* Maduro no podrá zafarse fácilmente
* Proceso será largo y muy complejo
La visita de Karin Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), a Venezuela ha centrado todos los focos no solo en esa nación, sino en el continente y el planeta entero. Y no es para menos: desde hace años se esperaba que algún día la justicia internacional hiciera presencia en el vecino país, donde el régimen dictatorial ha violado los derechos humanos en todas las formas posibles, generando una de las más graves tragedias humanitarias, sociales, políticas y económicas de las décadas recientes.
Pese a las múltiples voces que habían pedido a la CPI que se abalanzara sobre Nicolás Maduro y compañía, el alto funcionario se mostró mesurado y cuidó cada palabra en Caracas. Se inclinó por comunicados y declaraciones oficiales y solo se pronunció después de reunirse con las autoridades chavistas, la oposición y otros sectores. Esa actitud cautelosa evidencia la imparcialidad propia de su cargo y evita que su rol, así como el alcance del Estatuto de Roma (base fundacional de la Corte), sean satanizados gratuitamente por la satrapía dictatorial que suele escudarse en el desgastado discurso del ‘intervencionismo extranjero’ para esquivar los reclamos y condenas de la comunidad internacional a su actuar autoritario, violento, antidemocrático y violador de todas las garantías fundamentales.
A diferencia de lo ocurrido en Colombia, en donde Khan verificó sobre el terreno que se están investigando los delitos de lesa humanidad y que el Estado, desde la justicia ordinaria a la transicional (instituida esta última en la Jurisdicción Especial de Paz), puede cumplir esa labor, razón por la cual desactivó el proceso que existía contra nuestro país, en Venezuela pasó todo lo contrario. Al finalizar el examen preliminar de la CPI sobre lo que ocurre en esa nación, el Fiscal anunció lo que por años se esperaba: el inicio oficial de una investigación por graves violaciones de derechos humanos. En la reunión de Khan con Maduro, el primero aclaró que el examen preliminar que estaba abierto desde el 2018 era una etapa previa y ahora hay mérito para avanzar a la siguiente fase procesal en esta instancia de justicia transicional.
Esto significa que la CPI tiene acumulado material probatorio objetivo y suficiente sobre la ocurrencia de delitos de lesa humanidad y otras gravísimas violaciones a los derechos humanos. La oposición, en cabeza de Juan Guaidó, celebró este paso, señalando que el régimen apresa, tortura, asesina, hace montajes judiciales, impide la defensa judicial, reprime violentamente la protesta social y comete todo tipo de atrocidades en la más plena impunidad.
El proceso anunciado por Khan, entonces, es la culminación de una investigación seria y cuidadosa en la que se acumularon numerosos testimonios, documentos y pruebas fácticas que establecen la clase de delitos cometidos durante la hegemonía del régimen chavista.
Aunque tanto a nivel interno como externo no se entendía por qué la CPI no intervenía ante la evidencia de delitos graves, lo cierto es que se trata de procesos complejos. No hay que olvidar que esta jurisdicción solo activa su intervención cuando se han agotado todos los recursos de presión para que se atienda a las víctimas, se esclarezcan los hechos criminales, se castigue a los culpables y los gobiernos respeten el estado de derecho. Obviamente con el régimen chavista nada de ello ocurrió. Se constató que la justicia local es inoperante y ello lleva a que, por primera vez en nuestra región, la CPI ejercerá su autoridad de manera formal con capacidad de esclarecer la verdad y juzgar a los máximos responsables.
El régimen Maduro no puede negarse a la investigación y debe atender los requerimientos de la CPI, dado el inmenso respaldo que tiene el organismo a nivel global y la autoridad derivada de la ONU que lo acredita. Bloquear el tribunal le acarrearía una cascada de sanciones muy graves que ni siquiera los aliados de Caracas podrían saltarse gratuitamente. De hecho, Khan en visita oficial y discreta al Palacio de Miraflores, le explicó al cuestionado gobernante la decisión tomada para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos y señalar las respectivas responsabilidades.
¿Qué puede pasar en este proceso? Nadie lo sabe. Debe surtirse toda la causa y la dictadura tratará de negar los cargos. Hay que entender que se está ante un pleito judicial, con debido proceso, valoración probatoria y todas las formalidades del caso. No es un tema político ni ideológico, eso es claro. Habrá que esperar cómo se desarrolla, pero por el momento, lo importante es que Maduro y compañía están ya en la mira de la justicia internacional y será difícil que maniobre para escaparse de la misma.