Se anuncia la posibilidad de crear un Ministerio de Seguridad, iniciativa que apenas se esboza y puede ser positiva. Dicen que dicha propuesta tiene que ver con la preocupación por el aumento de la inseguridad en las ciudades, cuando en realidad las estadísticas muestran una baja en los delitos más sensibles, como el secuestro y la extorsión. Así a diario las gentes compran  más celulares y, contra las indicaciones mínimas de seguridad, caminan por las calles inmersas en su charla, lo que incide en aumento de hurtos. Existe  una mayor y más eficaz actividad policial en los cuadrantes, que por su naturaleza y la permanencia de oficiales responsables un tiempo determinado, como por la vigilancia sistemática de la zona mediante patrullajes, cámaras y diversas modalidades de información, permiten socializar con la población, verificar a diario los resultados y tomar los correctivos pertinentes. Al parecer crear un Ministerio de Seguridad tiene que ver con el impacto negativo del asesinato del agente de la DEA, que se subió a un taxi en la noche cerca del Parque de la 93 y fue víctima del ‘paseo millonario’. Los videos conocidos, la intensa difusión  en los medios, la captura de los taxistas-atracadores, la decisión de extraditarlos por un delito cometido en el país, suscitaron el mayor interés y conmovieron a la ciudadanía.

El Tiempopublicó recientemente un artículo conmovedor en el cual su autor, distinguido decano  de Ingeniería  de la Universidad de los Andes, describe el dolor y la angustia que sufrió su familia en Bogotá ese mismo día del deplorable asalto al agente de la DEA, por el asesinato de uno de sus familiares en las calles en un atraco  similar que,  por obvias razones, no repercutió en la opinión pública. Lo cierto es que los macabros ‘paseos millonarios’ que muchas veces las personas ni denuncian, satisfechas de salir con vida de la dolorosa experiencia de jungla, se multiplican. En tanto la Policía persigue a los delincuentes. Y de nuevo surgen los que reflotan la propuesta  que la seguridad pase al control privado. Al llegar a un acuerdo de paz en La Habana, con la desmovilización de miles de subversivos que controlan desde el punto de vista estratégico grandes zonas del territorio nacional, principalmente, en la periferia del país. Rodrigo Lloreda, en sus análisis sobre la violencia, mucho antes de ser ministro de Defensa, señalaba que los crímenes del hampa común superan los de la violencia “política”.

Lo curioso es que los partidarios de privatizar la seguridad sostienen que los vigilantes de las casas, los conductores de taxis, son vitales en esos casos. Lo mismo insisten en privatizar  las prisiones. Y como se sabe, siendo la mayoría de ellos personas buenas y respetuosas de la ley, son vulnerables y se dan casos como el de la tenebrosa banda comandada por el ‘Payaso’, así como otros en los cuales edificios con numerosos apartamentos  habitados por varias familias han sido desocupados sistemáticamente por bandas que cuentan, en ocasiones, con la complicidad del “vigilante”. Así mejoren día a día los sistemas  de video, las puertas blindadas, los mecanismos electrónicos y digitales de seguridad, que, también son vulnerables, puesto que no faltan elementos criminales que se las ingenian para conocer su funcionamiento. Lo cierto es que muchas viviendas particulares cercadas por rejas en Bogotá y otras ciudades semejan cárceles y quienes las habitan viven prisioneros en las horas de la noche, mientras en el día tienen que pagar peaje para cruzar la calle  que controlan los maleantes. Al punto que para combatir esos males  las comunidades se organizan, entran a ejercer vigilancia propia y conjunta, con eficaz apoyo policial, que hace lo imposible sin suficientes recursos, ni efectivos, por controlar una mega-urbe de más 8 millones de habitantes.

La propuesta de incorporar la Policía Nacional al Ministerio del Interior, la hizo en su momento Fabio Valencia Cossio, precisamente, con el argumento que de cristalizar en el gobierno de Andrés Pastrana la paz, esa iniciativa de pasar a los civiles la Policía, era razonable en cuanto en sus orígenes, desde los días de la Ciudad-Estado de los griegos, era civil, con funciones de preservar el orden. La Policía moderna que organiza el siniestro y talentoso ministro José Fouché, para Napoleón, tiene ese carácter de preservar el orden interno. Al avanzar en La Habana la posibilidad de conseguir que se desmovilicen las Farc, retorna el tema. Asunto que, como es natural, tiene defensores y detractores. Es esencial tener en cuenta que la Policía Nacional ha cumplido un papel crucial en hacer más eficaz el Estado, en combatir el hampa y enfrentar a los violentos en los más alejados municipios, por lo que sufrió numerosas bajas. Sin la Policía articulada nacionalmente los violentos  habrían avanzado casi sin resistencia por muchas regiones, cuando no se tenía la superioridad aérea. En la actualidad la Policía Nacional es ejemplo en la región de profesionalismo, disciplina y eficacia, en una lucha denodada contra las formas más sofisticadas y brutales del delito.

El contraste de la Policía de Colombia con las de otros países del área, como Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México y Brasil, para no citarlos a todos, es evidente. En esos países la policía local se ve a gatas para mantener la disciplina y combatir el delito, son frecuentes los paros por los bajos salarios y se forman, en ocasiones, peligrosas bandas policiales que en México han dejado miles y miles de muertos. La politización de la Policía, casi inevitable en manos de los civiles, lo que  en un país dado a la polarización política y signado por la violencia sería fatal. Mucho más peligroso en cuantos poderosos sectores de izquierda ligados a la subversión en los campos reclaman autonomía, para  federalizar e independizar  las zonas de reserva campesina, por lo que en esas regiones y en las alcaldías bajo su control político intentarían politizar la Policía y usarla como verdadera tropa de ocupación. ¡Ay! de Colombia y cuanta sangre inocente correría en el posconflicto, si cometemos la locura de desprofesionalizar, desmilitarizar,  desistitucionalizar, desvertebrar, anarquizar y  politizar  la Policía Nacional.