Obligación de partidos y movimientos

Normatividad suficiente y extensa

VARIOS  de los partidos y movimientos políticos ya arrancaron este enero una intensa agenda de cara a los comicios regionales y locales de octubre próximo. De un lado, algunas colectividades se encuentran en un proceso rápido para la conformación de directorios regionales y locales. Otras ya preparan asambleas y convenciones para renovar cúpulas, definir programas, énfasis políticos y solventar otros asuntos financieros, administrativos y logísticos. También hay facciones que avanzan en las etapas preliminares para la selección de precandidatos a cargos uninominales así como la definición de las reglas del juego para la confección de listas a cuerpos colegiados como los concejos municipales y las asambleas departamentales. Todo ello paralelo a una actividad proselitista que arrancó de forma tempranera y subterránea en este diciembre. No sólo por las decenas de casos de publicidad política extemporánea, que ya están bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral, sino por eventos que aunque quisieron disfrazarse bajo el rótulo de festividades navideñas y de cambio de año, tenían un claro tinte electoral, pues eran encabezados por dirigentes locales y regionales que se sabe competirán en las urnas en octubre o estaban acompañando a los candidatos de sus feudos políticos.

Por lo mismo es evidente que más allá de las formalidades del calendario electoral de este 2015, lo que se requiere es un compromiso de alto nivel entre los partidos y movimientos políticos para que la campaña se cumpla bajos los estándares de transparencia y legalidad requeridos. El marco normativo para ello es bastante amplio, sobre todo desde el Acto Legislativo 01 de 2009 y la Ley 1475, reglamentaria del mismo. Esta última alcanzó a aplicarse parcialmente en los comicios de 2011, pues entró en vigencia apenas tres meses antes de la cita en las urnas. Ahora tendrá cobertura total y reglará todo lo relativo al cumplimiento por parte de las colectividades y los movimientos significativos de ciudadanos (que impulsan candidaturas respaldadas en firmas) de los principios rectores de transparencia y la moralidad. Nexos con grupos armados ilegales, compra o trasteo de votos, doble militancia, violación de los topes de financiación, no presentar a tiempo los informes de gastos de campaña, constreñimiento a la ciudadanía por cualquier medio, irregularidades en el proceso de otorgamiento de avales… En fin, un menú amplio de conductas irregulares que ahora no sólo acarrearán castigos drásticos a los candidatos, sino sanciones a los partidos y directivas de los partidos y movimientos, que pueden ir, incluso, hasta destituciones, multas cuantiosas, cancelación de la personería jurídica o la prohibición para presentar aspirantes a la respectiva contienda proselitista. Igualmente, los requisitos de las convenciones y las consultas internas, sobre todo en lo relativo a acatar sus resultados, dejaron de estar sujetos a pareceres y decisiones discrecionales de las cúpulas de turno, para convertirse en procesos claramente reglados en los estatutos de los partidos y movimientos políticos, que deben cumplirse dentro de las formalidades dictadas por las organizaciones electorales. También se aplicará en estos comicios la norma que permite a los partidos acudir plenamente a los anticipos estatales para la financiación parcial de campañas. Y a ello se suma que hay una línea jurisprudencial más definida para castigar a las administraciones departamentales y municipales que maniobren para tratar de favorecer a determinados aspirantes.

Es obvio que todavía hay flancos débiles por cubrir, sobre todo en materia de medidas precautelativas que le permitan a las autoridades electorales, la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y veedurías ciudadanas intervenir de manera inmediata y en plena campaña cuando se detecten las violaciones a las normas. Sin embargo, el marco constitucional, legal y reglamentario vigente es suficiente para garantizar que la contienda proselitista se lleve a cabo dentro de los cánones de transparencia democrática. Lo que se requiere, entonces, es que los partidos y movimientos políticos pongan de su parte para exigir a sus avalados que cumplan las normas. Es claro que hacerse los de la vista gorda o descargar la responsabilidad exclusivamente en los candidatos, ya no es viable, pues las sanciones también son para las colectividades. Siendo evidente que en los comicios locales y regionales es más complicado vigilar el acatamiento de las reglas del juego electorales, cada facción debe multiplicar los controles y evitar poner en juego su propia supervivencia política. No construir ese blindaje, sería un suicidio político.