* No saltarse las fases de atención de la emergencia

* Cambio climático, clave en plan de rehabilitación

La tragedia ocurrida en San Andrés tras el paso del huracán Iota deja varias lecciones trascendentales a nuestro país. En primer lugar, que estamos frente a uno de los efectos directos del cambio climático. Prueba de ello es que los reportes de la Organización Meteorológica Mundial señalan que este 2020 va rumbo a marcar récord en materia de formación de depresiones tropicales, tormentas, huracanes y tifones en las últimas dos décadas. Para los expertos, es claro que esta circunstancia tiene relación directa con el desorden climático y estacional generado por el calentamiento global.

En ese orden de ideas Colombia debe, entonces, prepararse para que en los próximos años la posibilidad de que los huracanes golpeen frontalmente nuestro territorio caribeño aumente de forma significativa. Así las cosas, dentro de la política de adaptación al cambio climático debe incluirse ahora un capítulo más proactivo sobre los mecanismos de alerta temprana frente a esta clase de fenómenos de la naturaleza.

En segundo lugar, es evidente que el plan para la reconstrucción del archipiélago debe aplicarse por etapas y fases objetivas. En estos momentos lo que prima es la asistencia humanitaria a los miles de habitantes de las islas, privilegiando el suministro de alimentos, agua, carpas, refugios, atención en salud, subsidios de emergencia, apoyo en recuperación de bienes servibles e incluso asistencia psicológica.

Una vez esta fase se haya cumplido es posible avanzar a la etapa del estudio y formulación de una estrategia de rehabilitación integral del archipiélago. Lo más importante es la necesidad de contar con un censo amplio y detallado de los daños causados en todos los aspectos. Es imperativo tener certeza del número real de damnificados, el tipo de afectación que sufrieron, la cantidad de viviendas destruidas o averiadas o qué tanto deterioro registraron las redes de servicios públicos. También se requiere un balance de las pérdidas en materia de malla vial, edificios públicos y privados, comercios, infraestructura turística y hotelera a todo nivel, así como un reporte actualizado de los perjuicios para la industria pesquera a gran escala y la artesanal. El impacto socioeconómico está por determinarse.

Una vez se tenga ese censo integral las autoridades del orden nacional, regional y local podrán empezar a delinear el plan de reconstrucción, determinando fases, prioridades, cuantificación de gastos, fuentes presupuestales y las entidades responsables de los distintos programas y proyectos. Si bien es entendible la urgencia del Gobierno nacional por asistir a los sanandresanos en estos difíciles momentos, es necesario proceder con cabeza fría. Precipitarse a definir inversiones, fijar fechas fatales sobre cada proceso y destinar recursos sin norte claro es abiertamente inconveniente.

Hay lecciones aprendidas de tragedias como las del terremoto del Eje Cafetero, la avalancha en Mocoa y otros casos de grave afectación poblacional por fenómenos naturales. En cada una de esas circunstancias se confeccionó una estrategia integral para lograr una mejor focalización de los presupuestos, cómo responder eficazmente a las necesidades coyunturales y estructurales de los damnificados y garantizar soluciones de largo plazo y alto impacto para las regiones golpeadas.

Según los primeros reportes de daños por el huracán en el archipiélago, San Andrés tuvo la menor afectación, en tanto que las islas de Providencia y Santa Catalina registran una destrucción significativa en cuanto a viviendas, servicios públicos, carreteras, infraestructura hotelera y otros ámbitos productivos de la población raizal. Esto implica, de entrada, que el plan de reconstrucción debe ser diferenciado en las tres islas.

Visto todo lo anterior, lo importante en estos momentos es concentrarse en la fase de asistencia humanitaria. No podemos caer en el error de proyectar una estrategia de rehabilitación del archipiélago a las carreras, sin ningún tipo de planificación objetiva y menos faltando un censo de daños actualizado. Urge, por demás, un análisis profundo sobre los lineamientos y precauciones que en materia de adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible tendrán que aplicarse de manera obligatoria para evitar que en el futuro, ante las mismas causas, se repita esta clase de tragedias.

De otro lado, resulta imperativo que los justificados esfuerzos que se están realizando para ayudar a los habitantes del archipiélago no debiliten ni distraigan el plan de contingencia que se está adelantando en el resto del país para hacer frente a la ola invernal, que ya genera más de 300 mil damnificados en no menos de 25 departamentos. Los reportes de las autoridades coinciden en que las lluvias intensas se mantendrán hasta finales de diciembre y es obligatorio, entonces, tener todas las alertas prendidas, más aún por el efecto agravante del fenómeno de La Niña.

Si a estas dos emergencias se les suma la que afronta el país por la pandemia del Covid-19, resulta obvio que es un momento de máxima concentración del accionar del Estado y de la población misma para mitigar los riesgos consecuentes en esos tres frentes.