El Senado argentino convirtió este jueves en ley un proyecto de regulación del teletrabajo y lo convirtió en ley, ya que contaba con el visto bueno de la Cámara de Diputados, en una sesión realizada en forma remota.

La norma entrará en vigor 90 días después de que termine el aislamiento social, preventivo y obligatoria que rige en Argentina desde el 20 de marzo, con diversas flexibilizaciones, con el objetivo de frenar los contagios del coronavirus.

La iniciativa fue aprobada con 40 votos afirmativos del oficialismo y 30 en contra, de la oposición. En Diputados, la norma había sido aprobada el 25 de junio con 214 voces a favor, uno negativo y 29 abstenciones.

La ley busca equiparar los derechos y obligaciones de los empleados que hagan 'home office' con aquellos que trabajan de manera presencial, con una remuneración no inferior a la que percibían.

El teletrabajo debe ser voluntario y el empleado podrá decidir volver al sistema presencial si lo prefiere,

El empleador deberá proporcionar el equipamiento, las herramientas de trabajo y el soporte necesario y asumir los costos de instalación, mantenimiento, reparación de las mismas o compensar la utilización de herramientas propias. También deberá compensar los mayores gastos por conectividad y consumo de servicios.

"Una piedra angular del proyecto es el derecho al descanso y a la desconexión fuera de la jornada laboral", explicó el senador Mariano Recalde, del gobernante peronismo de centroizquierda.

La ley regula la protección de datos e impide hacer uso del software para vigilancia que viole la intimidad del trabajador, entre otros puntos.

El teletrabajo era una modalidad laboral muy minoritaria en Argentina, pero analistas estiman que se impondrá como forma de trabajo parcial o total en varios sectores para los que la experiencia resultó positiva durante la pandemia.

Antes de la pandemia, solo un 2% de la fuerza laboral formal de Argentina lo hacia de manera remota, según un estudio de la Academia Internacional de Transformación del Trabajo para América Latina y El Caribe. En pandemia, el índice se ubica en casi 37%.