EN el peor de los casos se esperaba que la Corte Internacional de Justicia de La Haya fallara de acuerdo con la tradición jurídica de esa institución, que tiene el mandato obligatorio de ser imparcial y obrar a derecho. Quizá eso explique en parte la actitud de los voceros del Gobierno colombiano que se mostraron optimistas y un tan tanto eufóricos en los medios de comunicación días antes y en vísperas de conocerse el fallo que desde el amanecer del lunes 19 mantuvo expectantes los pueblos de Colombia y Nicaragua. Es de destacar que los abogados de Nicaragua fueron muy acuciosos en seguir las declaraciones de gobernantes colombianos, expresidentes y figuras de la política, que se mostraron débiles o desinformados al tratar el tema de los derechos históricos de Colombia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, antes y durante el litigio con Nicaragua. Como consta en los documentos que presentaron los nicaragüenses en La Haya, en la etapa preliminar del proceso. La falta de unidad de los políticos colombianos y de no entender a las claras la importancia geopolítica del Archipiélago y los islotes, nos perjudicó. Un pequeño país como Nicaragua entendió mejor la necesidad de mantener un frente unido para llevar a Colombia a los tribunales, por lo que los distintos partidos antagónicos en lo interno, actuaron como un solo hombre en la demanda contra Colombia. Mientras en Nicaragua la diplomacia se especializó en el tema, aquí optamos por cambiar a los embajadores, con raras excepciones, cuando apenas se estaban informando del proceder y los mecanismos de la Corte Internacional de Justicia.
Apenas unos pocos de los cancilleres colombianos estuvieron al tanto de la verdadera naturaleza del pleito con Nicaragua y que nuestro país nada tenía que ganar en La Haya y sí mucho que perder. Mientras Nicaragua estableció impuestos a las mercancías colombianas que ingresaban a ese país y consiguió fondos con compañías petroleras, para pagar los mejores juristas en el litigio de La Haya, nosotros tuvimos la mala suerte de que uno de los mejores litigantes en derecho del mar se murió y Prosper Weil, quien actuó en la primera etapa no siguió en la segunda fase cuando más se necesitaba de su agudeza mental y profundos conocimientos, siendo uno de los tratadistas más prestigiosos y de obligatoria consulta en la ONU. Ese tipo de incidentes que se dan en el interior de los equipos de abogados suelen tener influjo positivo o negativo en su gestión.
Otro aspecto que de improviso no se percibió en todo su alcance es el de la posibilidad de que la Corte Internacional que, inicialmente, reconoció la soberanía colombiana en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se fuera por la tesis un tanto anacrónica de los enclaves con la que Nicaragua argumentó sus pretensiones de encerrar a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En El Nuevo Siglo advertimos en varios escritos el peligro de que avanzara dicha pretensión que, en apariencia, nuestra línea de defensa. Resulta que varios políticos, diplomáticos y congresistas nuestros aún ignoran qué es un enclave. Es importante recordar que enclaves geográficos se refieren, en consecuencia, a territorios aislados, islotes, formaciones coralinas, que bajo la jurisdicción de una autoridad concreta, se encuentran rodeados íntegramente por agua o el territorio de otro Estado. En nuestra región son conocidos los enclaves insulares de los ríos internacionales entre Brasil y Uruguay. Según eminentes juristas de Colombia y del exterior consideran que a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, uno de los tribunales mas prestigiosos del mundo se le fueron las luces al extender la jurisdicción del meridiano 82 al este de la línea de demarcación, dizque para subsanar una disparidad importante que hasta el momento beneficiaba a Colombia.
El abogado estadounidense contratado por Nicaragua desconcertó un tanto a los jueces con ese argumento, que no tuvo la debida réplica del colectivo colombiano. En ese momento, a nuestro modesto juicio, el caso dio un giro de 180 grados. Y ahí fue Troya, la Corte entró a subsanar, inducida por la contraparte. Por lo que se desconoció que se estaba violando el principio fundamental que debe ser inspiración y guía en La Haya, que si bien es cierto que Colombia es un país más grande y poblado que Nicaragua, el Archipiélago de San Andrés y sus habitantes constituyen una minoría que debía ser defendida por el alto Tribunal. Desde ese punto de vista la Corte asaltada en su buena fe desconoció un principio fundamental de la ONU y razón de ser de la instancia de La Haya: la defensa a ultranza de las minorías. Los isleños y pescadores colombianos quedaron a merced del revanchismo nicaragüense. Algo tan descabellado y comparable a que Cuba hubiese reclamado la Florida sin tener ningún titulo, ni antecedentes de posesión, apenas por una demanda de tahúr a ver qué consigue. Y que en un fallo impensable la Corte le hubiera cercenado la Florida a Estados Unidos.
El presidente Juan Manuel Santos, al conocer las inconsistencias del fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en un gesto de compromiso con la Patria vejada, se dirigió de inmediato a los colombianos para señalar que: “La Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar, y que nos afectan negativamente. Colombia rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo”. Y señaló que se han desconocido otros tratados de límites suscritos, lo que hace que se ponga en jaque el Mar Caribe, ya que se crean complejidades entre los países del área. Dentro del lenguaje cuidadosamente cauteloso y diplomático del Jefe de Estado de Colombia, eso significa que está dispuesto a llegar hasta donde lo exijan las circunstancias y la necesidad de defender a los isleños. Según sea el respaldo de la sociedad colombiana. Es evidente que ante un exabrupto de tal naturaleza y en defensa de la minoría isleña en la región que ha quedado como virtual prisionera de Nicaragua, Colombia, como última ratio debe estudiar la posibilidad de oponerse a que entre en vigencia el injusto fallo y dado el caso denunciar semejante aberración en la ONU. En tal sentido El Nuevo Siglo expresa su insobornable respaldo al presidente Juan Manuel Santos. No debemos escatimar ningún sacrificio en la defensa de la dignidad, los derechos fundamentales y la soberanía nacional para proteger a los isleños.