No siempre las iniciativas legislativas son positivas para el país. Muchas de las leyes que son aplaudidas por la opinión pública y por los medios de comunicación cuando se presentan al estudio del Congreso o se aprueban, tras  largos e intensos debates, en la práctica resultan funestas. Cuantos presentan una ley, en particular los representantes novatos, consideran y así lo suelen expresar, que esa nueva iniciativa va ser decisiva para mejorar las costumbres políticas y beneficiar a los colombianos. Son diversos los factores que inciden en el optimismo y la producción legislativa; se tiende a creer que con una ley se modifica la realidad, que la ley todo lo puede. Y con la mejor intención se copian con frecuencia escritos del exterior que  allá han dado benéficos resultados pero que aquí son un fiasco en tanto no se consulta la realidad nativa, ni la tradición y las condiciones de la sociedad colombiana.

Es un hecho que entre las propuestas que se presentan y las que se aprueban no siempre corresponden a la bondad que aducen y en no pocos casos se  han aprobado leyes para favorecer a un sector interesado de la sociedad. Lo mismo que no faltan los legisladores que pretenden leyes para beneficio personal o del gremio que representan. Como tampoco no faltan los micos de última hora que elementos de torcida intención le insertan a las más bondadosas iniciativas, arruinando los objetivos de los legisladores que desean servirle a la sociedad, fuera del hecho incontrovertible que en el país sobran leyes, estamos recargados de un formulismo que torna la burocracia casi inoperante y que en algunos casos no solamente no solucionan los problemas, sino que los enrarecen y complican  más.

Entre las iniciativas bien sustentadas y defendidas con argumentos sólidos, respetables y justos se destaca la del representante a la Cámara, Telesforo Pedraza, en el sentido de abolir la denominada circunscripción nacional al Senado que introdujo la Carta de 1991, al romper la tradición jurídico-política que venía desde la fundación de la República, en el sentido de elegir senadores comprometidos con sus Departamentos, para determinar los alcances de su compromiso con los electores  y su capacidad de ayudar al desarrollo regional.  Sostiene, con razón,  Pedraza -quien hace rato viene estudiando el tema- que con la figura del Senado Nacional el único objetivo es “promover figuras nacionales, a la espera de que aparezcan  unos seres milagrosos orientadores de la vida nacional”. Seres excepcionales, que no aparecieron. Por el contrario, con pocas excepciones, impera la medianía, quizá en parte por el costo de la elección nacional, que es una suerte de mini campaña presidencial por sus exorbitantes costos en la que pesan más las chequeras que las programas o el talento de los candidatos. Y además, esa iniciativa fue tan absurda que se pretendía fomentar esas figuras nacionales sin tener en cuenta que entre los requisitos que se exigieron para ser senador son los mismos que para convertirse en  representante a la Cámara. Así que, por sustracción de materia, lo que hemos obtenido es que los parlamentarios no se diferencien mayor cosa entre Cámara y Senado.

Pedraza sostiene que la figura del senador nacional ha venido a descomponer la política y “nada nuevo le ha traído distinto a la corrupción”. No vacila en denunciar que para llegar al Senado se puede gastar 5 mil o 6 mil millones de pesos”. Abolir el Senado nacional debe ser un objetivo de los legisladores, políticos conservadores y de otras tendencias políticas que están contra la corrupción y la injusticia, y a favor de la democracia, como lo ha planteado en diversas oportunidades EL NUEVO SIGLO.

Y en el anverso de las iniciativas que se presentan a la consideración del Congreso tenemos la que propone el presidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Ardila. El funcionario pretende que el ente que, inicialmente, según la Carta de 1991, tenía funciones de aconsejar a la Registraduría en asuntos electorales, lo que después se convirtió en magistratura  similar a la de las altas cortes, con las que no se compara ni por su objetivo, sus responsabilidades, ni sus funciones, se convierta ahora en un fortín burocrático autónomo y poderosísimo.

Como la entidad no ha cumplido sus objetivos a cabalidad y cada vez que hay elecciones es seriamente cuestionada, ahora pretenden obtener un presupuesto propio y autonomía administrativa, lo que va en contravía de reducir el tamaño del Estado y de no malgastar el dinero de los contribuyentes. Como en el pasado se habían presentado casos de manipulaciones de los resultados y delitos conexos, mediante la revisión de los escrutinios, lo que llevó al Consejo de Estado a declarar esas facultades como inconstitucionales, ahora quieren volver a abrir la puerta de esas trapisondas.  Y para eso cuentan con un estudio de la ONU en donde dizque se pretende “darle un revolcón a la organización electoral colombiana”. Como se sabe, estas reformas suelen estar ligadas a intereses particulares, que cada vez que se viene un nuevo proceso electoral modifica la estructura de la entidad o la modalidad de los comicios para favorecer un determinado sector político.

La gran diferencia entre esos dos proyectos que se van a presentar al Congreso es que el del representante Pedraza no le costaría nada al Estado y el del Consejo Nacional Electoral agravaría aún más la penosa carga impositiva de los colombianos, sin solucionar el problema de fondo que es eliminar de raíz el fraude en Colombia.