- Se acabó el tiempo para elegir magistrados
- Hay que actuar con grandeza institucional
Tres días. Eso es lo que a partir de hoy le queda a la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia de la jurisdicción penal, laboral y civil, para evitar caer en un bloqueo institucional sin precedentes. Tras varios meses de pulsos internos que han impedido elegir a los titulares de las vacantes que se han ido generando, lo que llevó a que ahora sean siete las vacías, el próximo jueves se le vence el periodo al magistrado Ariel Salazar. De esta forma, el alto tribunal solo quedaría con 15 juristas actuantes, lo que impide tomar cualquier decisión en la sala plena porque el reglamento interno es taxativo en que este tipo de fallos requiere la votación de la mayoría calificada, es decir que se necesita del voto positivo o negativo de 16 de los 23 integrantes de la corporación.
Hace tres semanas se creía, tras la elección por la totalidad de los 16 magistrados del nuevo Fiscal General de la Nación, que por fin se habían allanado los acuerdos internos para destrabar la escogencia de los siete juristas, pero desde entonces se han llevado a cabo dos salas plenas con ese objetivo, ambas sin humo blanco. Las posiciones entre los integrantes de las salas Penal, Laboral y Civil siguen muy divididas y por ello ninguno de los candidatos a suplir las siete vacantes ha logrado sumar los 16 votos requeridos. Para mañana está citada una nueva sala plena extraordinaria teniendo ahora como eje de presión que Salazar termina su periodo el jueves, por lo que si se llega a ese día en la misma indefinición de los últimos meses la Corte ya no tendrá quorum decisorio y se concretará el bloqueo institucional.
Paradójicamente las dos fórmulas que se han planteado como alternativas para evitar esta crisis institucional tienen más peros que avales. De un lado, está la posibilidad de que la Corte determine modificar su reglamento interno y señalar que la mayoría calificada ya no serían las dos terceras partes de los 23 escaños de magistrados, sino que podría ser inferior, incluso contabilizada solo a partir de los juristas actuantes. Esta opción se estrella, de un lado, con sendas jurisprudencias del Consejo de Estado que ratifican la necesidad de 16 votos para cualquier decisión en sala plena y, de otra parte, así suene paradójico, que para reformar el reglamento interno hoy se necesitaría una votación unánime de los 16 juristas actuantes, consenso que ha, salvo en la escogencia del Fiscal General, no se ha logrado en muchos meses.
Una segunda alternativa iría en la dirección de que el Presidente de la República tuviera que declarar un estado de conmoción interior y proceder a designar directamente a los siete u ocho magistrados -si no hay humo blanco mañana o el miércoles- que faltarían. Sin embargo, reconocidos constitucionalistas han puesto en duda la eficacia de esta fórmula, señalando que no existe un hecho sobreviniente sustentado que justifique acudir a un estado de excepción, ya que esta problemática se conoce desde hace varios meses. A ello se suma que los antecedentes que se han citado sobre situaciones similares en que le tocó al Jefe de Estado de turno intervenir directamente en la escogencia de magistrados, datan de antes de la vigencia de la Constitución de 1991, a partir de la cual las realidades en cuanto a autonomía de poderes públicos y sistemas de pesos y contrapesos institucionales no solo son más fuertes sino casi imposibles de esquivar.
Así las cosas, no queda más que hacer un nuevo llamado a la Corte Suprema para que evite este bloqueo institucional en la máxima instancia jurisdiccional. Los 16 magistrados actuantes deben concientizarse del grave daño que ha sufrido la imagen y credibilidad del alto tribunal, ya de por sí muy golpeado desde tiempos del escándalo del ‘cartel de la toga’. Los rumores que circulan sobre presuntos bloques de juristas que quieren imponer a sus amigos en los escaños vacantes así como los señalamientos de supuestos pactos burocráticos y movidas aún más oscuras detrás del intenso pulso por las escogencias, son en extremo lesivos para la majestad de los 16 juristas y, sobre todo, de la máxima instancia de la justicia penal, civil y laboral.
Se acabó el tiempo. Llegó el momento de actuar con la grandeza propia de quienes integran la Corte Suprema para evitar que el país y el Estado queden expuestos a una crisis institucional sin precedentes. Ya habrá escenarios después para evaluar qué cambios, en el marco de la reforma a la justicia que se está confeccionando y cuyo primer borrador fue presentado la semana pasada al Congreso, deben hacerse al sistema de elección de los magistrados. Por ahora lo que se impone es que mañana se comiencen a llenar las siete vacantes, así sea parcialmente, de forma tal que el alto tribunal no se bloquee y la jurisdicción quede en vilo.