*De entierros y aplazamientos
*Los retos del próximo gobierno
Una de las razones esenciales de la política consiste en crear las condiciones óptimas para que el país avance hacia las metas propuestas y que, en resumen, pueden catalogarse de fortalecimiento institucional y desarrollo con equidad social. Sobre ese eje puede soportarse, en buena medida, la búsqueda del bien común y de esos dos elementos fundamentales se desprenden, a su vez, los diferentes planes y programas a tener en cuenta en las políticas públicas de largo alcance.
Muchas son las cosas que, al respecto, han quedado pendientes. Y que, a raíz de los aplazamientos o fracasos de los últimos años, se constituyen en los retos del futuro próximo, pues el gobierno actual ya no cuenta con margen político ni con tiempo suficiente. Es una lástima, por supuesto, que haya sido así. Pero es evidente, a todas luces, que muchas cosas, aun las más apremiantes, se quedaron en el tintero. De hecho, el saldo reformista gubernamental, en el doble mandato que expira, es bastante exiguo, o si se quiere, no en las proporciones esperadas.
Desde el punto de vista institucional basta con ver los sondeos para constatar la gigantesca pérdida de confianza de los colombianos, tanto en la estructura del Estado como en la aplicación de sus funciones. Incluso se ha llegado a unos índices tan lamentables y generalizados que demuestran, sin duda, la magnitud de la crisis, en todos los aspectos cruciales, es decir que además de los altos rubros negativos ella tiene un carácter sistémico. Hace unos ochos años las encuestas ponían de presente, o al menos así lo pensaba una mayoría importante de la ciudadanía en los diversos estratos, que el país iba por buen camino y esto de algún modo se notaba en el aliento y vigencia de las instituciones. Si bien no era así en todo el cuerpo orgánico institucional, pues el Congreso perdió sintonía hace tiempo, los demás flancos recibían calificaciones apreciables. Hoy las cifras son contrarias, por completo, lo que demuestra el tamaño de la erosión de las instituciones y cuyo estado crítico, por más silencioso, no deja de ser el principal aspecto a reflexionar para quienes quieran ser los voceros venideros de la democracia colombiana.
En efecto, hoy las tres ramas del poder público son materia de una desconfianza general. Y frente a ello los requerimientos de mejora fueron prácticamente nulos, en los últimos tiempos. Así fue, por ejemplo, con la reforma de la justicia que, introducida con fórceps en la prohibición de la reelección presidencial, terminó en nada, lo mismo que la previa, objetada a última hora por el gobierno, dándole sepultura a su propia iniciativa. No menos grave fue haber dejado pasar al Congreso, durante el lapso, sin ninguna modificación que le permitiera recuperar legitimidad y solo ahora, en el ocaso, se pretende una reforma política que, por el contrario, necesita llevarse a cabo sin los apremios de la campaña ya en curso. Del mismo modo, la Presidencia fue motivo de una reforma administrativa, para mejorar la gobernabilidad, pero al año fue enterrada. Asimismo, el Ejecutivo quiso cambiar su operatividad a través de las agencias estatales, no obstante muchas de ellas, en especial las más importantes, han sido gravemente afectadas por la corrupción y en la actualidad algunas de las obras prioritarias del país están en entredicho. De igual manera, la reforma al sistema de regalías, con la cual se pretendió acertar para llevar los excedentes presupuestarios a todas las regiones, se quedó a mitad de camino, por falta de pedagogía, y también se le quitaron los saldos prometidos a la ciencia y la tecnología.
En tanto, reformas también anunciadas con gran bombo, pero en su momento retiradas, se quedaron ahí. Una de ellas, por ejemplo, la de la educación superior, de la que no se volvió a hablar nunca, pese a su importancia. Igualmente, mucho se ha hablado de la reforma pensional, indispensable para equilibrar las finanzas públicas, pero poco se hizo en la materia. Igual sucedió con la reforma minera, a pesar de las necesidades impostergables en un sector clave para el desarrollo colombiano. En tal sentido, hoy la minería está en jaque a raíz de las consultas populares sin concertación nacional. Y las consultas previas, sin ninguna adecuación reformista, siguen siendo un dolor de cabeza para este sector como para el de infraestructura. La salud tuvo una ley estatutaria pero se quedó sin mayor desarrollo normativo, lo que así da lo mismo. En varios momentos se prometió, por lo demás, una reforma tributaria estructural, sin embargo el período se fue en cambios solo para subsanar la crisis fiscal de turno.
Visto lo anterior, apenas a modo de repaso, es entendible el pesimismo nacional. Y para recuperar el optimismo hay que reconocer, en primer lugar, que hay una crisis. Lo otro sería la política del avestruz: esconder la cabeza en el hueco para no ver nada.
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