Con casi 12 tributarias en el bolsillo, que equivalen a casi $170 billones, Colombia no necesitaría de ninguna reforma para establecer más impuestos y así poder hacer frente a las necesidades que tiene para paliar socialmente la pandemia y el alto endeudamiento.

Sin embargo, la demora en la toma de decisiones sobre la venta y la tramitomanía, demorarían en exceso la entrada de esos recursos que hoy se requieren para atender el impacto de la pandemia y el alto endeudamiento en que ha incurrido el país.

Tradicionalmente los distintos gobiernos que han decidido vender parte de algunos de estos activos, como sucedió con la venta del 11% de participación en Ecopetrol en los últimos diez años, han preferido establecer reformas tributarias sucesivas, antes de echar mano de esos recursos.

La última decisión de uno de ellos es la del actual mandatario Iván Duque, que decidió adelantar la venta del 51,4% de la participación en ISA que le podría generar al menos unos $7 billones, pero este proceso que comenzó hace un año ni siquiera se ha cerrado.

Venta de ISA

Hasta hoy, el Ministerio de Hacienda no ha escogido la banca de inversión que, de manera independiente, entrará a valorar a ISA en la oferta que realizó Ecopetrol por la transportadora de energía.

Una vez sea designada, tanto los equipos técnicos de la citada cartera, como los de la petrolera, se reunirán con los de esta banca de inversión para mirar en detalle la propuesta de la Ecopetrol, con lo que se definirá si es viable la transacción.

Si las partes logran un acuerdo, antes del 30 de junio (fecha límite del proceso), se firmaría el convenio interadministrativo de cierre.

Pero si se logran $7 billones, los recursos públicos de la venta pasarán a otra entidad que actualmente tiene una condición mixta, ya que tiene una participación de accionistas privados.

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Cifras del Ministerio de Hacienda señalan que la Nación tiene participación en 105 empresas cuyo valor suma poco más de $170 billones. El año pasado, el viceministro Juan Pablo Zárate habló de recaudar en 2021 el 1% del PIB con venta de activos, pero todo parece indicar que esa decisión se postergó.

En noviembre pasado, en medio del debate del Presupuesto para 2021 en la plenaria del Senado, el congresista y coordinador ponente del proyecto, John Milton Rodríguez, aseguró al referirse a otras fuentes como enajenación de activos, que desde el Ministerio de Hacienda se le confirmó que “no se está hablando de Cenit, ni de Ecopetrol, se está hablando de otras entidades que no son inversiones estratégicas del país”.

Termoeléctricas

El senador dijo en ese momento que “se está hablando de Colombiana de Telecomunicaciones del orden de $3 billones, de termoeléctricas también del orden de $3 billones, de participaciones minoritarias en diferentes proyectos por cerca de $3 billones. Inclusive algo en plazas de mercado que no son activos estratégicos para el país de $1 billón”.

Sobre este punto, vale recordar que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se detalla que “la reducción de los excedentes financieros será contrarrestada por el componente de otros ingresos, el cual contempla recursos por 1,1% del PIB de privatizaciones para el 2021”, monto equivalente a $12,1 billones, con lo cual se compensaría parte de la caída de ingresos tributarios por la crisis, pero que sería el equivalente a media tributaria de lo que hoy pretende el Gobierno.

Pese a que en el MFMP no se entregaron detalles de qué firmas podrían entrar en dicho listado, un documento del Minhacienda indica que solicitó un estudio de mercado para evaluar la viabilidad de la venta de la participación accionaria del Estado en compañías del sector eléctrico. Ahí mismo indica que el plazo para dicho servicio sería hasta el 31 de diciembre de 2021.

En el documento la Dirección General de Participaciones Estatales del Minhacienda dice que dentro del objetivo estratégico “Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales” se requiere realizar el proceso de enajenación de las siguientes empresas: Electrificadora del Meta, Electrificadora del Huila, Centrales Eléctricas de Nariño, Electrificadora del Caquetá, Centrales Eléctricas del Cauca, Distribuidora del Pacífico y Empresa Urrá.

Con información financiera con corte al 31 de diciembre de 2019, estas empresas generaron ingresos por $2,12 billones, Ebitda por $511.946 millones y utilidades por $165.043 millones. En el documento de Minhacienda dice que, además, la firma que realice el estudio deberá diseñar y, de ser necesario, implementar el programa de enajenación.

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Sí, pero no

A inicios de diciembre de 2020, el ministro Alberto Carrasquilla, dijo: “no tenemos pensado privatizar absolutamente nada, sí tenemos pensado diferentes maneras de utilizar mejor el capital público; es decir, las acciones que tiene el Gobierno Nacional en muchas empresas”.

Sin embargo, el hueco fiscal dejado por el plan de contingencia para enfrentar la pandemia sigue generando debate, sobre todo en cuanto a cuál es el mejor mecanismo para nivelar las finanzas del Estado en los próximos años, especialmente ahora que se ha conocido el texto del proyecto de reforma tributaria que radicó el Gobierno en el Congreso de la República.

Aunque en los últimos meses se ha especulado en torno a la venta de la participación accionaria del Estado en empresas como ISA, Cenit o Ecopetrol, esa posibilidad ha venido siendo descartada por el propio Gobierno. El tema, de hecho, tampoco es popular entre muchos congresistas, que no son partidarios de la venta de bienes que le están generando renta al país.

Complejidad

En varias declaraciones, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, ha sostenido que hay que partir del hecho de que las privatizaciones son procesos complejos, que a la luz de la normatividad colombiana pueden tardar años. “El Gobierno ya no alcanza, no le queda tiempo, y creo que tampoco tiene la intención; ya ha dicho que no pretende vender ni Ecopetrol ni Cenit”, señaló el exministro.

Como el Gobierno necesita ingresos para que el déficit no sea tan grande, dice Cárdenas, “mi instinto me dice que hay activos que son del Gobierno Nacional que podrían ser comprados por otras entidades públicas”. Por ejemplo, que participaciones en electrificadoras pasen a entidades como la Financiera de Desarrollo Nacional.

Tal vez una de las primeras acciones y con las que el Gobierno pretende recoger algo de efectivo, es con la venta de activos decomisados a los narcotraficantes y del lavado de activos.

La venta de la SAE

Precisamente hace pocos días, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que comercializará 5.204 inmuebles en toda Colombia, resultado de procesos de extinción de dominio, avaluados todos juntos en $1,3 billones.

La venta de los inmuebles, de acuerdo con la SAE, será “un hito histórico para la administración efectiva de bienes producto de la extinción de dominio y la mayor estrategia comercial implementada por esta Sociedad para la venta de activos que se encuentran bajo su administración”.

La subasta del paquete de inmuebles, de acuerdo con la SAE, se realizará el 29 de junio y la firma de contratos de adjudicación, el 30 de agosto. Sin embargo, quienes estén interesados podrán acceder al sitio web de esta entidad para participar en el proceso: la fecha límite de entrega de documentos será el 17 de junio.

Entre los bienes que se ofertarán sobresalen desde lotes de 19.015 metros cuadrados, avaluados en $33.574 millones, en Chía (Cundinamarca), hasta edificios comerciales en Barranquilla, con un valor de $11.606 millones, confirmó la SAE.

En Bogotá, sobre la calle 100 con carrera 17A, se ofertará un hotel avaluado en $12.947 millones. En Cajicá y en Cali, hay dos lotes terrenos a la venta, el primero por un valor $19.145 millones y el segundo, $31.414 millones