* La siempre polémica 'contratitis' de última hora

* ¿Decisiones en contravía del dictamen de las urnas?

Se agota rápidamente la cuenta regresiva para que los salientes gobernadores y alcaldes terminen su periodo. Ya en la mayoría de departamentos y municipios van muy avanzados los empalmes o incluso terminaron. Santa Marta era una de las pocas jurisdicciones en donde este proceso no había arrancado, pero tras un pulso jurídico muy intenso de varias semanas, el sábado, por fin, el Consejo Nacional Electoral declaró un ganador oficial y entregó la respectiva credencial al nuevo mandatario.

Sin embargo, en esa transición entre mandatarios salientes y entrantes se está registrando una serie de polémicas y hechos anómalos que prenden las alarmas sobre la transparencia gubernamental y la coherencia institucional en esas jurisdicciones.

De un lado, varios gobernadores y alcaldes elegidos el pasado 29 de octubre se quejan de que los ejecutivos que terminan su período el próximo 31 de diciembre están tomando decisiones de alto calado, tanto desde el punto de vista presupuestal, como de gestión y contratación. Decisiones que sería mejor, acorde con el mandato de las urnas de hace cuatro semanas, que se dejaran en cabeza y a criterio de las administraciones entrantes.

Nadie niega que los actuales titulares mandan hasta el último día de este 2023, pero en modo alguno esa prevalencia legal puede ser una patente de corso para firmar a las carreras, sin las formalidades del caso, saltándose incluso los principios básicos del Estatuto respectivo, contratos y licitaciones para grandes obras de infraestructura y proyectos de alta complejidad y monto presupuestal. En algunos casos, como se ha denunciado en la capital del país, algunas de esas medidas que se están concretando en estas semanas van en clara contravía con el programa y lo prometido en campaña por el burgomaestre electo.

No deja de ser paradójico que hace cuatro años muchos de esos gobernadores y alcaldes que hoy son señalados de este tipo de actuaciones polémicas, denunciaban a sus antecesores por incurrir en las mismas actitudes.

Otra de las grandes quejas que se escuchan de los mandatarios entrantes se refiere a una ‘contratitis’ aguda de última hora en muchas entidades del orden regional o local. Se habla de enganche o renovación de personal a gran escala, así como de medidas que comprometen vigencias presupuestales futuras, dejando a la próxima administración, como se dice popularmente, con las ‘manos amarradas’ y la ‘olla raspada’.

No en pocas ocasiones este alud de contratos y decisiones de última hora terminan violando el ordenamiento constitucional y legal, razón por la cual sus responsables en pocos meses se ven inmersos en procesos de orden penal, disciplinario y fiscal.

La situación es tan crítica que ya varios de los nuevos titulares han advertido que harán una especie de ‘auditorías forenses’ en muchas de las entidades, pues sospechan de actuaciones corruptas y desgreño administrativo.

De allí que no solo sea urgente llamar a los mandatarios que están a punto de entregar el poder a que actúen con la máxima cautela y ponderación en el remate de sus periodos, respetando la voluntad popular que determinó a sus sucesores y sus programas, sino que es imperativo que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría generales activen un plan de contingencia para vigilar en tiempo real todo este tipo de actuaciones para evitar que se pongan en riesgo el erario, así como la efectividad y la transparencia en la cosa pública.

De igual manera, es necesario que los entes de control dirijan su atención a ese tema de las ‘auditorías forenses’, que es claro son revisiones informales que hacen los funcionarios entrantes, pero que bien pueden servir de insumos para revisar oficialmente la veracidad o no de su carga denunciante.

Como lo hemos señalado en estas páginas, es evidente que hace falta una reglamentación de las transiciones entre las administraciones entrantes y salientes, tanto en el orden nacional, como a nivel de departamentos y municipios. Dicha legislación no solo tiene que  normativizar los empalmes, que hoy son claramente subjetivos y casi caprichosos, sino que también debe fijar las reglas del juego en torno a lo que les está permitido y lo que no a los mandatarios salientes en materia de gestión y contratación, y qué rol pueden llegar a tener los entrantes en esa fase. Esta es una zona gris en Colombia que está generando una gran cantidad de cortocircuitos e incertidumbre, de allí la urgencia de superar esta lesiva situación.