* Pobre en objetivos e ignorante de necesidades

* Un evidente retroceso frente al sistema actual

Tanto o más que las polémicas reformas laboral, de salud y pensional que impulsa el gobierno, la referente a la educación merece la preocupación y la alerta máxima de los colombianos. Como está formulada −pobre en objetivos e ignorante de los retos y exigencias que imponen al sistema educativo las nuevas realidades derivadas del auge de la tecnología y de la sociedad del conocimiento− no representa un avance, sino un serio retroceso respecto del sistema actual.

El Ejecutivo concretó su propuesta a través del proyecto de Ley Estatutaria 224 de 2023 y otro de reforma de la ley 30, del cual publicó ya un borrador. El primero, pese a múltiples voces de alerta acerca de su inconveniencia y a que −como el de la salud− no cuenta con el concepto del Ministerio de Hacienda sobre su impacto fiscal, surtió con éxito sus dos debates en la Cámara de Representantes y pasó a estudio del Senado de la República. En el segundo sí fueron escuchadas las críticas, se detuvo la iniciativa por inane e insustancial y su nueva redacción fue encomendada a un grupo de expertos.

Algunos sectores del Congreso se han desentendido de los cuestionamientos que pesan sobre las reformas a su consideración debido al presunto pago de sobornos a los presidentes de Senado y Cámara, así como a más congresistas. Por el contrario, prosiguen su actividad como si nada. Sobre la iniciativa de educación −que deberá ser resuelta por el Senado antes del próximo 20 de junio− pesa esa grave objeción ética.

Además de ello, lo que más preocupa es la grave amenaza que representa para las finanzas públicas esta reforma porque declara la educación como derecho fundamental de alcance universal, sin especificar de dónde saldrán los recursos para garantizarlo. Se ignora, irracionalmente, que Colombia no cuenta con infraestructura ni con elementos humanos y técnicos para dar abruptamente ese salto.

La reforma no se ocupa de mejorar la calidad de la educación preescolar ni la educación básica −una de las mayores debilidades de nuestro sistema−. Tampoco de vincular nuestra educación con el mundo del trabajo ni con las necesidades del desarrollo, pero sí centra su atención en las universidades, en contravía con la realidad de que el 65 % de las ocupaciones en Colombia son de nivel práctico y técnico.

En su claro estilo “petro-fecodista” la proyectada norma pretende restringir la docencia a licenciados en educación, un exabrupto que dejaría sin oficio a los miles de otros profesionales que hoy enseñan en nuestras instituciones. Y busca extender al ámbito nacional que las decisiones se adopten en forma “democrática, participativa y pluralista”, lo cual suena bien en la letra, pero en la realidad va en contra de la autonomía universitaria, como lo certifica la crisis actual de la Universidad Nacional.

Como si fuera poco, el proyecto pretende concentrar todos los esfuerzos y recursos del presupuesto en la educación pública. Para ambientar la idea replicaron la estrategia de la crisis inducida que utilizaron para debilitar a las EPS en la reforma a la salud y dejaron de girar los recursos que adeuda el Icetex a las universidades privadas para el primer semestre de este año, lo cual tiene a varias al borde de la bancarrota. De forma vana e inconveniente el proyecto plantea estatizar la educación superior −como ocurrió en Venezuela−, desconociendo que en nuestro país las instituciones privadas son 72 % del total, acumulan 46 % de la matrícula y, además de la cobertura, son el gran sustento de la calidad del sistema.

Ya habíamos señalado desde estas mismas páginas que es irresponsable desperdiciar la oportunidad de acometer la profunda, inspirada y compleja reforma que requiere nuestra educación para dar a las presentes y futuras generaciones una formación apropiada a las exigencias de las nuevas realidades del mundo. También advertimos que el ajuste no debía limitarse, como está ocurriendo, al microcosmos de las demandas y reivindicaciones de Fecode.

Igualmente, subrayamos la conveniencia de inspirar y nutrir la reforma con los documentos de las comisiones de Sabios de 1994 y 2019, los abundantes estudios disponibles en Colombia y en el ámbito internacional y, sobre todo, con la participación directa de los grandes expertos con que cuenta el país en la materia. Haría muy bien el Senado en detener y hundir el proyecto, replanteando su derrotero. El Gobierno, a su turno, debería iniciar un nuevo proceso, a la altura de las necesidades y en manos de verdaderos conocedores de la materia.