La Fiscalía de Ecuador pidió el lunes desechar por "maliciosa y temeraria" una denuncia de la petrolera estadounidense Chevron sobre presuntas irregularidades en el juicio en que fue condenada a pagar 19.000 millones de dólares por daños ambientales.
En setiembre de 2009, la compañía denunció ante autoridades un supuesto intento de soborno al juez que entonces llevaba la causa por parte de representantes del gobierno y del oficialismo.
Después de casi cuatro años de presentada la denuncia, el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, pidió a la justicia que archive el proceso ya que el abogado de Chevron "Thomas F. Cullen no demostró lo afirmado en su escrito del 2009", según señaló un comunicado de la fiscalía.
La fiscalía dijo que Chevron presentó información sobre "supuestos pactos para que el juez del caso" falle en su contra, lo que finalmente no pudo evidenciar.
A raíz de ello, Chiriboga solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) calificar de "maliciosa y temeraria" la denuncia de la petrolera, lo que allana el camino a una contrademanda.
La AFP buscó una reacción de Chevron pero no obtuvo respuesta hasta el momento.
La petrolera estadounidense fue condenada en 2012 a pagar 19.000 millones en un sonado juicio por contaminación en la Amazonía.
El caso está en manos del máximo tribunal ecuatoriano, la CNJ, aunque la empresa desconoce las sentencias previas por considerarlas "fraudulentas" y busca en cortes internacionales que el Estado ecuatoriano asuma la indemnización por daños ambientales.
Chevron, que nunca operó directamente en Ecuador, adquirió el pleito al asumir el control de Texaco en 2001. Esta última empresa funcionó en el país entre 1964 y 1990, y tras su salida comunidades indígenas entablaron un proceso que ya completa casi 20 años por contaminación en la selva amazónica.
El sábado, el presidente Rafael Correa declaró a Chevron "enemiga" de Ecuador por una intensa campaña en las redes sociales, en las que la empresa denuncia la intervención del gobierno en el juicio ambiental.
El mandatario aseguró que dicha estrategia está orientada a desprestigiar a la justicia ecuatoriana y evitar el pago de la millonaria indemnización a las comunidades indígenas./AFP