El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está sumergido en un proceso para modernizar las salvaguardias sociales y ambientales que rigen el financiamiento de proyectos, consideradas vitales para la construcción de una infraestructura sostenible en la región latinoamericana.

La participación de las organizaciones sociales y las comunidades locales en el análisis de los proyectos, divulgación de información, perspectiva de género y enfoque de crisis climática, aparecen como un gran reto en ese proceso de reforma de las salvaguardias sociales y ambientales.

El BID, con sede en Washington, iniciará en enero las consultas regionales con organizaciones de la sociedad civil para modernizar los estándares de esas salvaguardias, aprobados entre 1998 y 2010, después de que el 15 de octubre cerró los debates sobre los parámetros de su filial BID Invest, dedicada al financiamiento privado.

“Habrá posibilidad de actualizar los riesgos y comentar sobre la sustancia. Será necesario adaptarlos a las características de la región. Aún no conocemos el borrador de la actualización. Nuestra preocupación es que no se diluyan cosas sustanciales, que ya están en las salvaguardias actuales”: Carolina Juaneda.

Vanessa Torres, subdirectora de la colombiana Ambiente y Sociedad, dijo a IPS que una coalición latinoamericana de oenegés y las comunidades locales pidieron un tiempo adecuado para la articulación de las posturas e intercambio y estudio de la información. “Es necesario informar a las comunidades afectadas por los proyectos para que participen.

Proceso

Es un proceso positivo, porque el banco ha sido muy abierto, pero estamos a la expectativa de qué se incluyó en el borrador”, declaró la abogada ambientalista.

El BID, presidido por el colombiano Luis Moreno, difundiría el borrador a finales de noviembre y escenificará en 2020 consultas en Argentina, Panamá, Jamaica y Perú. En septiembre de ese año, el Directorio Ejecutivo del banco, integrado por 14 representantes de varios bloques de países, recibirá la versión final y el plan de aplicación.

Entre otras medidas, al final del proceso, como política ambiental y social en el financiamiento de proyectos, el BID adoptaría los ocho principios de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama de crédito privado del Banco Mundial, sobre temas como impactos ambientales, asuntos laborales, conservación de biodiversidad y pueblos indígenas, e incorporaría enfoque de género y participación de interesados y divulgación de información.

La institución multilateral plantea tener un marco de política integrado, con un enunciado socioambiental y 10 normas técnicas para la gestión de los riesgos ambientales y sociales.

“Habrá posibilidad de actualizar los riesgos y comentar sobre la sustancia. Será necesario adaptarlos a las características de la región. Aún no conocemos el borrador de la actualización. Nuestra preocupación es que no se diluyan cosas sustanciales, que ya están en las salvaguardias actuales”, comentó Carolina Juaneda, consultora para el Programa de América Latina del no gubernamental Centro de Información Bancaria,  con su sede principal Washington.

En 2018, el BID aprobó 96 proyectos con garantía soberana (compromiso del Estado de su pago) por un monto superior a 13.500 millones de dólares, mientras que los desembolsos para préstamos con garantía soberana totalizaron 9 900 millones.

Hidroituango

El BID investigará si BID Invest, su filial de financiamiento privado, incumplió sus salvaguardias en el crédito otorgado para el proyecto de la Central Hidroeléctrica Hidroituango, que se construye sobre la cuenca del río Cauca, a 170 kilómetros de Medellín, después de un grave incidente con su represa en 2018.

El BID investigará si BID Invest, su filial de financiamiento privado, incumplió sus salvagurdias en el crédito otorgado para el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Ituango, que se construye sobre la cuenca del río Cauca, a 170 kilómetros de la ciudad de Medellín, después de un grave incidente con su represa en 2018.