La  defensa del orden está ligada a la de la soberanía nacional y  es un compromiso de la sociedad y del Estado irrenunciable. El esfuerzo por alcanzar la soberanía nacional en un país agredido sistemáticamente por la violencia ha sido estéril en determinadas regiones, lo que influye en la penosa situación que determina  que en más del 70 por ciento del territorio la soberanía sea precaria. Así como en las zonas de la periferia cuando el hombre deja de cultivar la tierra y de luchar contra la maleza, esta se traga en poco tiempo grandes extensiones cultivables y devora hasta la infraestructura. Lo mismo se repite con la autoridad que se recobra en una región, en un paraje, en un lugar de conflicto que se recupera para la ley y el orden, es preciso estar alerta para que de nuevo los violentos de antes y otros que suelen estar al asecho no desafíen con éxito la autoridad. Y la acción represiva de las fuerzas estatales en los casos en los cuales elementos armados la retan debe ser contundente y eficaz, en cualquier lugar de la República urbano o rural. La presión sobre las autoridades de crear republiquetas campesinas, incluso en las ciudades bajo el amparo de alcaldes que pueden simpatizar en algún momento con las fuerzas disolventes que se enfrentan al Gobierno nacional, es inadmisible.

En tal sentido el jefe de Estado, Juan Manuel Santos, ha sido enfático, en cuanto a la defensa del orden y la ley. No permitirá que con bloqueos, ni por medio de amenazas, de marchas, de asonadas, de paros  armados o asaltos o bajo ningún pretexto, se atomice y desintegre la República. Estos hechos no son casuales y las orejas de los elementos proclives a favorecer a la subversión asoman tras los agitadores  de muchas de las protestas por justas que puedan ser, que no siempre lo son y suelen tener distintos móviles. Incluso se dan casos de contagio masivo, de gentes y hasta gremios que salen a protestar por cuanto entienden que el Estado se torna generoso y les puede dar una ayuda para calmar los ánimos. En especial cuando se enteran de que algunos sectores después de las protestas reciben jugosos cheques. Por eso, un gobernante europeo le decía a la sociedad: ‘déjenme ser fuerte para no tener que ser violento’. La autoridad se debe respetar y hacerse respetar. La pericia de las fuerzas del orden militares y policiales, en principio debe mantener una cierta distancia de la población y actuación profesional que evite la confrontación y consiga con su sola presencia que se restablezca el orden. Se trata del efecto disuasivo. Modelo policial más efectivo es el de los agentes desarmados en algunas ciudades del Reino Unido, que cumplen su misión con efectividad apoyados por la población, modelo que requiere un alto grado de civilización y que en ocasiones aun en Londres y otras ciudades ha desafiado la turba, pero que de nuevo se restablece y funciona.

La violencia colombiana se extendió por el país desde el siglo XIX, cuando los políticos la emplearon como fórmula para desconocer los resultados electorales o disputarse en circunstancias extremas el poder, lo que facilitaba el Estado débil imperante. Por esos tiempos se llegó al colmo de la utopía de suponer de manera infundada que los problemas estatales y sociales se resolvían solos. Proliferaron doctrinas que consideraban  que la mejor contribución de los mandatarios era la de dejar hacer y dejar pasar, con ideas tan disolventes y con gobiernos que desconocían los principios elementales de la buena administración, que el país se estancó y el orden se hizo inviable, hasta que apareció ese gran estadista, Rafael Núñez, que creó el Estado Moderno entre nosotros, restableció la autoridad y la majestad de la justicia, contra la que se levantaron los enemigos políticos, hasta que finalmente nos trajo la más larga etapa de paz a  principios del siglo XX hasta 1930. Para infortunio de Colombia gran parte de su  obra fue demolida y desconocida su filosofía política, parcialmente, en 1991, por lo que parte de la zozobra y agitación que sacude el país se debe a que las más sólidas instituciones de la democracia se vienen socavando desde 1991, por los violentos y , en algunos casos, por cuenta de cortes que, como lo advierte el procurador Ordóñez, entran a legislar y usurpar las funciones del Congreso de la República.

La tarea de recuperación del orden, del control de extensas regiones pasa, necesariamente, por el dominio estatal de la autoridad en las vías. Esa es una lucha recurrente, que requiere del esfuerzo permanente de las autoridades. Cuando se levantan peajes, se bloquean por sistema las carreteras, las avenidas y plazas, se horada la autoridad. En esos casos es preciso reaccionar rápidamente para evitar complicaciones y la extensión del desorden. No cabe duda de que estamos ante algo más que los retozos populares, vamos derecho a un paro nacional de grandes proporciones. El fracaso de los negociadores oficiales en el Catatumbo, la presión sobre las petroleras, los mineros que retan al Presidente el mismo día que dice que no tolerará que prospere el desafío a la autoridad, lo delatan.