Es curioso cómo el país ha entrado por el embudo de la divi-sión entre derecha e izquierda cuando es un concepto fran-cés, por lo demás bastante académico, muy propio de aque-lla cultura para enmarcar los fenómenos sociales. Pero al menos sirve para señalar, un poco a la colombiana, las pro-fundas discrepancias ideológicas que existen en el país, so-bre los asuntos públicos, la marcha económica y los móviles de inclusión en el concierto internacional. Todo ello, asimis-mo, en medio de un proceso de paz con las Farc que, lejos de terminar después de casi ocho años de tratativas secretas y públicas y ya con el doble mandato gubernamental en el ocaso, muestra a diario su incertidumbre, su improvisación y la creciente polémica por lo pactado, lo cual es apenas obvio después de desconocerse los resultados del plebiscito en que se denegó el acuerdo.

Esa mancha no es, por supuesto, de izquierda ni de derecha sino una mala concepción de la participación ciudadana y de la máxima expresión de la democracia. Haber desestimado el resultado concreto del plebiscito, en medio de los calambu-res y los trucos parlamentarios, cuando por el contrario el Presidente lo anunció como el mecanismo irreemplazable pa-ra “blindar” y darle legitimidad a lo pactado es, en buena medida, causa de la confusión reinante. De haberlo ganado el Gobierno y las Farc, ese “blindaje” democrático se habría aducido como un respaldo irrestricto y un mandato indiscu-tible para la implementación. Como no fue así, y el acuerdo fue derrotado en las urnas, es obvio que el “blindaje” quedó en suspenso. De hecho, la misma Corte Constitucional seña-la que el convenio entre el gobierno Santos y las Farc es apenas un referente de interpretación que, si bien compro-mete una política de Estado, no es en modo alguno fuente de derecho y no encarna obligatoriedad, constituyéndose en un documento de medios y no de fines. Tanto así que defini-tivamente el texto no fue incluido en el bloque de constitu-cionalidad, ni se le dio un carácter pétreo. Es decir que la Corte, a fin de cuentas, consideró de menor nivel la refren-dación parlamentaria, por vía de una resolución todavía dis-cutible, que el aval plebiscitario, evento por excelencia del sistema democrático. No por ello, claro está, la Corte es de izquierda o derecha.

Como tampoco lo son quienes, de una u otra manera, han venido pidiendo claridades en torno a la ley estatutaria de justicia transicional. Y en ese caso ya son bastantes prota-gonistas que tienen dudas al respecto. El primero de ellos es nada menos que la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que en una extensa carta a la Corte Constitucional, contestando su requerimiento en conexión al estudio del Ac-to Legislativo que dio curso a la nueva jurisdicción transicio-nal, señaló la semana anterior sus puntos de vista, en 22 páginas, donde expresa múltiples interrogantes, todos de importancia suma. Allí están contenidos sus criterios sobre los verdaderos alcances de la “libertad restrictiva” a los má-ximos responsables, la suspensión de los derechos políticos hasta no cumplir sanción, los alcances de la responsabilidad del mando y otras inquietudes no menos cruciales. De una vez, con base en el dictamen de la Corte Constitucional, donde del mismo modo se sabrá la respuesta a la CPI, habrá de confirmarse finalmente a qué régimen deben acogerse los implicados de la Fuerza Pública así como la viabilidad de que los máximos responsables de las Farc ocupen curules mien-tras están en un proceso sancionatorio.

De otra parte, está el Fiscal General de Colombia, quien con rigor y temple ha desnudado falencias, por no decir anoma-lías evidentes en la ley de justicia transicional, en discusión del Congreso. Por lo pronto, han sido acogidas ciertas de sus inquietudes, aunque faltan algunas de las más relevantes, todas a su vez a la expectativa de una formalización efectiva en la ley. No tiene él, por supuesto, propósitos de izquierda o derecha, sino que, como bien lo ha dicho, la única preten-sión es la salvaguarda de las instituciones que juró cumplir. Por lo demás, el vertiginoso ascenso de la violencia en las zonas traumatizadas por este fenómeno consuetudinario demuestra, según lo ha dicho el propio Fiscal, que se está incubando un nuevo conflicto al alero de la coca o que el an-tiguo simplemente cobró una cara renovada. Basta con constatar para ello, no solo el drama que vive Tumaco, sino los varios lugares donde la reincidencia criminal se ha vuelto semilla fértil para las disidencias de las Farc.

Son solo dos ejemplos que desaconsejan visualizar, desde luego, lo que ocurre en Colombia por el foco exclusivo de la izquierda o la derecha. Sea el epíteto que sea, lo que interesa es la defensa de las instituciones. Y en ello los campana-zos del Fiscal han sido un baluarte indeclinable.