HASTA MAYO de este año, el Gobierno ha ejecutado el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2023 a un ritmo más lento del que lo hicieron las anteriores administraciones desde el 2001.

Con corte al quinto mes del año, las obligaciones presupuestales representaban el 27% del monto de apropiaciones del PGN excluyendo el servicio de la deuda, frente al promedio de 31% entre 2001 y 2022.

Esa es la conclusión a la que llega Corficolombiana en un análisis que realizó del estado de ejecución presupuestal de Colombia en los primeros cinco meses de este año.

Sin duda la ejecución del PGN es inferior al promedio de los últimos 20 años. Por sectores, la ejecución en Hacienda, Trabajo e Inclusión y Reconciliación registraban los mayores rezagos en la ejecución respecto a su promedio de los últimos años.

Sin deuda

Según el informe de Corficolombiana, “estimamos que el rezago en la ejecución del PGN sin deuda con corte a mayo asciende a $ 8,8 billones, explicado principalmente por los sectores de Hacienda, Trabajo e Inclusión y Reconciliación. En contraste, la ejecución en Educación, Salud y Minas y Energía es superior al promedio de los últimos años”.

La menor ejecución del gasto en Inclusión y Reconciliación obedece a la finalización de programas como Ingreso Solidario y a que el nuevo programa Renta Básica ha tenido una implementación lenta.

En Hacienda, la baja ejecución respondería a que el monto de recursos bloqueados a la espera de autorizaciones –como la previsión de aumento salarial a funcionarios públicos– es más alto en 2023 que en años previos.

La ejecución del gasto público en lo corrido de 2023 hasta mayo ha sido atípicamente baja. Las obligaciones presupuestales representaban el 32,2% del monto total de apropiaciones por $ 405,9 billones en el Presupuesto General de la Nación de 2023 (PGN), es decir, -1,2 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del 33,9% que se había ejecutado a mayo, en promedio, en el período 2000-2022.

Esto ha ocurrido a pesar de que el servicio de la deuda en 2023 –que representa el 17,8% del PGN total– se ha ejecutado en más de la mitad (55,6%), mientras que en los últimos cuatro años se había dispuesto apenas una tercera parte por este concepto. Lo anterior responde a que buena parte de los vencimientos de deuda del Gobierno Nacional se concentraron en los primeros meses de este año (TES UVR febrero 2023).

De esta forma, el PGN excluyendo el servicio de deuda tiene un rezago aún mayor de casi 3,8% inferior al promedio histórico registrado para el mismo mes durante el período 2001-2022 (30,8%)

Sectores

De los 30 sectores que componen el PGN sin deuda, 19 registraban una ejecución con corte a mayo inferior a su promedio en el período 2019-2022. Dentro de los 11 sectores con mayor ejecución se destacan Minas y Energía (relación obligaciones / apropiaciones de 54,2%), Educación (41,4%) y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC (38,9%). En contraste, los sectores de Deporte (7,3%), Planeación (7,7%), Presidencia (8,9%) y Hacienda (9,1%) registraban los porcentajes más bajos de ejecución.

Ahora bien, el rezago en la ejecución con corte a mayo, entendida como la diferencia entre el valor efectivo de las obligaciones presupuestales en 2023 y el valor que habrían tenido si la ejecución en cada sector estuviera acorde con el porcentaje promedio 2019-2022, ascendía a $ 8,8 billones.

Hacienda

Según este criterio, los sectores más rezagados en ejecución en los primeros cinco meses de 2023 eran Hacienda, Trabajo e Inclusión y Reconciliación. En contraste, Educación, Salud, Minas y Energía registran una ejecución más alta que en años anteriores y compensan parcialmente el rezago en el ritmo de gasto público este año.

El bajo desempeño en la ejecución de Hacienda se explica por el rezago de algunas de las entidades a las que se les distribuyen recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – entidad que concentra más del 90% de los recursos del sector– había ejecutado a mayo de 2022 el 18,8% de la apropiación vigente, mientras que este año solo ha ejecutado el 8%. Una de las causas principales de la menor ejecución es la reducción de transferencias corrientes a los diferentes rubros en los que impacta el sector, que pasaron de 21,5% hace un año a 11,0% en 2023.

• Le puede interesar: Ecopetrol exportó primer cargamento de asfalto a Chile

En 2022 uno de los rubros que acumulaba el mayor porcentaje de obligaciones ejecutadas era el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) (61,7%), el cual fue implementado en 2020 por el Gobierno Nacional y otorgaba mensualmente y hasta por tres veces, un aporte por empleado correspondiente a un 40% de un salario mínimo a las empresas para que pagaran los salarios de sus trabajadores, dadas las dificultades económicas a las que se enfrentaba el país por la pandemia por Covid-19.

En la medida que el PAEF finalizó en diciembre de 2022, el potencial de ejecutar en el sector Hacienda disminuyó este año.

Cabe destacar que el presupuesto del sector Hacienda a la fecha presenta recursos bloqueados por $ 17,4 billones, lo que significa cerca del 33,5% de sus apropiaciones vigentes.

Apropiaciones

Para el mismo período de 2022, los recursos bloqueados ascendían a $ 8,9 billones o 34,9% de las apropiaciones. Los recursos bloqueados son apropiaciones que tienen pendiente una autorización previa a su ejecución y que, en este caso, dependen del área de presupuesto dentro del Ministerio de Hacienda.

Estos recursos se irán liberando durante el año en la medida que se vaya previendo el cumplimiento de la Regla Fiscal. Vale la pena señalar que hasta mayo no se habían ejecutado los recursos previstos por aumento salarial para funcionarios públicos, pero a partir de junio se realizó el pago retroactivo y esto debería verse reflejado a partir de las cifras de ese mes en una mayor ejecución del sector Hacienda.

Inclusión social

Por otro lado, el sector de Inclusión Social y Reconciliación registraba a mayo una ejecución 5,6% más baja que el promedio 2019-2022. En el informe de ejecución entregado por la entidad, se resalta las dificultades para avanzar en la implementación del programa Renta Básica, el cual reemplazará el programa de Ingreso Solidario que estuvo vigente entre 2020 y 2022.

Por su parte, programas como Colombia Mayor e Iraca se encuentran sub-ejecutados frente al mismo período del 2022. En contraste, el rubro destinado a Transferencias Condicionadas es el único programa del sector que se encuentra por encima de los niveles vistos en 2022.

Lo anterior indica que el gasto del Gobierno no ha podido ejercer una fuerza contracíclica en 2023 para compensar el menor ritmo de crecimiento económico del país.

De acuerdo con los investigadores, “esperamos que parte del rezago en la ejecución del PGN se corrija a partir de junio, en la medida que toma ritmo la implementación de los programas sociales de la administración actual. En este sentido, anticipamos que el segundo semestre de 2023 tendrá un mayor protagonismo del gasto del Gobierno y mitigará parcialmente la menor dinámica del consumo privado”.

Una adición para mayor gasto

El Congreso aprobó una adición presupuestal de $ 16,9 billones. Con ello, el PGN asciende a $ 422,5 billones, cifra 4,2% superior al monto aprobado en la Ley 2276 de 2022 ($ 405,6 billones).

Estos recursos, según el Gobierno, tiene como fuente principal de financiación el recaudo derivado de la Reforma Tributaria.

El principal argumento del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para adelantar este proyecto es por la caída del precio del Brent, la disminución de las importaciones y la desaceleración de la actividad económica y explicó que la adición es consistente con el cumplimiento de la regla fiscal.

Con la adición aprobada, se calcula que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) cierre 2023 en 4,3% del PIB, 1% del PIB inferior al 5,3% del PIB de 2022.

De los $ 16,9 billones aprobados en la adición, $ 9,1 billones se presupuestan en inversión; $ 7,3 billones en funcionamiento y $ 500.000 millones en servicio de la deuda. De este modo, la inversión totaliza $ 83,2 billones, 5,2% del PIB, 19,5% más que lo presupuestado en 2022 ($ 69,7 billones). Por razones legales de clasificación presupuestal, el rubro de transferencias corrientes de funcionamiento incluye partidas destinadas a la formación de capital físico y humano, las cuales, en la fase de ejecución presupuestal, ampliarán la inversión social en educación y salud y construcción de la paz, entre otras.