Una de las mayores problemáticas en Colombia tiene que ver con la cantidad creciente de niños y adolescentes que cometen delitos, algunos de ellos muy graves, como homicidios, hurtos violentos y violaciones.

Es claro que al ser menores de edad requieren un tratamiento penal diferenciado del que se aplica a los mayores de 18 años. Un tratamiento que va en la dirección de abordarlos no solo como victimarios sino también como víctimas y, por lo tanto, objeto de procesos de restitución de derechos. En otras palabras, más que someterlos a un castigo, se les conduce en un proceso de rehabilitación, resocialización e inclusión en la sociedad.

De allí que cuando son capturados y judicializados no son enviados a una cárcel ordinaria, sino a centros de internamiento especiales.

Hasta ahí todo claro. Sin embargo, la negativa del Instituto de Bienestar Familiar a recibir las instalaciones del moderno Centro de Atención Especializada (CAE) para menores de edad, ubicado dentro del Complejo de Justicia Campo Verde, en la localidad de Bosa y construido por la alcaldía de Bogotá, generó una polémica de amplio espectro.

Las autoridades distritales consideran que estas instalaciones cumplen con todos los requisitos para la atención y rehabilitación de los menores infractores, pero la entidad nacional sostiene que sus políticas van en la dirección de evitar el internamiento de los niños y adolescentes, esto bajo un enfoque de justicia restaurativa.

En la polémica terció la Defensoría del Pueblo que hizo un llamado tanto a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes como a los respectivos Comités Departamentales, al Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá para que adelanten un diálogo certero y propositivo, que permita garantizar espacios dignos para que los jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal puedan cumplir su sanción.

De hecho, la entidad del Ministerio Público anunció que en los próximos días presentará un informe sobre la situación de derechos de los jóvenes en el Sistema y formulará una serie de recomendaciones a diferentes entidades.

Obviamente en la polémica entre el Distrito y Bienestar Familiar han terciado múltiples sectores. Algunos consideran un error de la institución nacional no recibir el centro, toda vez que cuenta con instalaciones nuevas y adecuadas para que los menores infractores cumplan su sanción y adelanten el proceso de resocialización que ordena la ley. Esto a diferencia de otras sedes en donde los sancionados permanecen hacinados o protagonizan fugas o riñas.