- FMI sostiene que no hay mayor efecto en desempleo
- Urge perfilación funcional de la población flotante
Uno de los temas más debatidos en nuestro país en los últimos tres años es el referente al impacto de la migración venezolana en Colombia, que según datos oficiales está por encima de 1,6 millones de personas, con la expectativa de que este 2020 pueda duplicarse. Son múltiples los análisis hechos al respecto y que han arrojado conclusiones distintas según el enfoque y las metodologías utilizadas.
Por ejemplo, mientras que algunas investigaciones sostienen que la ola migratoria tiene una fuerte injerencia en el desempleo, que ha venido creciendo de manera sostenida en los últimos años, hasta llegar hoy a una tasa por encima del 10 por ciento de desocupación en la población económicamente activa, otros estudios sugieren lo contrario. Uno de estos últimos es precisamente el informe que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual se ahonda sobre las consecuencias económicas de la llegada de los venezolanos, sus costos fiscales y el impacto en el buen momento de nuestro sistema productivo.
Según el ente financiero multilateral, la sociedad colombiana ha demostrado un compromiso y apoyo ejemplares a los inmigrantes, con un costo fiscal anual estimado de alrededor de 0,5 por ciento del PIB en el corto plazo. Se espera que ese vaya disminuyendo a medida que esta población flotante avance en su integración a la economía local, especialmente por la ampliación de los programas que les permitan trabajar de manera formal y regularizar su estadía en el país.
Sin embargo, lo más importante, según el FMI, es que el flujo de migrantes estimuló el crecimiento de la economía colombiana en un 0,25 por ciento el año pasado, y este ha sido absorbido en gran parte por el sector informal “mostrando hasta ahora poca evidencia de desplazamiento laboral”. Se trata, sin duda, de una conclusión que sorprende a muchos gremios y sectores productivos de nuestro país que han venido sosteniendo, de manera reiterada, que el aumento del desempleo interno, pese a los múltiples planes de choque implementados en el final del anterior gobierno y el año y medio del actual, se debe de manera muy sustancial a que no menos de medio millón de ciudadanos del vecino país están trabajando a lo largo y ancho de nuestro territorio, compitiendo directamente en plazas que antes solo empleaban a los colombianos.
Visto todo lo anterior, lo que se impone es que desde el Gobierno se haga una total claridad sobre cuál ha sido el verdadero impacto de la migración venezolana en el campo laboral interno y si es ésta la principal causa de que la tasa de desocupación siga por encima de los dos dígitos, aunque en diciembre pasado registró un descenso que todavía no se sabe si es un fenómeno meramente estacional, propio del aumento del comercio y el consumo al cierre del año o si, por el contrario, se empezó a marcar una tendencia de recuperación de la calidad y cantidad de puestos de trabajo.
De igual manera sería muy útil que se pueda avanzar rápidamente en la perfilación laboral de la población migrante. Según no pocos expertos la ausencia de datos sobre los oficios, profesiones, experiencia y acumulado académico de gran parte de los venezolanos que llegaron al país se constituye en la principal barrera para su inclusión formal y ordenada en nuestro mercado laboral. Si bien es cierto que ya es común oír de ingenieros, médicos, administradores de empresas y de otras profesiones que estarían dedicados a las ventas ambulantes, peluquería, comercio informal y manejando taxis, entre muchos otros oficios ajenos a su experticia, no hay todavía un estudio que separe lo real de la ficción en este campo.
Esta información es ahora más importante si se tiene en cuenta que, como lo hemos reiterado en estas páginas, el porcentaje de venezolanos que se está radicando en Colombia es mayor debido a las barreras migratorias impuestas por Perú, Ecuador, Brasil, Chile y otras naciones latinoamericanas. Es por ello, precisamente, que se ha venido disminuyendo la cantidad de venezolanos “en tránsito” y aumentando de forma paralela los que buscan radicarse, así sea temporalmente, en nuestro territorio.
No menos urgente es que desde el Ministerio de Trabajo y sus seccionales regionales se den a conocer el número y monto de sanciones a los empleadores que están ocupando a los migrantes de forma ilegal o, incluso, sometiéndolos a explotación laboral.
Revisado todo ese panorama resulta evidente que el país requiere, con urgencia, de un estudio a profundidad sobre el impacto de esos casi dos millones de venezolanos en nuestro mercado laboral pero también en el de consumo, el comercio, la demanda de servicios públicos y otros rubros del sector real de la economía. Una información más clave aún si se tiene en cuenta que el flujo de nacionales del vecino país seguirá aumentando debido a que la dictadura chavista sigue aferrada al poder y la crisis en esa nación es cada día más profunda y dramática.