* Un desafío al Estado y su legitimidad
* Vacíos de la estrategia gubernamental
La crisis de orden público que se registró este fin de semana en Tuluá, uno de los municipios más importantes del Valle del Cauca, va más allá de la reacción violenta de una organización criminal por la captura de su máximo cabecilla.
Como se sabe, “La inmaculada” es una red criminal que domina gran parte del espectro delictivo en el norte de este departamento, otrora escenario de uno de los carteles del narcotráfico más grandes del país. Según los informes de la Policía y las pesquisas de la Fiscalía, a la señalada organización se le atribuye el manejo del tráfico de drogas, extorsión, secuestros, estructuras de sicariato y demás espectro delictivo en Tuluá y poblaciones aledañas.
Si bien las autoridades han combatido a esa red desde hace años y le asestan golpes continuos, varios asesinatos, entre ellos el de un concejal conservador atacado el 31 de diciembre, y actos terroristas el año pasado volvieron a relievar su nivel de peligrosidad, más aún porque en medio de la campaña para los comicios regionales y locales uno de las denuncias más reiteradas por algunos candidatos y veedurías ciudadanas fue, precisamente, que “La inmaculada” tenía nexos con políticos locales.
De hecho, el atentado contra el cabildante, quien falleció el 2 de enero por sus graves heridas, estaría relacionado, según algunas versiones locales, con amenazas de la organización delincuencial respecto al proceso de elección del personero municipal. Es más, el propio alcalde Gustavo Vélez Román, también amenazado, no dudó en advertir que en ese municipio había una “organización político-criminal”.
Luego del crimen del concejal, la Policía y la Gobernación lanzaron un plan de choque en varios municipios contra este tipo de bandas. En el marco de la misma, el pasado viernes fue capturado en zona rural de Tuluá Mauricio Marín Silva, alias ‘Nacho’ o ‘La N’, principal cabecilla de “La Inmaculada”. Esa detención fue la que conllevó que el fin de semana la red criminal lanzará una oleada de ataques, incluyendo atentados a una patrulla de guardas de tránsito (uno de los cuales murió), quema de vehículos y amenazas a la población.
Si bien las autoridades reaccionaron de inmediato, militarizando el municipio, decretando un toque de queda, restringiendo la circulación de motos con parrillero y citando a un consejo extraordinario de seguridad, “La inmaculada” emitió un comunicado en donde culpa a las autoridades de lo ocurrido, exige la liberación de sus cabecillas y advierte que seguirán los actos violentos.
Aunque el alcalde, la gobernadora Dilian Francisca Toro, los mandos policiales y militares, así como el Ministerio de Defensa y el propio presidente de la República rechazaron la actitud desafiante de la banda criminal y ratificaron que seguirán los operativos para desarticularla, es claro que aquí hay un evidente desafío a la autoridad legítima del Estado. Un desafío similar a lo que años atrás pasó cuando se abatió, capturó o extraditó a los cabecillas del ‘Clan del Golfo’ o a lo que se registró recientemente con las amenazas y asesinatos perpetrados por la organización criminal de origen venezolano ‘Los satanás’, cuyo máximo cabecilla fue detenido en Ecuador y ahora está en una cárcel de máxima seguridad en nuestro país.
No en pocas ocasiones la estrategia de seguridad y orden público del actual Gobierno ha sido fuertemente cuestionada, sobre todo por sus planteamientos en torno a ofrecer a las bandas criminales mecanismos de sometimiento a la justicia, con gabelas de flexibilidad penal y penitenciaria, a cambio de que se entreguen a las autoridades y cesen su accionar delictivo. Para distintos sectores y expertos esos ofrecimientos oficiales han llevado a que varias redes criminales consideren que si aumentan su accionar violento pueden obtener un marco jurídico más beneficioso e impune, al tiempo que piensan que las autoridades policiales, militares, civiles y la Fiscalía deberían reducir las operaciones y medidas en su contra. De hecho, en el comunicado amenazante de “La inmaculada” se acusa al Ejecutivo de tender una “trampa” a sus cabecillas e incluso de desconocer un “gesto de paz”… Dada la gravedad de lo ocurrido este fin de semana, resulta urgente que este tema sea aclarado por instancias oficiales.
Por lo pronto, lo más importante es que en Tuluá y toda esta zona del norte del Valle las autoridades redoblen su presencia y efectividad para contener la oleada violenta. La población no puede seguir victimizada y el temor siendo el pan de cada día. De la forma en que se actúe en este caso dependerá qué ocurra con redes delictivas de similar dimensión en otras zonas del país.