* No politizar debate a proyectos clave
* Respetar tres premisas institucionales
Tras la aprobación de la reforma de Inversión Social o tributaria que aseguró recursos para seguir financiando el plan de contingencia contra los efectos de la pandemia y el avance del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022, que está en turno para ser analizado en plenarias y de allí pasar a sanción presidencial, el Congreso debe entrar al fondo del debate de otra iniciativa tanto o más importante que las señaladas: la reingeniería a la Policía Nacional.
Como se sabe, el Gobierno presentó al comienzo de esta cuarta y última legislatura dos proyectos al respecto: el primero es el referido a la Transformación y Modernización de la institución y el segundo modifica el Estatuto Disciplinario policial. Se trata de dos ajustes trascendentales ya que, de un lado, se hacen importantes cambios en el régimen de carrera de los uniformados, desde el mismo proceso de selección, entrenamiento, capacitación e incluso de la progresión de grados y escala salarial, y, por otro, se aumenta la eficiencia de las normas que regulan el correcto procedimiento operacional de los integrantes de este cuerpo armado de carácter civil y cómo deben ser investigados y procesados en caso de denuncias sobre extralimitación de funciones o fallas graves en el servicio.
Tras lo ocurrido con la ola de paros, bloqueos y demás actos de desborde violento de la protesta social que se presentaron al cierre del primer semestre, en medio de los cuales se generó un debate de orden nacional e internacional en torno a la intervención de la Fuerza Pública para recuperar la seguridad y el orden, la Casa de Nariño y el Ministerio de Defensa decidieron acelerar estas reformas legales teniendo como hoja de ruta tres premisas.
En primer lugar, acorde con el Estado Social de Derecho que nos rige preservar la facultad constitucional y legal que tienen las autoridades para precaver el uso de la fuerza legítima institucional cuando se perturbe la convivencia ciudadana y se atente contra sus garantías fundamentales, sin que ello en modo alguno limite o afecte la protesta social pacífica. En segundo término, la necesidad de profundizar la instrucción y profesionalización del personal uniformado y la vigilancia de los entes de control en torno a que todo procedimiento policial acate al cien por ciento el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Y, por último pero no menos importante, asegurar mejores condiciones de trabajo y progreso para esas decenas de miles de hombres y mujeres que a diario laboran por proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos.
En un país polarizado ideológicamente y en pleno arranque de campaña electoral, es innegable que se ha tratado de politizar grave y peligrosamente el debate sobre el rol de las Fuerzas Militares y de Policía. Por lo mismo, resulta imperioso evitar que ese agitado trasfondo impacte, influya o incluso contamine una discusión parlamentaria que, por el contrario, debe regirse por los más altos intereses institucionales, legales y constitucionales.
Flaco favor hacen quienes buscan derivar réditos proselitistas impulsando posturas radicales y marcadamente subjetivas en torno a la regulación del proceder y facultades de la Fuerza Pública. Proponer acabar de tajo con el Escuadrón Antidisturbios, limitar sustancialmente la capacidad de intervención de las autoridades ante asonadas y vandalismo o incluso disminuir las garantías del debido proceso en investigaciones a las actuaciones de los policiales, no solo contraría los mandatos de la Carta del 91 sino que rompe todo el equilibrio funcional entre los derechos y deberes de la ciudadanía y de quienes ejercen autoridad legítima. Hay un justo medio que señala y defiende el Estado Social de Derecho, y este no se puede afectar o debilitar por rivalidades políticas, ideológicas o electorales.
Así las cosas, debe hacerse un llamado a las bancadas en el Congreso para que se comprometan a que la discusión de estos dos proyectos se adelantará de forma seria, objetiva y pensando en los más altos intereses de los colombianos y el ordenamiento institucional. De hecho, debe destacarse que se hayan realizado ya varias audiencias públicas en distintas zonas del país para escuchar todas las voces y propuestas en torno al régimen de carrera policial y el código disciplinario. El debate debe ser lo más amplio, participativo y, sobre todo, serio posible.
Las reformas planteadas tienen altas implicaciones, encarnan no solo temas relativos a la convivencia ciudadana y el orden público, sino también a la misma seguridad nacional. No es momento, entonces, de politizar un debate tan crucial, tampoco de utilizarlo como trampolín electoral. El Congreso, las bancadas y los partidos deben estar a la altura del desafío que representan estos dos proyectos en un momento tan delicado para el país.