* 50 mil afectados por otro ‘paro armado’

* Balances gubernamentales vs. realidad regional

Por muchas décadas la frase “Chocó es un departamento olvidado y abandonado” ha hecho carrera en Colombia. Pese a que todos los gobiernos de turno han prometido superar esa crisis endémica y poner como prioridad la superación de las múltiples problemáticas de una de las regiones más ricas en biodiversidad y recursos naturales del país, lo cierto es que continúa siendo la de más altos índices de pobreza, desigualdad, exclusión social y escenario permanente de distintos factores de violencias cruzadas.

En los últimos días, mientras todos los ojos del país están puestos en los picos de inseguridad y desorden público en Cauca y Arauca, por ejemplo, la dramática situación de Chocó ha estado casi que en segundo plano. Y esto pese a que el departamento afronta desde el comienzo de la semana un ‘paro armado’ presionado por la guerrilla del Eln que, de acuerdo con los datos de las autoridades locales, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, está afectando a no menos de 50 mil personas de cabeceras municipales y zonas rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan. También están impactadas decenas de comunidades indígenas, corregimientos de población afrodescendiente e incluso las extensas cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón.

El ‘paro armado’ es promovido por el ‘Frente noroccidental de guerra’ del Eln en el marco de los cruentos combates que mantiene con cuadrillas del ‘Clan del Golfo’ por el dominio de rutas de narcotráfico, migración y explotación de oro ilegales y tala de árboles, entre otras rentas ilícitas. Resulta claro, por demás, que este tipo de acciones violentas tienen una directa relación con la grave crisis en el proceso de paz con el Gobierno, una consecuencia más de la accidentada y sin norte política de "paz total".

Lamentablemente no se trata de un hecho aislado. Todo lo contrario, en los últimos años Chocó ha sido el escenario de la mayor cantidad de eventos de desplazamiento y confinamiento forzados de población debido al violento accionar del Eln, ‘Clan del Golfo’ y grupos residuales de las Farc, entre otros. También se reportan casos de reclutamiento de menores de edad, asesinatos selectivos y masacres. Igualmente, varios líderes sociales han sido ultimados o tuvieron que salir huyendo para salvar sus vidas…

La propia Defensoría del Pueblo urgía esta semana que se atiendan de manera oportuna las recomendaciones formuladas en sus alertas tempranas emitidas para la subregión del San Juan. Trajo a colación las 020 del 2021, 025 del 2021, 027 del 2021 y 012 del 2022, actualizadas con Informes de Seguimiento, “máxime que durante el 2023 hubo seis ‘paros armados’ en el departamento, más dos que ya son registrados en este 2024”.

Frente a todo ello, el ministro de la Defensa recalcó el jueves pasado que en modo alguno el Estado “ha perdido el control territorial” en este departamento y sostuvo que la presencia de la Fuerza Pública es permanente e incluso se movilizaron esta semana más contingentes de las Fuerzas Militares y la Policía a la región para garantizar la seguridad y movilidad de la población civil. Sin embargo, los reportes de las autoridades locales, así como de organizaciones sociales y comunitarias, coinciden en que, por miedo a ser blanco de ataques y asesinatos, decenas de miles de pobladores han preferido quedarse en sus casas y no transitar por vías terrestres ni fluviales. De hecho, ya se reportan tres personas muertas, incluyendo a una bebé de un resguardo indígena que pese a estar gravemente enferma no pudo ser evacuada para que la atendieran en un centro de salud.

La situación ha llegado al extremo que el propio Eln anunció el jueves pasado la apertura de un “corredor humanitario” para que puedan ingresar a la zona alimentos víveres y medicinas, aunque reiteró su amenaza de atacar a quienes violen el ‘paro armado’.

La dimensión de la crisis es tal que congresistas, alcaldes, la propia gobernadora, así como múltiples instancias políticas, económicas, sociales, institucionales y comunitarias, han urgido del Gobierno que se active un plan integral para hacer frente a las distintas crisis que enfrenta el Chocó, incluyendo no solo una estrategia más eficiente para dar seguridad permanente a los habitantes, sino también mecanismos para superar, de forma gradual pero sostenida, las persistentes desigualdad, pobreza y exclusión social.

Lamentablemente, esos llamados no han tenido mayor eco en las altas esferas gubernamentales, como tampoco en el Congreso y otros niveles de la administración pública del orden nacional. Pareciera que el país se acostumbró a la realidad dramática de esta región y por ello las prioridades de movilización del aparato estatal están dirigidas hacia otras coyunturas y zonas convulsas.

Visto lo anterior, resulta paradójico e inexplicable que mientras en los recientes balances sobre los dos años de gestión del Ejecutivo se habló de grandes avances en materia de inclusión social, disminución de la pobreza, así como reducción de los índices de violencia e inseguridad, en el Chocó la dramática realidad es otra. Se evidencia, entonces, que hay una gran distancia entre el discurso optimista del gobierno nacional central y el día a día crítico de los colombianos en muchas zonas de la periferia.