NO  podemos, como otros medios de comunicación que se lavan las manos o se muestran sorprendidos con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, decir lo mismo. Desde el primer momento, del primer día en el cual nos enteramos de la demanda de Nicaragua contra Colombia, entendimos que se trataba de un  albur para desconocer nuestras fronteras. Son numerosos los editoriales, artículos y ensayos en los cuales a lo largo de los años manifestamos la más honda preocupación y profundo sentido patriótico por la defensa de nuestra soberanía. El domingo pasado volvimos a publicar como constancia histórica el editorial de El Nuevo Siglo del 24 de febrero de 2002. Allí se afirmaba de manera categórica nuestra soberanía bajo la doctrina del Uti Possidetis  Juris, doctrina bolivariana reconocida por la mayoría de países de nuestra región. En la época del Imperio Español en varias oportunidades ejercimos plena soberanía en esa zonas, las que solíamos patrullar desde Cartagena, como lo hizo el heroico comandante español Juan de Torrezar Pimienta, quien con sus navíos de guerra limpió gran parte del Caribe de invasores foráneos, siendo nombrado en premio Virrey de la Nueva Granada, cargo que ocupó brevemente y en el cual murió.

En ese mismo editorial del 2002 se insiste de manera categórica que la soberanía colombiana en San Andrés y Providencia, como en los cayos no depende del Tratado Esguerrra-Bárcenas, puesto que en ese tratado le regalamos a Nicaragua a cambio de nada las costas en el mar Atlántico que históricamente eran nuestras. Fuera del dominio y defensa que desde Cartagena se hacía de esa región marítima y costera del Virreinato de la Nueva Granada, el Rey de España expidió la Orden Real el 20 de noviembre de 1803 que reza: “El Rey ha resuelto que las Islas de San Andrés y la parte de la Moquitia desde el Cabo Gracias a Dios, hacía el río Chagres queden agregadas de la Capitanía General de Guatemala y dependientes del Virreinato de Santa Fe”. El Capitán General de Guatemala expresó entonces la complacencia de los súbditos por esa feliz determinación. Lo que  refuerza la doctrina del Uti Possidetis  Juris. La invasión por la marina de Inglaterra  en 1806 de San Andrés y el Archipiélago, derivó al poco tiempo en un reconocimiento pleno por parte de esa potencia de la soberanía española que envió sus naves a la zona y recuperó el pleno dominio territorial y marítimo. En 1881 la Junta Suprema de Cartagena organizó el Cabildo que sustituyó al gobernador español. Aury, al servicio de la Independencia ocupó temporalmente las islas e hizo contactos con Buenos Aires, que  no prosperaron. El 23 de Julio de 1822, Providencia se incorpora a la Gran Colombia y jura cumplir la Constitución de Cúcuta. Al poco tiempo, el valiente general Montilla a cargo del gobierno de Cartagena, reorganiza la Provincia en cantones, incluida San Andrés y las islas Mangles. Lo mismo que dispone civilizar la zona colombiana de la Mosquitia.

Al conformarse  las Provincias Unidas de Centroamérica, en tratado con Colombia reconocen la soberanía nuestra en la zona y la vigencia del Uti Possidetis  Juris. Al tiempo que se acuerda ejercer una vigilancia conjunta sobre la costa de los mosquitos. Lo que se hizo por parte de Colombia desde Cartagena y Panamá. Puesto que tradicionalmente la habíamos ejercido, como lo prueban numerosos hechos y documentos. Por órdenes de Santa Fe, el funcionario colonial Fabián Abances, le correspondió conocer e informar de la situación de la zona de Veraguas en 1787, hasta la Mosquitia. En uno de los apartes de su informe indica sus tratos con los indios de la zona, que tuvo en nombre del rey Carlos III, a los que se les hizo saber la buena armonía que deseamos tener con ellos “para cuyo fin se les invita comparezcan a los buques  de guerra que se hayan en este puerto en los que experimentarán dulce trato y obsequios”.

En dicho editorial de El Nuevo Siglo se insistía con premonición fatal que no debíamos aceptar la competencia de La Haya, que al Nicaragua desconocer el Tratado Esguerra-Bárcenas, nos debía devolver la costa que le dimos a cambio de nada. Y se agregaba: ”En especial -no debemos aceptar la competencia de la Corte- porque nos exponemos a una hipotética decisión salomónica”. Hoy los dramáticos hechos consumados nos dan la razón, cuando, aproximadamente, por cuenta de un fallo injusto de La Haya más de 20 mil kilómetros se pierden en el mar y prospera la teoría de los enclaves, peligro sobre el que advertimos varias veces.