* Arranca etapa más delicada del fenómeno climático
* Afectación podría ser peor que la del 2010-2011
En Colombia se presentaron alrededor de 700 reportes de eventos de emergencia y desastres durante la temporada de lluvias este año, según las estadísticas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. De ese global, 275 fueron derrumbes, 255 inundaciones, 133 vendavales, 75 crecientes súbitas, nueve avenidas torrenciales, así como cuatro tormentas eléctricas e igual número de granizadas. Cundinamarca, Huila, Antioquia, Tolima, Cauca, Caldas, Meta, Chocó, Casanare y Nariño fueron los departamentos más afectados.
El panorama para los cuatro meses y medio que restan de este año es más complicado, sobre todo por la inminencia del fenómeno climático de La Niña, que desde este agosto hasta el primer bimestre de 2025 impactará de forma fuerte una buena parte del territorio colombiano. De acuerdo con los pronósticos del Ideam la probabilidad de ocurrencia para este remate de año ya es superior al 70%.
Por esa razón, ya está en marcha un plan de contingencia del que participan varios ministerios y entidades gubernamentales. Y no es para menos, al punto que el director de la citada Unidad advertía semanas atrás que, dependiendo del nivel de afectación por este fenómeno climático que se caracteriza por un aumento drástico de las lluvias y bajas temperaturas, las pérdidas podrían llegar a los 20 billones de pesos, esto si se llegan a cumplir algunas proyecciones locales e internacionales que señalan que podría repetirse una situación similar a la registrada en el lapso 2010-2011 que dejó centenares de miles de damnificados y daños cuantiosos en todo el país.
Si bien desde entonces en varias ocasiones se ha repetido este fenómeno, el que está a punto de arrancar apunta a ser uno de los más complicados. De hecho, la entidad referenciada no dudó en advertir tres semanas atrás que el país debería prepararse para no menos 2.600 eventos de emergencia, con un promedio de 15 diarios, la mayoría asociados a inundaciones (5.000), movimientos en masa (3.000), vendavales (658) y avenidas torrenciales (326). Como si lo anterior fuera poco, se proyecta la posibilidad de 437 incendios forestales y ocho sequías. Esto último porque, así como la Niña se manifiesta principalmente por aumentos significativos de las lluvias en algunas regiones, en algunas otras puede ocurrir la situación contraria.
Las alarmas son más sustanciales frente a la proyección de las posibles afectaciones: 550.000 familias, 16.000 viviendas destruidas, 224.000 más averiadas, así como impactos negativos en 2,2 millones de hectáreas de cultivos y más de 6,1 millones de animales. Las regiones Andina y Caribe serían las más afectadas en octubre, mientras que la Orinoquia y Pacífica estarían siendo las golpeadas hacia noviembre, diciembre e incluso enero.
Frente a esos cálculos es urgente que el plan de contingencia que ya está en marcha no tenga falla alguna. De hecho, ya algunos gremios y voceros del sector productivo han señalado que se requiere coordinar al máximo con gobernadores y alcaldes, así como con los comités de prevención y atención de emergencias a todo nivel sobre la disponibilidad actual de recursos, equipos y personal para hacer frente a cualquier contingencia. Es imperativo tener listos albergues para damnificados y una reserva suficiente de víveres y otros elementos para asistir de manera ágil y eficaz a los afectados por derrumbes, inundaciones y otros eventos.
Por igual, desde el ministerio del ramo se necesita activar una estrategia integral para reaccionar ante cualquier afectación a la red vial y demás infraestructura de transporte. Puentes vehiculares militares, planificación de vías alternas y maquinaria en estado de alistamiento primario deben ser la nota prioritaria en todo el país.
No menos urgente es que el Gobierno y el sector agropecuario delineen una hoja de ruta puntual para evitar un alto nivel de afectación en los ciclos de cosechas y producción de alimentos, no solo con miras a asegurar la oferta de los mismos, sino impedir una escalada inflacionaria en este segundo semestre. Ya hay algunos recursos dispuestos, pero dada la dimensión de los posibles daños, se requiere una disponibilidad presupuestal mayor e incluso no descartar la eventualidad de acudir a la declaratoria de un estado de emergencia social, económica y ambiental. Aunque ya se lanzó la campaña “Alerta por las lluvias”, que contiene las fases de prevención, mitigación, atención y compensación, es imperativo que muchos de los planes no solo estén en el papel, sino que sean viables de activar en cuestión de días. Procuraduría, Contraloría e incluso Fiscalía deben estar atentos a que, ya sea por acción u omisión, las autoridades de orden nacional, departamental y municipal no fallen en sus responsabilidades ante una crisis advertida con suficiente antelación. No hay, entonces, tiempo que perder. Soldado advertido…