No ha sido el 2024 un año tranquilo para la rama judicial en general. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia durante el primer trimestre fue blanco, en un hecho que afectó claramente la independencia de las ramas del poder público, de presiones indebidas por parte del alto gobierno para que acelerara la elección de la titular de la Fiscalía General de la Nación.

Igualmente, desde las toldas gobiernistas, sobre todo las parlamentarias, se ha tratado de criticar al Alto Tribunal por los procesos penales en trámite o iniciados este año contra congresistas de la coalición petrista o altos funcionarios gubernamentales, incluyendo los involucrados en el grave escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Igual ha ocurrido con los señalamientos oficialistas a fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

A ello se suma que a finales de junio un magistrado de la Corte Suprema denunció que podría estar siendo objeto de interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales. El caso obligó a una apertura de investigación por parte de la Fiscalía, así como a debates en el Congreso en donde las autoridades y hasta la Dirección Nacional de Inteligencia fueron citados.

Tras ello, las medidas de seguridad sobre los altos togados, así como en el Palacio de Justicia fueron reforzadas con el fin de evitar cualquier afectación a la integridad física o el trabajo de los magistrados.

A lo anterior habría que sumar lo ocurrido este viernes, cuando la Fiscalía General reveló que, durante allanamientos a dos viviendas en Bogotá, realizados el martes pasado, por parte de un equipo especializado en combate a organizaciones criminales, no solo se encontró munición, material explosivo e incluso una prenda de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, sino una maqueta que “al parecer” corresponde al Palacio de Justicia.

De inmediato, según se informó, la fiscal general Luz Adriana Camargo realizó gestiones ante el director de la Policía Nacional y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, para reforzar los sistemas de seguridad de la sede de las Altas Cortes.

Como se ve, está muy enrarecido el ambiente alrededor de los máximos tribunales jurisdiccionales en Colombia. Las presiones gubernamentales, las denuncias sobre presunto espionaje a magistrados y ahora la hipótesis en estudio en torno a si se estaba planeando un ataque al Palacio de Justicia son elementos de extrema gravedad. Más aún en un país en el que no hay que olvidar que ya en noviembre de 1985 guerrilleros del M-19, en complicidad con el narcotráfico, se tomaron el Palacio de Justicia, en una acción criminal y demencial que terminó con el asesinato de magistrados y civiles inocentes.

Es imperativo, entonces, que el Estado se movilice para proteger a la cúpula judicial. En un Estado Social de Derecho y un sistema democrático como el nuestro es imperativo garantizar el accionar institucional, imparcial y autónomo del poder judicial. Hay que blindarlo de cualquier acción que afecte su funcionalidad. La más mínima sospecha de evidencia o riesgo de afectación tiene que ser investigada a fondo. No hay que confiarse ni sobredimensionar ningún riesgo.