos tan aberrantes como el del “Cartel de la toga”. A estos efectos, lo más importante es la acción pronta de la justicia.

Frente a todo lo anterior nadie duda de que el tema más trascendental en la próxima legislatura es la reforma judicial. Ahora, más que nunca, se requiere un proyecto de gran envergadura. Hemos dicho que el tema es de tal magnitud que se hace necesaria una Asamblea Constitucional. Otros creen que se puede seguir con los mismos mecanismos de siempre lo que, asimismo, ha llevado a los mismos fracasos de siempre. Fuere lo que sea, el toro debe ser tomado por los cuernos desde ahora. Como suele decirse, para ayer es tarde.