*Reformas para la paz

*Elevar el debate político

Los colombianos tenemos conciencia de los grandes beneficios y de los problemas irresolutos que nos ha dejado la vigencia y practica de la Constitución 1991, que creó nuevas instituciones con miras a hacer más eficaz la justicia, facilitar el combate a las mafias y a los grupos terroristas y las bandas de delincuencia común que han azotado al país. Tal como lo proclamo en 1600 el filósofo inglés, al que saqueó Rousseau y mal interpretó, los hombres en estado natural cuando no existe una ley defendida por la autoridad, son propensos al abuso, la codicia y dados a atentar contra el prójimo. Por tanto, para crear el orden y la civilidad, es preciso un pacto que da origen al Estado. Los hombres renuncian a un porcentaje de su libertad y se someten a las leyes que limitan la barbarie y los excesos, lo mismo que las sangrientas guerras intestinas, para alcanzar la protección de sus hogares, de la propiedad y edificar un medio social que haga posible la convivencia.

Los pueblos que no logran alcanzar ese nivel de cultura política para consagrar de manera solemne un pacto político para la convivencia están condenados a vivir en la permanente zozobra, angustia y violencia. Es el caso de Colombia azotada casi desde la fundación de la República por las bandas armadas que desafían la autoridad. El jefe conservador Álvaro Gómez, le propuso varias veces a la Nación y a los políticos pactar un acuerdo sobre lo fundamental. Esas transcendentales propuestas del dirigente político se  plasmaron en numerosos documentos en donde proponía lo que en su conjunto habría sido un modelo de Estado fortalecido. Lo que nada tiene que ver con el Estado burocrático gigantesco plagado de burócratas ineficientes, sino de un Estado reducido con elementos capaces y con la moral muy en alto para servir a la sociedad. Entre las grandes reformas que inspiró se destaca la Fiscalía General, que él concibió como un ente poderoso tecnificado y con fondos suficientes para combatir la criminalidad. Esa Fiscalía se adaptaba a la mentalidad colombiana y la modalidad jurídica tradicional, por lo que descartaba la oralidad al estilo de Estados Unidos. Tampoco concebía que se convirtiera en un elefante blanco, ni una  Gestapo sino que actuara con suma eficacia contra el hampa de toda laya.

La tutela fue otra de las grandes conquistas de la Constitución del 1991, que defendieron con ardor los constituyentes de entonces para dotar de un instrumento que le facilitara a los ciudadanos del común la posibilidad de apelar a la misma cuando hubiese denegación de justicia y se presentaran casos aberrantes contra la misma. Es de anotar que esa misma posibilidad se daba en la Colonia cuando los súbditos se les permitían recurrir al Rey cuando habían sufrido el abuso o la negación de justicia. En buena hora se instauró la tutela, cuando el país sufría el más escandaloso retraso judicial por la incapacidad de resolver con prontitud los pleitos judiciales. La tutela le ha salvado la vida a millares de pacientes y enfermos, que han acudido a ese recurso para que las EPS los atiendan, lo mismo que en múltiples casos sonados de abusos o denegación de justicia. Más la falta de una regulación apropiada de ese valioso instrumento ciudadano ha degenerado en los mayores atentados contra la majestad de la justicia, gracias a las artimañas de leguleyos que abusan de ese recurso para torcer el brazo de los jueces honrados y ampararse los que actúan con venalidad. Mensualmente tenemos un promedio de 35.000 tutelas, unas 420.000 al año que junto con los asuntos de su despacho que deben resolver los magistrados están a punto de provocar la parálisis judicial. Por lo que se amerita reclama al respecto una sabia reforma, que tenga más consenso que las que ya se han planteado.

En EL NUEVO SIGLO en repetidas veces a defendido  esas reformas y otras, como abolir la circunscripción nacional  para el Senado, que ha dado pie a la más estrafalaria y vergonzosa degeneración de la política, al obligar a los que compiten para llegar  a esa representación popular por el voto ciudadano al ominoso sistema de la compra de votos. En la proclamación como vicepresidente de la República de Germán Vargas Lleras, en la fórmula presidencial de Juan Manuel Santos, el primero planteó la necesidad de una serie de reformas políticas que se deben hacer en el país, que coinciden con lo que hemos manifestado numerosas veces en el sentido de acabar con la figura de la reelección presidencial y de “ponerle fin a la circunscripción nacional, que ha envilecido la política, y, además, avanzar en la eliminación del voto preferente”. En medio de los grandes problemas nacionales que agitan al país y las disputas mezquinas en las que se enredan la masa de nuestros políticos, temas como los que plantea con franqueza y voluntad política Germán Vargas Lleras, dentro del marco de apoyar la paz a todo transe,  son los que elevan el debate electoral en donde los colombianos debiéramos llegar a un acuerdo o pacto sobre el Estado que queremos.