Uno de los principales retos de la rama Judicial este año en Colombia es, sin duda alguna, el arranque en firme de la Jurisdicción Agraria y Rural, que tiene como principal objetivo la resolución efectiva y pronta de los pleitos en la parte rural, sobre todo en lo relativo a los procesos contenciosos por la propiedad y titularidad de la tierra, los usos del suelo, los conflictos entre el campesinado o los líos relacionados con elementos ambientales y étnicos. Este es un paso clave para aterrizar, más allá de anuncios gubernamentales y políticas coyunturales, una verdadera reforma agraria en Colombia.

De hecho, a comienzos de enero ya el Consejo Superior de la Judicatura dio el primer paso en concreto, al crear el Distrito Judicial Agrario y Rural de Tunja, que estará conformado por los circuitos agrarios y rurales de Cartagena, Pasto, Popayán, Quibdó y Tunja.

La normatividad es clara en torno a que la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural debe priorizar zonas afectadas por el conflicto armado, pobreza y economías ilícitas, especialmente los 170 municipios de la categoría de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). De igual manera, el despliegue de su estructura funcional tiene que basarse en aspectos como características y volúmenes demográficos, territorialidades étnicas y campesinas, políticas públicas y conflictos potenciales, tal y como la demanda de justicia sobre los asuntos de competencia.

Aunque este es un proceso complejo y gradual, ya algunos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales a nivel regional han pedido que incremente la destinación presupuestal para poner en marcha en todo el país lo más pronto posible esta jurisdicción. En total se proyecta la creación de no menos de 65 despachos a nivel nacional, lo que requiere la respectiva asignación presupuestal al Consejo Superior de la Judicatura.

Incluso hay expertos que consideran que podría aprovecharse el proyecto de reforma a la justicia que está en plena construcción para solucionar algunas falencias que ya se han detectado en el corto tiempo de preparación e inicio de implementación de esta nueva jurisdicción, cuya creación fue aprobada por el Congreso a mediados del año pasado, pero tiene orígenes de muchos años atrás, incluso en el acuerdo de paz de 2016.

En noviembre pasado, el Ministerio de Agricultura había informado que con los primeros cinco juzgados del circuito y una sala de tres magistrados comenzaría actividades la Jurisdicción Agraria y Rural. Dichos despachos estarán ubicados en Cartagena, Quibdó, Popayán, Pasto y Tunja (que arrancó este enero). De hecho, la primera sala nacional de magistrados debe funcionar en la capital de Boyacá.