- De plan de emergencia a política pública
- Urge concretar la ayuda internacional
La formulación de una política pública es, sin duda, la mejor manera en que un aparato estatal puede enfrentar determinada problemática, ya sea coyuntural o estructural. La crisis por la oleada migratoria de casi tres millones de venezolanos a nuestro país tiene ambas facetas y de allí la importancia de que Colombia haya instrumentalizado un plan de acción integral para atender ese flujo poblacional a través de una política pública, en este caso un documento Conpes, dado a conocer días atrás.
Como lo hemos reiterado en estas páginas, es claro que la ola migratoria venezolana ya no se puede asumir única y exclusivamente desde la esfera de emergencia humanitaria. Todo lo contrario, hay distintas fases en la respuesta que debe darse a este fenómeno. La primaria, obviamente está referida a la atención prioritaria a los migrantes que van llegando, sobre todo cuando se trata de población vulnerable, en especial niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Después viene la etapa más complicada, pues tiene que diferenciarse en qué tipo de ayuda se da a quienes van en tránsito hacia otros países y aquellos venezolanos que están buscando establecerse en nuestra nación. Allí, por ejemplo, hay mecanismos de regulación migratoria temporal muy distintos a aplicarse según sea el caso, incluso para ser coordinados con otros países del área.
Otra de las fases, quizá la más compleja, es la relativa a cómo canalizar la asistencia a los migrantes que deciden quedarse en Colombia y cuya disgregación a lo largo y ancho del territorio, sin orden ni control alguno, es lo que ha generado algunos escenarios de tensión regional. Es aquí en donde el Conpes resulta más útil sobre todo porque define, según el Gobierno, las estrategias para la atención de la población migrante en áreas críticas como salud, educación, primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, agua y alojamiento e inclusión laboral, entre otras. De igual manera, permite articular la institucionalidad existente y definir nuevas instancias para la atención del fenómeno migratorio desde Venezuela en un periodo de tres años.
Sin embargo, esa política pública requiere apoyo internacional, que aunque se ha anunciado y prometido desde gobiernos e instancias multilaterales como la OEA o la propia ONU, es necesario materializarlo en el corto plazo. De allí la importancia de que el Conpes haya sido presentado por la Cancillería colombiana tanto a la entidad continental como a la global, con el fin de que analicen esa política pública y definan cómo apoyarla de forma tangible.
Tras lo ocurrido esta semana con la ponencia para primer debate del proyecto de reforma tributaria, que recortó a la mitad el estimado de recaudo inicial, lo que obligaría al Gobierno a apretarse el cinturón en cinco billones de pesos adicionales para tapar el déficit en el presupuesto del próximo año, es apenas claro que Colombia, al ser el país que más recibe migrantes venezolanos y que -dicho sea de paso- es el más adelantado en una política pública para atender ese cuantioso flujo poblacional, requiere con urgencia apoyo económico para poder sufragar parte del costo de esta asistencia que, como ya se advirtió, no solo se limita a la cuestión humanitaria e inmediata, sino que tiene en enfoque de más largo plazo respecto a cómo ayudar a los venezolanos que deciden instalarse en nuestra nación.
La comunidad internacional tiene que entender que para las autoridades colombianas resulta muy difícil destinar una sustancial cantidad de recursos a esta emergencia migratoria, en momentos en que se enfrenta al riesgo de tener que recortar gasto público e inversión social prioritaria y de alto impacto en las clases más vulnerables por cuenta del faltante presupuestal. Resultaría apenas ingenuo desconocer que muchas comunidades de nuestro país, como ya se vio en los paros recientes a nivel nacional y regional, si bien están de acuerdo con la solidaridad para con los venezolanos en esta mala hora, también exigen que el Estado redoble los esfuerzos para ayudar primero a sus connacionales, que también tienen muchas necesidades básicas insatisfechas. Responder a estas inquietudes apenas naturales es urgente para evitar que se puedan llegar a escalar casos de xenofobia, que afortunadamente por el momento son muy pocos y aislados.
Como se ve, la formulación de la política pública para enfrentar la emergencia generada por la oleada migratoria de los venezolanos es un paso adelante muy importante. Sin embargo aún falta mucho camino por recorrer en materia de su implementación ordenada y efectiva, y para ello es necesario que la ayuda económica y logística internacional pase de las palabras a los hechos lo más pronto posible.