* Impacto de inversión social focalizada
* De Pastrana a Santos, y ahora estatal
La reciente entrada en vigencia de la ley que convierte en política de Estado el programa Familias en Acción tiene varias implicaciones trascendentales. De un lado, se evidencia el acierto que tuvo la administración Pastrana cuando creó este instrumento de inversión social focalizada y directa que, junto a otras estrategias del mismo corte, le dio al Plan Colombia un ámbito integral, es decir, que el esfuerzo oficial no sólo se concentraba en el combate eficiente a los factores generadores de violencia sino en acompasar también acciones institucionales que permitieran superar progresivamente los escenarios de pobreza, vulnerabilidad, inequidad y exclusión que terminan siendo caldo de cultivo para el resentimiento poblacional y, peor aún, la criminalidad.
El impacto de Familias en Acción fue tal que incluso el gobierno anterior lo continuó y potencializó, más allá de que se hayan rebautizado algunas de sus estrategias puntuales. El presidente Santos, que incluso en la campaña de 2010 llegó a ser acusado de buscar desmontar este programa, no sólo prosiguió su fortalecimiento sino que ahora, con el concurso de todos los partidos representados en el Congreso que aprobaron la ley respectiva, decidió elevarlo a política de Estado permanente. Ya no dependerá de la discrecionalidad de los gobiernos de turno, sino que será obligatoria su implementación así como la asignación de los recursos correspondientes. Ello resulta clave no sólo para continuar por el sendero de disminuir los todavía altos índices de pobreza e indigencia, sino para cumplir a cabalidad lo que significa ser un Estado Social de Derecho.
Hoy por hoy hay más de 2 millones 600 mil familias beneficiadas con este programa, que se ha convertido en la columna vertebral de toda la estrategia de inversión social del Gobierno, sobre todo en materia de apoyo a las comunidades más necesitadas del país. El sistema de subsidios condicionados ha permitido asegurar la permanencia de millones de niños en la red educativa, la cobertura en salud para las personas con menores recursos y la asistencia económica directa a un gran número de núcleos familiares vulnerables, de desplazados y minorías étnicas.
A diferencia de las políticas asistencialistas, Familias en Acción tiene un sistema de ayuda directa y medición de indicadores que permite asegurar que las ayudas económicas a los más débiles cumplen su objetivo y no son dilapidadas por los beneficiarios o se pierden en intrincados modelos de intermediación y burocracia nacional, regional o local. El esquema de subsidio condicionado demostró su eficacia en la medida en que el cumplimiento de las familias de las obligaciones establecidas para seguir recibiendo los apoyos, redundó en menores tasas de desnutrición y deserción escolar, así como más talla infantil y un rendimiento académico progresivo.
Elevado ya al rango de política estatal, lo importante es que no se baje la guardia en materia de ampliación de la cobertura de Familias en Acción. Es claro que esta herramienta es una vía efectiva para promover una mejor redistribución del ingreso y disminuir la desigualdad en un país cuya economía muestra síntomas de bonanza sectorial y sus principales indicadores se mantienen en positivo.
Por lo mismo no puede existir excusa alguna que impida, en esta tercera fase que arranca en julio, elevar en 300 mil el número de familias beneficiadas. Se prevé una ampliación de los subsidios y la creación de otros programas referentes a incentivos para familias vulnerables con miembros en situación de discapacidad, mejoras en la alimentación escolar así como estrategias para prevenir el embarazo de adolescentes y evitar la explotación laboral de niños en la minería. Todo esto a través de revivir programas como Jóvenes en Acción y crear otros como Discapacitados en Acción y Alimentos en Acción.
Lo cierto es que a partir de la nueva ley Familias en Acción se convirtió en un derecho, es decir, en exigible al Estado.