Que las autoridades colombianas incauten, en promedio, más de una tonelada de estupefacientes por día es una circunstancia que debe ser leída con dos ópticas distintas.

Por un lado, resulta satisfactorio el nivel de eficiencia de la Fuerza Pública, ya que ese récord de decomiso de drogas pone de presente que la cruzada contra el narcotráfico avanza de forma sólida en todo el país.

De hecho, las cifras del Ministerio de Defensa señalan que el año pasado se logró la incautación de 739 toneladas de cocaína, 417 de toneladas de marihuana y 680 kilos de heroína.

Este año también se han asestado duros golpes a los carteles, al punto que en menos de mes y medio ya van más de 48 toneladas de estupefacientes que han caído en las manos de las autoridades militares y policiales.

Sin embargo, la otra cara de la moneda alerta que si existe un récord de decomiso de narcóticos es porque hay un pico de extensión en materia de narcocultivos. Esto como consecuencia directa del cambio en la política antidrogas que aplicó este Gobierno, especialmente en cuanto a no priorizar la erradicación forzada de sembradíos ilícitos. Las cifras son contundentes: mientras que en 2022 se destruyeron más de 68.000 hectáreas, en 2023 apenas se afectaron un poco más de 20.000. Es decir, una caída equivalente al 71%.

En ese orden de ideas, es muy posible que hoy Colombia tenga una explosión de narcocultivos. Incluso, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Francisco Palmieri, señalaba días atrás que podría haber más de 250.000 hectáreas. A este ritmo, como lo pronosticaba el año pasado un expresidente, no estaría lejana la posibilidad de acercarse a las 300.000 hectáreas de hoja de coca, marihuana y amapola este año, un récord en las últimas dos décadas.

Esta es una situación bastante complicada, ya que, por obvias razones, el narcotráfico continúa siendo el principal combustible del conflicto armado, y fuente principal de ingresos del Eln, los grupos residuales de las Farc, las bandas criminales de alto espectro, los carteles locales y extranjeros, así como de las cada vez más extendidas redes de microtráfico en el país. Cada uno de esos actores delincuenciales es culpable directo del pico de inseguridad y desorden público que se registra en muchas zonas del territorio y que tiene gravemente victimizada a la población.