*Desgaste del equilibrio de poderes
*La decepción de la opinión pública
Una de las bases de todo sistema democrático es, sin duda, el equilibrio entre las ramas del poder público. La interacción armónica del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es el motor del aparato estatal y cuando uno de ellos asume una capacidad prevalente sobre los restantes, la institucionalidad se debilita progresiva y peligrosamente. La Constitución colombiana, en sus llamadas cláusulas pétreas, se ha cuidado de asegurar que dicho equilibrio no sea roto por mecanismos ordinarios ni extraordinarios, y en repetidas ocasiones la propia Corte Constitucional ha declarado inexequibles actos legislativos y leyes en aplicación de una jurisprudencia, ya muy estructurada, alrededor de la causal de la sustitución de la Carta Política.
Ese principio de equilibrio de poderes está una vez más sobre la mesa debido a la polémica que se ha generado en las últimas semanas por la decisión del Gobierno de objetar varios proyectos de ley y reforma constitucional tras considerar que los mismos o son inconstitucionales o son inconvenientes debido a su alto costo fiscal. En vista de que las iniciativas rechazadas por la Casa de Nariño tienen un gran impacto en los bolsillos de todas las familias, toda vez que se refieren a asuntos como disminución de edad pensional para mujeres, la rebaja del aporte a la salud de los pensionados, la ampliación de cobertura para tratamientos de fertilidad humana y el no cobro de reconexión de servicios públicos, se ha creado una inmensa polémica nacional en la que se señala al Ejecutivo de estar bloqueando normativas que favorecen a los estratos más bajos de la población o a los sectores vulnerables.
Si bien no es la primera vez que este Gobierno objeta proyectos aprobados por el Congreso, y en algunos casos el Legislativo aceptó las razones de la negativa y en otros el asunto lo terminó dirimiendo la Corte Constitucional, es claro que dadas las implicaciones de las leyes y actos legislativos ya mencionados, es pertinente analizar lo que aquí está en juego.
En primer lugar debe señalarse que todo gobierno de turno tiene la obligación de cumplir con la Regla Fiscal, una figura que se creó para asegurar que los gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión social del Estado se mantengan dentro de márgenes potables de disponibilidad presupuestal. Los cálculos preliminares que se han hecho sobre el impacto de algunos de los proyectos objetados señalan que su costo sería billonario y que las arcas estatales no tendrían cómo sufragarlo a corto, mediano y largo plazos, a menos que se aumenten sustancialmente los ingresos, ya sea por vía de más impuestos, venta de activos oficiales o un repunte económico extraordinario. En ese orden de ideas, mal haría éste o cualquier gobierno en viabilizar normas que no se podrán cumplir, en especial si son relativas al sistema pensional y de salud, que ya arrastran de por sí una crisis de sostenibilidad financiera bastante preocupante.
En segundo lugar, no deja de ser paradójico que pese a que la coalición parlamentaria gobiernista ha marcado el rumbo del accionar legislativo de los últimos tres años, imponiendo sus criterios a rajatabla en no pocas ocasiones, no haya atendido las alertas ministeriales que a lo largo de los debates en las comisiones y plenarias advertían sobre la inconstitucionalidad o la inconveniencia por razones fiscales de los proyectos hoy objetados. Si bien es cierto que el Legislativo tiene autonomía para aprobar o improbar las iniciativas que considere, le cabe a los senadores y representantes la responsabilidad de actuar en consecuencia con las realidades fiscales del país. Si existía la advertencia gubernamental sobre las iniciativas, debió tenerse la precaución de aprobarlas determinando paralelamente las fuentes presupuestales para sufragarlas.
Y, en tercer lugar, no se entiende cómo un gobierno que ostenta un record en materia de desfavorabilidad y un congreso que arrastra la calificación más baja entre todas las instituciones del país se exponen a que la opinión publica los descalifique, por igual, en medio del pulso de poderes que se está desarrollando alrededor de los proyectos objetados. Mientras al Ejecutivo grandes sectores poblacionales califican de “tacaño” y falto de sensibilidad social, otros señalan al Parlamento de incurrir en un peligroso populismo legislativo.
En vista de que en el Congreso las mayorías han dicho que no aceptarán las objeciones gubernamentales, entonces será la Corte la que defina finalmente este pleito. Se podría decir que se configura allí el sistema de equilibrio de poderes, pero lo cierto es que éste prevé que cada rama haga su trabajo y las otras la controlen. No que una termine haciendo lo que las demás no pudieron en su respectivo marco funcional.
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