El Programa de Apoyo al Empleo Formal tiene cubiertos hasta ahora a 532 mil trabajadores, que representan $187 mil millones. El  monto total sería de $6 billones en tres meses

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Casi 105 mil empresas de todos los sectores de la economía ya tienen asegurado el subsidio del 40% del salario mínimo para 532 mil empleados.

Así lo evidencia el primer corte de cuentas al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEFF), impulsado por el Gobierno para ayudar a la situación financiera de las empresas que enfrentan graves problemas de liquidez e ingresos por cuenta de la parálisis productiva derivada de la cuarentena nacional que fue decretada desde marzo para frenar la curva de contagios del Covid-19.

El cálculo que tenía el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es que este programa tuviera un costo de $2 billones por mes y, como sería por tres meses, la inversión total llegaría a $6 billones.

De acuerdo con la Unidad Especial de Gestión Pensional y contribuciones Parafiscales, que administra este plan y está adscrita al Ministerio de Hacienda, hasta ahora estas solicitudes empresariales comprenden recursos por $187 mil millones, pero se cree que con el correr de los días se vaya incrementando sustancialmente el volumen de las peticiones y de recursos.

Cabe recordar que este subsidio estará viviente por tres meses para la nómina de las empresas que hayan tenido una reducción del 20% en su facturación durante el mes de abril de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019.

Respaldo

Los gremios, como se sabe, respaldaron esta decisión adoptada por el Gobierno en el marco de la segunda Emergencia Económica. Por ejemplo, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) celebró el subsidio. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, lo calificó de “acierto del Gobierno” y empujón “para la subsistencia y supervivencia del sector empresarial”. Asimismo, resaltó el “esfuerzo del Ministerio de Hacienda” para aplazar hasta finales del 2020 el pago de la declaración de renta de mayo.

Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, consideró que esta es una de las mejores formas de defender el empleo de los trabajadores colombianos. “Apoyar la nómina por parte del Gobierno nacional en este porcentaje, es decir $350 mil mensuales, como soporte de un vital humanitario, va en el sentido correcto', dijo.

Agregó que “es lo que muchos países están haciendo y es la forma más efectiva de mantener el empleo, por cuanto permite a los trabajadores asegurar su ingreso y a los empresarios aliviar la carga de sostener trabajadores que no pueden laborar”.

Consideró que el apoyo también se hará extensivo a las grandes empresas, consideradas como de alto valor estratégico para el desarrollo de la economía nacional.

“Es muy importante el criterio que se definió en el decreto de Emergencia, en cuanto a identificar a las empresas en problemas y las que no están en dificultades. En este momento hay grandes empresas en problemas y cuyos empleos son estratégicos para toda la sociedad”, sostuvo.

Manifestó que “las medidas están encaminadas en el sentido correcto, porque aliviarán las cargas para las familias y para las empresas que viven este trance complejo que desató la pandemia del coronavirus”.

Cubrimiento

Según la norma, las personas naturales también pueden acceder a los beneficios del Programa, siempre y cuando empleen al menos tres personas. Esto permitirá proteger de manera adicional los puestos de trabajo de más de 486 mil colombianos y la supervivencia de más de 56 mil empresas, de acuerdo con información del Registro Mercantil de las Cámaras de Comercio.

Este programa permitirá a las personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, consorcios o uniones temporales, y personas naturales empleadoras, pagar los salarios de sus trabajadores, a través del aporte temporal del Gobierno.

Las entidades financieras han sido las encargadas de suministrar el formulario de postulación a los posibles beneficiarios del programa.

Asimismo, ayer se conoció que el Gobierno todavía no ha definido si este  programa se extiende también a las regiones, sobre todo a entidades territoriales, departamentos y municipios, como lo solicitó el Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible (Lides).

En carta enviada al presidente Iván Duque, Lides sostiene que “lo mínimo que pueden esperar los gobernadores y alcaldes es que se les dé el mismo trato que reciben las empresas privadas y que se les faciliten líneas de crédito subvencionadas como el PAEF, y que el crédito mismo tenga garantía por parte de la Nación y Findeter, que están llamadas a ofrecer esta posibilidad”.

Según Lides, las entidades territoriales se están viendo abocadas a una fuerte caída de sus recursos propios provenientes fundamentalmente del recaudo del impuesto al consumo de licores, cervezas y cigarrillos. A lo que se suma la suspensión del ingreso a departamentos y municipios por concepto del Sistema General de Participaciones (SGP), que representa el 47% de los ingresos totales, dado que su base de cálculo y liquidación son los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), golpeados por el coletazo de la pandemia.

Una afectación que se suma a la producida por la baja en los precios del carbón y del petróleo, que golpea directamente los ingresos de gobernaciones y alcaldías provenientes de las regalías. Incluso se afirma que los departamentos y municipios han sufrido impactos negativos mayores que los de las empresas privadas, pues no solo se han reducido sus ingresos, sino incrementado sus gastos. A lo que se adiciona el agravante de que es muy difícil hacer, en entidades públicas, los recortes de nómina que ha hecho el sector privado.

Llamado de los transportadores

El presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), José Yesid Rodríguez, hizo un llamado urgente al Gobierno para que se entreguen soluciones urgentes, como las del PAEF, que ayuden a resolver la crisis económica por la que atraviesa el 100% de las empresas del sector.

El dirigente gremial advirtió que, de lo contrario, es inminente la quiebra masiva de las empresas de transporte que generan en el país más de 200 mil empleos directos e indirectos.

“Por falta de operatividad, las empresas se verán obligadas a proceder a la suspensión de contratos laborales, teniendo en cuenta que no  se están percibiendo ingresos que permitan sostener nóminas, pago de parafiscales, arriendos, impuestos y demás obligaciones propias que implican tener empresa en Colombia”, puntualizó Rodríguez.