* Urge un efectivo plan de choque nacional

* Innegable crisis en zonas urbanas y rurales

Las alertas en todo país están prendidas frente al deterioro progresivo de los índices de seguridad, convivencia ciudadana y orden público. Hay una especie de pico delictivo en campos, grandes ciudades y municipios pequeños e intermedios. A la creciente y cada vez más peligrosa actividad de bandas criminales organizadas de alto espectro, disidencias y reincidencias de las Farc, el Eln así como carteles del narcotráfico, minería ilegal y contrabando, entre otros actores ilegales, se suma un incesante accionar de redes de delincuencia común que tienen azotada a la ciudadanía de muchas capitales y poblaciones en todo el territorio.

No hay día en que, lamentablemente, se dejen de reportar en cualquier lugar del país homicidios, masacres, amenazas, desplazamiento forzado, ataques a la Fuerza Pública por parte de grupos armados, atracos callejeros, atentados, extorsión, microtráfico, agresiones a uniformados, asonadas y otra serie de delitos de alto impacto.

Si bien las estadísticas oficiales señalan que la curva criminal ha disminuido en algunas regiones, es claro que la ciudadanía presencia y sufre una situación cada vez más crítica. Los índices de victimización han subido y la percepción de inseguridad entre los habitantes de áreas rurales, urbanas y semiurbanas es cada vez más alta, según se desprende de las más recientes encuestas, en donde el temor a ser blanco de la delincuencia está a la par o incluso por encima de otras graves preocupaciones como la propia pandemia, el desempleo o el incremento de la pobreza.

La última semana es una prueba evidente de ese deterioro de la seguridad y el orden público: una patrulla policial atacada con explosivos en Antioquia, con saldo de un mayor y un patrullero asesinados; un atentado terrorista a una estación en Cúcuta; una masacre en Norte de Santander; otro líder social muerto en Cauca; un patrullero ultimado en Bogotá durante un procedimiento de requisa y otros dos agredidos con ácido; imágenes impactantes en las redes sociales y los medios de comunicación de personas heridas o muertas en atracos callejeros, establecimientos y residencias; nuevos focos de vandalismo en la capital del país; incautación de cargamentos de cocaína, marihuana y otras drogas; ocupación de billonarios bienes para extinción de dominio; capturas de importantes cabecillas de disidencias y carteles; la noticia del presunto asesinato en Venezuela de un coronel del Ejército colombiano secuestrado en abril pasado en Arauca por las disidencias de las Farc (ayer surgió una nueva versión que señala que estaría vivo); el secuestro a manos de esas facciones de otro subteniente este fin de semana en Sevilla (Valle)... La lista es muy larga.

Visto todo lo anterior, queda claro que se requiere un ajuste sustancial a la estrategia de seguridad y orden público. Hay un innegable pico delictivo, en donde queda en evidencia que cada día hay una mayor conexión y vasos comunicantes entre la delincuencia organizada y la común. También resulta claro que la tipología de las amenazas criminales en zonas rurales y cascos urbanos ya no presenta las grandes diferencias de años atrás, sino que se han mezclado peligrosamente. Igual resulta innegable que hay una creciente participación de migrantes en actividades ilegales. No menos grave es que los índices de reincidencia delincuencial siguen subiendo, ya que muchos capturados y judicializados están de regreso en las calles al poco tiempo…

Si bien nadie niega que la Fuerza Pública y las autoridades judiciales han aumentado de forma notoria su eficiencia en el combate a facciones criminales organizadas y comunes, el accionar de estas no declina sustancialmente. Esa es una realidad que no se puede enfrentar a punta de frías estadísticas oficiales, dado que continúa siendo alto el subregistro y ausencia de denuncia por parte de la ciudadanía víctima de los violentos e ilegales.

Visto todo ello es urgente que el Gobierno adopte un plan de choque a nivel nacional en materia de seguridad y orden público. Aparte de seguir conteniendo la pandemia e impulsar la reactivación socioeconómica, la prioridad en estos once meses que le restan en el poder, debe ser entregar un país más seguro en campos, municipios y ciudades. Ese es un clamor nacional y se requieren medidas audaces y contundentes en esta materia. Corresponde al Presidente de la República definirlas, liderarlas e implementarlas, con decisión y diligencia, coordinándolas con gobernadores y alcaldes, o imponiéndolas cuando sea el caso.

No hay que llamarse a engaños: la inseguridad está cercando al país, atemorizando a todos los colombianos en cada esquina. La Policía y las Fuerzas Militares se esfuerzan por contener este repunte delincuencial pero no es suficiente. Se requiere más acción y decisión gubernamental en el aquí y ahora. Esa es una de las prioridades nacionales y no hay tiempo que perder.