¿Hace agua el sistema?

Urgen grandes reformas

Crece  la preocupación en casi todos los sectores de la sociedad por cuenta de los cortocircuitos en la Rama Judicial,  columna y baluarte fundamental del Estado. Sin justicia pronta y eficaz el sistema agoniza y prospera la inicua inoperancia de la ley. Democracia y libertad, sin justicia, se pervierten, así se proclamen solemnemente en la Carta Política. Poco se saca con efectuar elecciones cada cuatro años en las que a pesar de la abstención sufragan millones de seres, convencidos de que con su voto y participación fortalecen el Estado y lo relegitiman, si en las distintas instancias judiciales los procesos se mueven en cámara lenta cuando progresan o se quedan empolvados en los anaqueles o en los discos duros de los ordenadores. Grave y gravísima es la denegación de justicia por cuenta de la morosidad de la misma, y los trastornos que la aquejan. Es desalentador comprobar que  después de muchos años  y diversas apelaciones se llega a las altas cortes para que fallen sobre procesos importantes, cuando esto ocurre y se cree que se superaron los engorrosos trámites, derroche de energías y diligencias, resulta que la contraparte interpone una tutela justo contra lo que se entendía como fallo definitivo, por cuanto un juez inferior resuelve desconocer los dictados de la magistratura.  

La razón de ser del Estado en las sociedades civilizadas en parte se fundamenta en dar suma competencia a la Rama Judicial para que resuelva los problemas jurídicos entre el Estado y los particulares o entre otros Estados, para que aplique las leyes que el poder legislativo aprueba con la finalidad de consagrar el imperio del orden. La morosidad en  aplicar la ley y la corrupción, son enemigos viscerales del régimen democrático. En no pocos de los casos penales y los delitos que se cometen en Colombia, tiene mucho que ver la impunidad. Existen en el país oficinas de “cobranzas” donde sicarios a sueldo efectúan  los cobros por la fuerza, negocio que se ha vuelto tan próspero que ya existen una suerte de multinacionales clandestinas del crimen organizado capaces de cobrar y perseguir a los evasores hasta cualquier rincón del planeta. Y los sicarios cuando son capturados vuelven al poco tiempo a sus fechorías. En los negocios civiles existen cadenas de intermediarios sin escrúpulos   que ofrecen hacer avanzar los pleitos hasta las más altas instancias por elevadísima suma de dinero, incluso sostienen que cuando el caso está en manos de un fiscal o juez incorruptible, prefieren esperar hasta que pase el negocio a funcionarios más dóciles y receptivos a la concupiscencia.

En los Estados Unidos tras  la declaración de la Independencia en 1776 implantaron un sistema jurídico en el cual la Corte Suprema es la encargada de cerrar los casos judiciales sin que ninguna otra instancia, y menos el Ejecutivo se atrevan a cuestionar sus decisiones de cierre en los pleitos. En Colombia la Corte Suprema en medio de las guerras civiles cumplió su misión de velar por el imperio de la justicia. En la Constitución de 1991, en el atolondrado afán de copiar otras constituciones, se agregaron nuevas cortes al estilo alemán, francés, o español. Se rompió con una tradición jurídica que venía desde los orígenes de la República, quizá con la mejor de las intenciones, siendo en algunos aspectos decisivos los resultados y funestos en la práctica. El Nuevo Siglo ha defendido siempre a la Rama Judicial y las instituciones fundamentales del sistema, lo que no nos impide reconocer que en delicados aspectos el aparato de la justicia está empantanado.

Las cortes se arrogan peligrosamente facultades legislativas y del Poder Ejecutivo, un día intervienen en decisiones técnico-políticas para forzar al gobierno a que invierta 6 billones de pesos en la descontaminación del río Bogotá, otro desconocen la legitimidad de leyes aprobadas por el Congreso, con argumentos que transgreden su propia competencia. En ocasiones, sus fallos derivan en  fórmulas explosivas, que complican aún más los litigios y la solución de los problemas. El abuso de la tutela, un bogotanismo, que en otras partes se denomina ley de amparo, pone en peligro el engranaje del sistema y lleva a extremos en los cuales un juez disiente de los fallos de la magistratura y desconoce las cláusulas de la Constitución vigente; lo que en cualquier otro país se entendería como un prevaricato. Se deben buscar consensos para las reformas que hagan resplandecer la justicia.