- Gobierno ni guerrilla parecen querer romperlo
- Pulso por imponer inamovibles de lado y lado
Tras más de un mes del arranque del nuevo Gobierno es claro que el proceso de paz con el Eln sigue vigente. Por más que ambas partes se crucen condicionamientos y se hable de inamovibles a lado y lado, lo cierto es que ni los delegados subversivos han abandonado La Habana como tampoco el Estado colombiano ha pedido a Cuba que los expulse. Por igual, no se ha informado a los países garantes ni acompañantes de novedad alguna en torno al cierre de las tratativas. Asimismo, la Casa de Nariño no ha revocado su autorización a los llamados “gestores” que fueron designados por la anterior administración para facilitar la resolución de diferencias en la mesa. A ello se suma que se mantiene la suspensión de las órdenes de captura a los negociadores de la facción insurgente y tampoco se ha librado una petición de detención internacional contra el máximo jefe del Eln, Nicolás Rodríguez, alias ‘Gabino’. Es más, pese a que las relaciones entre los gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro son críticas, el primero no ha conminado al segundo a que cese cualquier refugio a la cúpula ‘elena’, sabido desde hace tiempo que la mitad del ‘Comando Central’ de esa guerrilla se encuentra escondida en el vecino país con pleno conocimiento y aquiescencia del chavismo.
Siendo tan evidentes las profundas contradicciones entre el Gobierno y el Eln alrededor de las metodologías, condicionamientos y objetivos de la negociación, con sus respectivas ‘líneas rojas’, es claro que cualquiera de las dos partes pudo romper las negociaciones de forma unilateral en los últimos dos meses, poniendo como justificación esas reconocidas diferencias de forma y fondo. Sin embargo, nada de ello ocurrió.
Es más, cuando esa facción guerrillera decidió activar una desafiante escalada de secuestros, especialmente de militares y policías en Chocó y Arauca, bien pudo el Ejecutivo acabar ipso facto con las tratativas en La Habana, previendo que una porción mayoritaria del país respaldaría tal decisión. Sin embargo, nada de ello ocurrió.
E, igualmente, ante las advertencias gubernamentales en torno a que no ‘negociaría’ la liberación de los secuestrados ni permitiría que se montara alrededor de esta un ‘show’ mediático o político, la facción subversiva también habría podido, como lo hizo en el pasado ante similares condicionamientos, haber roto el proceso de paz, acusando de intransigencia a la contraparte… Sin embargo, nada de ello ocurrió.
Lo cierto es que hoy los militares y policías plagiados ya están en libertad y la mesa no se rompió. Todo lo contrario, cada una de las partes está maniobrando para tratar de imponer unas condiciones a su favor antes de sentarse a retomar la negociación. El Gobierno, que anunció una revisión del proceso sin que todavía se conozcan las conclusiones, lo que podría traducirse en una demora táctica, no solo insiste en que hay por lo menos una decena de secuestrados más que deben ser entregados, sino que recalca que cualquier nueva interlocución depende de una evidente “voluntad de paz” del Eln, como la “suspensión de todas las actividades criminales” contra la Fuerza Pública, la sociedad civil y la infraestructura. La facción insurgente, a su turno, replica que no tiene más secuestrados, que mantiene la voluntad de buscar una salida pacífica al conflicto y que es en la mesa en donde se debe pactar, sin condicionamientos inaceptables, las bases de un cese el fuego y de hostilidades bilateral…
En otras palabras, lo que se deriva de ambas posturas es que mantienen su disposición de seguir las tratativas pero cada cual quiere imponer sus inamovibles al otro. Es más, el hecho de que el Ejecutivo haya decidido avanzar en una nueva prórroga de la Ley 418, norma marco para adelantar un proceso de paz, es un indicativo de que quiere continuar con la negociación en La Habana pero con los correctivos y ajustes que prometió en campaña, en donde fue claro que su postura contra el pacto firmado con las Farc fue su principal bandera electoral.
Como se ve, más que en la inminencia de la ruptura de la negociación de paz con el Eln, lo que se está viendo es una antesala muy reñida para sentarse con una postura fuerte de entrada. Hay un gobierno Duque jugado a imponer nuevos y profundos condicionamientos, y una guerrilla que insiste en seguir las tratativas bajo el escenario, obviamente más flexible, que primó durante la administración Santos. Es un pulso intenso que, sin embargo, no apunta a que termine porque alguno de los contendores abandone unilateralmente la competencia.