- Partidos y el reto de cumplir los pactos
- Autoridades deben extremar vigilancia
La contienda política y electoral es, por definición, una competencia para ganar el favor popular y que este se vea reflejado en las urnas. Sin embargo, en un país que ha estado signado por el conflicto armado en las últimas décadas y que a pesar del acuerdo de paz firmado por el anterior gobierno ha visto reciclar varias tipologías de violencia en los tres años recientes, la actividad proselitista continúa cruzada por riesgos y amenazas a candidatos y partidos, en tanto que los vicios de la politiquería, la infiltración criminal y el fraude siguen a la orden del día.
El propio Ministerio del Interior informó esta semana que aumentaron las quejas por presunta violación a normas electorales. En solo agosto se han registrado 1.224 denuncias, siendo Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima y Santander los departamentos con mayor incidencia, en tanto el top de ciudades lo encabezan Bogotá, Cúcuta, Pereira, Ibagué y Pasto. Violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación, trasteo de votos, intervención en política de los servidores públicos y elección ilícita de candidatos, las denuncias más frecuentes.
De igual manera, según el último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), aumentó el nivel de violencia contra precandidatos, incluso antes de la inscripción y el inicio de la campaña. Con corte al pasado 27 de julio se habían registrado cuarenta hechos de violencia contra aspirantes, incluyendo nueve asesinatos. De otro lado, la Procuraduría General identificó 694 candidatos inhabilitados para participar en los próximos comicios, al tiempo que advirtió sobre 262 municipios en alto riesgo de presentar trasteo de votos, especialmente en Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. El propio Presidente de la República ha insistido en que el narcotráfico, el crimen organizado y las redes de corrupción pretenden, en algunas jurisdicciones, “capturar el poder local”…
Como se ve, por más que en los últimos años se haya repetido que Colombia ha vivido “los comicios más pacíficos de la historia”, lo cual estadísticamente es cierto si se compara con las cifras críticas de violencia electoral en pleno pico del conflicto armado, en modo alguno se puede considerar que los riesgos y amenazas desaparecieron. De un lado hay muchos actores criminales que insisten en cooptar el poder departamental y municipal y, de otro, las redes de corrupción y fraude proselitista han ganado en complejidad y poder de infiltración. Y todo ello pese a que nuestro país tiene, sin duda alguna, una de las legislaciones más drásticas en el castigo a los delitos electorales.
Frente a esa realidad es destacable que desde distintos sectores oficiales y privados se estén impulsando todo tipo de iniciativas para garantizar la transparencia en la campaña y la cita en las urnas. Además de las acciones conjuntas de vigilancia y alerta temprana activadas por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, distintos ministerios, la Fuerza Pública, la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y ONGs de veeduría política, también se han firmado varios pactos con los partidos políticos en donde estos se comprometen a contribuir de forma sustancial en la pureza proselitista.
La noche del martes, por ejemplo, el Presidente de la República encabezó la suscripción del “Pacto por una cultura política y la no violencia en la campaña electoral”, mediante el cual doce partidos y movimientos de todo el espectro político se comprometieron a que sus candidatos realizarán una campaña limpia, transparente y en la que se privilegiará el debate de las ideas y propuestas, sin caer en discursos que inciten al odio, la agresión, la estigmatización y la descalificación del contrario. La premisa es tan sencilla como contundente: por más disenso y controversia que exista entre los aspirantes a un cargo de elección popular, no puede esa competencia derivar en el ataque visceral a los rivales ni en argumentaciones violentas, injuriosas, degradantes o que lleven a los simpatizantes de tal o cual candidato a ver como enemigos a los del otro.
Días atrás el jefe de Estado también fue testigo de la firma del “Pacto Ético por la Información”, suscrito igualmente por diecisiete partidos políticos comprometiéndose a hacer un manejo transparente y verídico de las ideas que quieren transmitir a los electores a través de medios de comunicación y las redes sociales. Para nadie es un secreto que se ha multiplicado la ‘guerra sucia’ informativa para descalificar a los rivales políticos. Esta propuesta se une a distintas estrategias lideradas por la organización electoral para detectar y desmentir las ‘fake news’. Para ello incluso se firmaron memorandos de entendimiento de Facebook, Twitter y Google.
Lo más importante de todo lo anterior es que los pactos no se queden como letra muerta, y que los partidos efectivamente cumplan la palabra. Si no lo hacen, entonces, una vez más, la democracia quedará manchada de trampa y violencia. Un riesgo institucional de muy alto calado y gravedad.