- Pandemia agudiza precarización laboral
- Frenar desprotección e incumplimientos
El tema crucial que explica las mayores debilidades de la Ley 100 y el que ésta se haya convertido en una fuente incontenible de corrupción en el sector de la salud, es que ofrece a todos los actores del sistema -EPS, IPS, laboratorios farmacéuticos y hasta a los usuarios- estímulos e incentivos para el lucro indebido. Hay un botín de 32 billones de pesos en juego y, como ha sido típico desde que comenzó el sistema, se dan grandes movimientos en la cúspide y en los niveles menores para sacarle provecho.
La pandemia de Covid-19, que es la mayor emergencia sanitaria que hayamos enfrentado, puso en evidencia lo bueno, pero también lo malo y lo feo de nuestro complejo sistema de salud: el peso de la codicia, las venas rotas de la facturación, el atraso en pagos de EPS a IPS y el calvario sin redención de millones de usuarios por las deficiencias en la atención.
Un reciente estudio realizado por 22 organizaciones de la salud -asociaciones, colegios y sindicatos- entre 1.562 trabajadores del sector en diferentes ciudades del país, arrojó luces sobre una de las más graves y preocupantes consecuencias del afán de lucro de aseguradores y prestadores de servicios: la crisis por el Covid-19 aumentó la precarización del talento humano en salud. Una parte de sus trabajadores ha tenido que afrontar la pandemia en estado de total desprotección, víctima del incumplimiento de obligaciones fundamentales por parte de sus empleadores, las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y el propio Gobierno.
Entre las conclusiones principales del referido estudio están el grave deterioro de las condiciones laborales por el incremento de la jornada y la carga de trabajo, a la par, paradójicamente, de una disminución del salario en muchos casos. También se confirmó el predominio de contratos laborales indirectos y sin estabilidad en el sistema, consecuencia directa de la precarización que comenzó en 1993 con el inicio de relaciones jerárquicas piramidales entre aseguradores, prestadores, médicos y pacientes, lo que llevó a que las profesiones del sector estén hoy entre las menas valoradas en el país. En general, los trabajadores de la salud están mal remunerados y prueba de ello es que seis de cada diez tienen formas precarizadas de contratación y a muchos no les pagan sus salarios hace varios meses.
En cuanto a condiciones de bioseguridad se evidenció el incumplimiento de las adecuaciones en infraestructura hospitalaria para disminuir la exposición al virus así como una demora en la incorporación de protocolos y la entrega de Equipos de Protección Individual (EPI).
Pero el aspecto más inquietante es, sin duda, el relacionado con los riesgos en salud. A la fecha se registra un acumulado de 7.692 casos de contagio con Covid-19 en personal de la salud, (278 aislados, 600 asintomáticos y 7.362 recuperados). Sorprende e inquieta el número de fallecidos: 52. Una cifra que contrasta, por ejemplo, con España, que acumula 63 decesos de personal sanitario, pero tiene 10.000 defunciones totales más que Colombia. Esto confirma la diferencia en las condiciones de trabajo del personal médico aquí y allá. El nuestro alertó desde las primeras fases de la pandemia del gravísimo retraso en el suministro de implementos de protección, como guantes, delantales, uniformes quirúrgicos, mascarillas N95, gafas y visores protectores, entre otros. Ello pese a que el Gobierno giró recursos adicionales para tales efectos. Por último, se denunció que algunos empleados sanitarios son obligados a seguir trabajando cuando han presentado síntomas del virus, otro tanto va a cuarentena sin garantía salarial e incluso hay entidades asistenciales que no realizan los respectivos reportes a las ARL para asegurar la cobertura de esta contingencia.
Como se ve, la pandemia puso en evidencia fortalezas, rezagos y falencias de nuestro sistema de salud. Impuso -a marchas forzadas- ajustes para actualizar equipos así como para organizar áreas especiales en hospitales y clínicas con el fin de fortalecer la atención a pacientes críticos, lo cual es beneficioso hoy y en el futuro.
Pero el tema de fondo es que la emergencia sanitaria agravó el núcleo del problema: el énfasis del sistema en la acumulación y el lucro y no -como debería ser- en el derecho a la salud de los colombianos. Surgieron miles de historias nuevas de ciudadanos víctimas -incluso con casos letales- de esta anomalía estructural. Vimos con mayor nitidez el maremágnum de las deudas acumuladas, las facturas vencidas y los desembolsos congelados, todo lo cual mantiene en zozobra a muchas entidades. Pero sobre todo quedó en evidencia el tamaño de las obligaciones incumplidas con el talento humano en salud. Médicos, enfermeras, especialistas y demás personal han sido los héroes dispuestos a arriesgar sus vidas, sufriendo incluso infames formas de discriminación y persecución. Héroes que han visto empeorar su ya crítica situación laboral.
Estos días trágicos nos confirmaron la urgencia de reformar el sistema de salud. Un ajuste en el que una de las prioridades sea devolverle al talento humano sectorial la dignidad, importancia, justicia salarial y garantía de estabilidad laboral que merece por su valor, conocimiento y sacrificio.