Muchas aristas en el debate en torno a si en Colombia debe eliminarse el decreto vigente de hace tres gobiernos que limita el porte de armas de fuego a la ciudadanía.

No se puede desconocer que la propuesta es una reacción natural al pico de crímenes de alto impacto que se están presentando en muchas zonas del país, especialmente en lo referente a atracos a personas, robos de vehículo, extorsión y casos de secuestro y sicariato.

Sería ingenuo negar que hay un desborde delictivo que las autoridades a nivel nacional no han podido contener, situación que tiene desesperada y contra la pared a la ciudadanía, cuyos índices de victimización han crecido de manera exponencial en los últimos meses, según la evidencian las encuestas de percepción en la mayoría de las ciudades y municipios, así las estadísticas militares y policiales señalen lo contrario.

Les asiste la razón a todos aquellos expertos y analistas que sostienen que aumentar el número de armas entre la población tiene como consecuencia inmediata y directa un mayor riesgo de heridos o muertos en riñas, casos de intolerancia o la reacción de las víctimas ante una agresión.

Sin embargo, también deben tenerse en cuenta los argumentos de quienes impulsan que se disminuya la restricción para el porte de armas de fuego, obviamente, debidamente autorizadas y con el salvoconducto respectivo. Resulta ingenuo desconocer que los criminales le han perdido algo de miedo a la reacción de las autoridades y, sobre todo, de las víctimas, pues saben que no tienen cómo defenderse.

Como se dijo, este no es un debate nuevo. Se ha dado en las administraciones Santos, Duque y ahora con la de Petro. Incluso en el Congreso, como ahora, se tramitaron sendos proyectos de ley para permitir que si una persona tiene permiso para un arma de fuego la pueda portar y ejercer su derecho a la legítima defensa ante una agresión injustificada.

Además, no se puede ocultar que la restricción al porte de armas legalmente amparadas está llevando a que no pocas personas las adquieran en el mercado negro, alimentando así un negocio que ha crecido de manera es exorbitante en los últimos años en Colombia.

Es hora de que esta discusión se aterrice de forma objetiva, ordenada y sin apasionamientos políticos ni desgastantes pulsos ideológicos. Lo mejor sería que las autoridades tuvieran más personal, equipos, presupuesto y apoyo normativo para cumplir con su misión de salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos. No obstante, eso no es posible y el Estado tiene que darle una respuesta efectiva a la población.